Quinta revisión del FMI a Ecuador: qué metas evalúa y cuánto dinero hay en juego
Ecuador debe demostrar disciplina fiscal ante el FMI para acceder a un nuevo desembolso del acuerdo
Ecuador enfrenta una semana clave para sus finanzas públicas. El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) realiza en marzo de 2026 la quinta revisión del acuerdo de crédito bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF), un programa por $5.000 millones firmado en mayo de 2024 y vigente hasta 2028.
Si el país aprueba la evaluación, recibirá un desembolso de $400 millones, el primero del año. Desde que se suscribió el convenio, el Gobierno de Daniel Noboa ha recibido $3.330 millones en cuatro desembolsos previos.
El más reciente fue en diciembre de 2025, cuando el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó la cuarta revisión y liberó cerca de $630 millones. En aquella ocasión, el organismo destacó que Ecuador había cumplido todos los criterios cuantitativos de desempeño.
Sin embargo, esta quinta revisión llega en un contexto fiscal más exigente. El déficit cerró 2025 en $4.592 millones y el gasto público creció un 10% respecto al año anterior, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas.
¿Qué metas revisará el FMI?
David Pazmiño, coordinador de Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y especialista finanzas públicas, explicó que el FMI se enfoca en verificar el equilibrio entre ingresos y gastos del Estado. "Solo hay dos maneras de controlarlo: el aumento de ingresos o la reducción de gastos", señaló.
En términos concretos, el organismo evaluará si el Gobierno de Ecuador cumplió los compromisos pactados entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
El FMI revisará cuánto ingresó y cuánto gastó el Estado sin contar el petróleo, para verificar si las cuentas están en orden. También analizará el balance general del Presupuesto General del Estado (PGE) y lo que ocurre con la compra y venta de derivados de petróleo.
Pazmiño explicó que el Fondo además vigila que el Gobierno mantenga un nivel adecuado de depósitos en el Banco Central del Ecuador (BCE), es decir, que haya dinero disponible en caja para cubrir sus obligaciones. "Lo que se busca es que exista un equilibrio entre las exportaciones e importaciones del país", indicó. El organismo también revisa que el país no acumule deudas impagas con acreedores externos y que no se financie con emisión monetaria, algo que en dolarización tiene restricciones especiales.
En el plano estructural, Ecuador debía actualizar el Sistema Oficial de Contrataciones Públicas (SOCE) y aprobar un plan estratégico para mitigar riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, según el cronograma del acuerdo. Pazmiño añadió que el organismo también evalúa indicadores macroeconómicos como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los niveles de inflación y las reservas internacionales.
Los ajustes que sostienen el programa
Para cumplir con las exigencias del FMI, el Gobierno ha implementado una serie de medidas de ajuste fiscal desde 2024. Ese año, en medio de una crisis de seguridad, entró en vigencia la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica. Esta norma subió el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 13%, con facultad presidencial para elevarlo hasta el 15%. Noboa lo fijó en 15% desde abril de 2024 mediante decreto ejecutivo.
La misma ley creó la Contribución Temporal de Seguridad (CTS), un impuesto del 3,25% sobre las utilidades de las empresas, pagadero en 2024 y 2025. También estableció un tributo temporal sobre las utilidades de bancos y cooperativas, y elevó el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) al 5%.
En paralelo, en junio de 2024 comenzó a regir un sistema de bandas de precios para las gasolinas Extra y Ecopaís, con lo que el Estado redujo el gasto en subsidios a combustibles.
En 2025, el Gobierno mantuvo el IVA en 15% mediante el Decreto Ejecutivo 470 y las empresas realizaron el segundo pago de la CTS en marzo. Además, en agosto entró en vigencia la Ley Orgánica de Transparencia Social, que incorporó nuevas reformas tributarias, incluyendo un impuesto sobre utilidades no distribuidas y cambios en el régimen de dividendos. A estas medidas se sumaron incrementos en las retenciones del Impuesto a la Renta y ajustes en las tablas de renta para personas naturales.
También se aumentó en septiembre de 2025 el precio del diésel prémium, con el objetivo de reducir la asignación de subsidios.
"Una de las principales críticas a los presupuestos del Estado es que dependen mucho del petróleo. Es una variable que no la podemos manejar", advirtió Pazmiño. En contraste, los tributos son la única herramienta que el Gobierno puede gestionar para generar ingresos sostenibles.
Liquidez hoy, deuda mañana
Pazmiño fue enfático en señalar que los desembolsos del FMI aportan liquidez inmediata, pero generan compromisos de pago a largo plazo. "El país paga más de $7.000 millones en carga de la deuda y eso tiene su costo de oportunidad, porque esos recursos se dejan de invertir en proyectos sociales, sobre todo en salud y educación", dijo.
Ecuador es actualmente el tercer país que más dinero le debe al FMI en el mundo, solo detrás de Argentina y Ucrania, con una deuda que ronda los $9.500 millones. Los pagos al organismo comienzan a escalar: en 2026 deberá cancelar $1.090 millones solo en capital, en 2027 la cifra sube a $1.284 millones y en 2028 alcanzará los $1.413 millones. En total, entre 2026 y 2034, el país deberá pagar $11.661 millones entre capital e intereses.
Si la quinta revisión resulta favorable, quedarían pendientes cuatro evaluaciones adicionales y $1.265 millones por desembolsar hasta 2028. "Lo importante es volvernos un país atractivo para la inversión extranjera, pero que eso se capitalice. Las grandes economías crecen porque hay inversión extranjera directa que repercute en empleo y en el crecimiento económico del país", concluyó Pazmiño.
