Paro nacional Ecuador: Posible cierre de pozos petroleros preocupa al sector
La portavoz habló del audio filtrado que amenazaba tomar las instalaciones; la Conaie afirmó que la grabación fue manipulada.
La toma de pozos petroleros a propósito del paro nacional anunciado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) genera preocupación en el sector. Esta medida, que fue tomada en octubre de 2019 y junio de 2022, generó pérdidas económicas millonarias.
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Durante este 22 de septiembre de 2025, el único punto problemático identificado en las primeras horas estaba en Cayambe, en la provincia de Pichincha, refirió la portavoz del presidente Daniel Noboa, Carolina Jaramillo. Y, señaló que ante estos incidentes la fuerza pública tomó acciones. Lo propio hizo en la vía E35, ante un intento de cerrar esta carretera clave, que conecta las provincias de la Sierra.
La funcionaria mencionó que para el Gobierno es indispensable hacerse eco de que lo “necesita y exige el pueblo, que es trabajar y sacar adelante al país, al contrario de lo que algunos dirigentes quieren hacer en este momento”, dijo Jaramillo.
“Se filtraron unos audio durante el fin de semana donde lamentable se escuchaba a algunos dirigentes decir que quieren dejar sin alimentos, paralizar pozos petroleros y cometer algunos actos que están penados en el Codito Orgánico Integral Penal (COIP), añadió la portavoz.
La Conaie asegura que el audio fue manipulado con IA
El audio en cuestión, atribuido presuntamente a Marlon Vargas, presidente de la Conaie, fue difundido en redes sociales durante el fin de semana. Sin embargo, esta organización denunció que el audio que circula del representante de esta organización, “ha sido manipulado con IA y descontextualizado. Rechazamos estas maniobras mediáticas que buscan dividir al pueblo y desprestigiar a nuestros líderes”.
Aparte de esta acción, negada por las organizaciones sociales, el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 alertó este 22 de septiembre en la mañana cierres viales en Imbabura, Pichincha, Quito y Orellana. Este último se registraba en Aguarico, en el bloque 31 de Petroecuador.
Ante consultas sobre la situación en esta zona petrolera, la empresa pública Petroecuador informó que remitió las inquietudes al área pertinente y que en cuanto disponga de la información se hará llegar las respuestas.
Diario EXPRESO conoció que los eventos en esta zona son colaterales al paro porque las comunidades mantienen un conflicto con la petrolera estatal desde hace años atrás.
Aparte de este evento no se conoce de cierres o tomas de instalaciones petroleras en Ecuador, refirió Nelson Baldeón, consultor energético. Aunque debido a los eventos ocurridos ya en 2019 y 2022, cuando movimientos indígenas se tomaron estas facilidades, impidieron el paso de trabajadores y otros, existe temor en la industria que estas prácticas se repitan. “Petroecuador debe contar con planes de contingencia”
La toma de pozos petroleros fue una práctica recurrente en los paros nacionales, en Ecuador
La preocupación radica en que si esto vuelve a suceder la producción petrolera se podría reducir e incluso se podría poner en riesgo la exportación, afectando aún más a esta industria, que se encuentra ya golpeada. Además, la imagen del país en el exterior se vería afectada porque estos hechos evidencian que no hay seguridad en Ecuador, apuntó Baldeón.
En octubre de 2019, tras el anuncio de eliminación de subsidios a combustibles, se registraron ocupaciones de instalaciones en la Amazonía y cierres forzados de pozos en varios bloques. La producción nacional cayó cerca de 12 % (alrededor de 63.250 barriles por día) y hubo afectaciones logísticas en los sistemas de transporte.
Entonces, ese episodio provocó pérdidas y daños estimados en $ 821,7 millones.
Mientras tanto, en el paro nacional de junio de 2022, los bloqueos y tomas de instalaciones obligaron a declarar fuerza mayor en el sector. La interrupción derivó en una merma cercana a 2,4 millones de barriles frente a lo programado y un costo total aproximado de $ 1.115,4 millones (cerca de 1 % del PIB), de los cuales alrededor de $ 329,7 millones correspondieron directamente al sector petrolero.
Jaramillo detalló que la norma plantea que quien afecte la operación de instalaciones estratégicas, por ejemplo, puede recibir una pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
