Ecuador implementa nuevas reglas para combatir el lavado de activos: ¿qué cambia?
La nueva normativa redefine los controles financieros y fortalece la coordinación estatal. Conoce los detalles
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) anunció la entrada en vigencia de un nuevo Reglamento a la Ley de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, emitido mediante el Decreto Ejecutivo 298. El documento fortalece el marco normativo y operativo del Estado frente a los flujos financieros ilícitos, según informó la entidad en un comunicado público.
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La normativa establece reglas más claras para los sujetos obligados y las autoridades competentes, y consolida instancias de coordinación interinstitucional, como el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos (CONCLAF) y sus comités especializados. Además, incorpora un enfoque basado en riesgos para optimizar la actuación del sistema nacional de control.
Nuevas obligaciones para sectores financieros y económicos
El reglamento también refuerza las responsabilidades de bancos y otros sectores económicos, con énfasis en la debida diligencia, la obligación de reportar señales de operaciones inusuales o injustificadas y la consolidación de la UAFE como entidad técnica especializada en inteligencia financiera.
Modernización de procesos internos y medidas administrativas
La normativa contempla, además, la modernización de procesos internos y medidas administrativas para mejorar la trazabilidad de fondos y la capacidad de respuesta del Estado.
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En paralelo, el CONCLAF aprobó el Plan Nacional de Acción Estratégico 2026–2030, que se convierte en la hoja de ruta del país para enfrentar el lavado de activos. Este plan parte de la Evaluación Nacional de Riesgos y se ejecutará mediante mesas técnicas de trabajo que se activarán de forma permanente.
El comunicado señala que tanto el nuevo reglamento como el plan estratégico están alineados con los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI), lo que busca fortalecer la capacidad del Estado para actuar en escenarios de amenaza de lavado de activos o financiamiento de delitos conexos.
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