Tensión comercial Ecuador-Colombia: impacto de la denuncia a Ecuador ante la CAN
Ecuador vuelve a recibir una denuncia ante la CAN. Esta vez la acción es por la tasa de seguridad del 30%
La decisión de Colombia de denunciar a Ecuador ante la Comunidad Andina (CAN) por la aplicación de tasa de seguridad del 30 % impuesta por el presidente Daniel Noboa a las importaciones colombianas abre un nuevo frente en la escalada comercial entre ambos países.
Esta medida, anunciada el 6 de enero de 2026, tras no lograr un consenso con autoridades ecuatorianas sobre este tema implicará que la imposición impuesta por Ecuador sea analizada en una instancia bilateral.
Daniel Legarda, consultor económico y exministro de Producción, Comercio Exterior, explicó que aunque aún no se conocen los argumentos formales de la denuncia, es previsible que Colombia sostenga que esta tasa constituye un gravamen prohibido por el artículo 73 del reglamento del Acuerdo de Cartagena. Esa norma, recordó, impide a los países miembros imponer gravámenes distintos a los aranceles sobre el comercio intrarregional, en el marco del programa de liberación comercial andino, que busca facilitar el intercambio comercial en la región.
De acuerdo con la normativa de la CAN, no solo están prohibidos los aranceles adicionales, sino también otros cargos que, sin ser impuestos internos, encarezcan el comercio entre países miembros. En este caso, la tasa aplicada por Ecuador desde el 1 de febrero de 2026 no está vinculada a la prestación de un servicio específico, lo que la convierte en un gravamen al comercio intrarregional, señaló Legarda.
Las tasas ofrecen una contraprestación de un servicio
A diferencia de tasas que sí tienen una contraprestación directa -como aquellas asociadas al movimiento de contenedores o a servicios estadísticos aduaneros-, la tasa de seguridad no esta ligada a un servicio concreto para importadores o exportadores. “Los servicios que el Gobierno ecuatoriano argumenta cubrir ya están contemplados dentro del Presupuesto General del Estado, por lo que no existe una relación directa entre el cobro y una prestación adicional al comercio”, refiere Legarda.
Por su parte, el gobierno de Ecuador ha referido que los recursos recaudados buscan fortalecer el control en la frontera, ante la falta de apoyo del país vecino. Sin embargo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro ha expresado que si ha tomado acciones.
El proceso en la CAN y los plazos
Una vez que la denuncia es formalmente presentada y conocida por la Secretaría General de la CAN, se inicia un proceso de investigación que incluye el requerimiento de información a las partes involucradas. Ese procedimiento contempla plazos mínimos, que pueden extenderse por varios meses.
Legarda estimó que una resolución podría tardar entre cuatro y seis meses, tomando como referencia precedentes anteriores. Durante este periodo, la Secretaría General recaba información, elabora informes técnicos, solicita pronunciamientos a los países involucrados y eleva el análisis a instancias jurídicas del organismo andino.
Existe además la posibilidad de que el país denunciante solicite la suspensión temporal de la medida mientras se desarrolla la investigación, aunque no es una práctica frecuente y dependerá de cómo se plantee el caso y del criterio de la Secretaría General.
El precedente de 2018
El conflicto tiene un antecedente directo. En 2018, durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno, Ecuador aplicó una tasa aduanera que también fue denunciada ante la CAN. En ese entonces, la Secretaría General determinó que la medida constituía un gravamen al comercio subregional y, por tanto, incumplía la normativa andina.
Esa resolución obligó a Ecuador a retirar la tasa y a devolver los valores recaudados a favor de Colombia y Perú, los principales socios comerciales en ese momento.
En este escenario, en el caso de no acatar una decisión de este tipo, los países afectados podrían estar habilitados a imponer aranceles a productos ecuatorianos en una magnitud equivalente al daño causado.
Por ello, la recomendación para las empresas es cumplir con los pagos exigidos y conservar toda la documentación de respaldo, con miras a una posible devolución futura.
“La tasa de seguridad aplicada por Ecuador es ilegal, con base en mi conocimiento de la normativa bilateral. Es un error mezclar objetivos de seguridad con medidas comerciales”, enfatiza Legarda y reitera que la afectación no se limita al país vecino, sino que recae directamente sobre productores y consumidores de ambas naciones.
Impacto comercial y sectores afectados
El escenario actual es considerado por el exministro como más adverso, debido a que Colombia ya anunció la entrada en vigencia de un arancel del 30 % para un listado de 73 subpartidas ecuatorianas. Estas medidas afectarían alrededor del 32 % de las exportaciones de Ecuador hacia Colombia, equivalentes a unos $300 millones, de un total cercano a $900 millones anuales.
Entre los productos incluidos en la lista constan arroz, aceite de palma, neumáticos, calzado de caucho, productos químicos y farmacéuticos, confites y chocolates.
Por su parte, Ecuador aplica un gravamen también del 30 % para las importaciones que provienen del vecino país. A esto se suma un aumento del 900 % de la tarifa de transporte de crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), que pasó de $3 a $30 por barril.
Mientras tanto, Colombia suspendió la venta de electricidad para Ecuador desde las 18:00 del 22 de enero de 2026, pese a que este suministro es clave para el sistema eléctrico ecuatoriano sobre todo en la época de estiaje.
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