Historia del IESS y Biess: Evolución de la seguridad social en Ecuador
La deuda estatal con el IESS asciende a $ 27.389 millones, con un déficit que pone en riesgo las pensiones futuras
La seguridad social ecuatoriana nació el 13 de marzo de 1928, cuando el presidente Isidro Ayora creó la Caja de Pensiones, una de las primeras de la región. La institución fue concebida para administrar un fondo independiente del Estado. Con el patrimonio que se recaudaba, se otorgaban jubilaciones, montepío civil y un fondo mortuorio, asegurando por primera vez una protección formal para empleados públicos, civiles y militares.
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La cobertura se amplió en 1935 con la Ley de Seguro Social Obligatorio, que incluyó a empleados públicos y privados. En 1937 se creó la Caja del Seguro de Empleados Privados y Obreros, incorporando el Seguro de Enfermedad.
En 1963, ambas cajas se fusionaron en la Caja Nacional del Seguro Social, y en 1970 se transformó en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en plena bonanza petrolera, lo que permitió ampliar hospitales y programas crediticios.
Los problemas surgieron en 1985, cuando el gobierno de León Febres Cordero suspendió el aporte estatal del 40% a las pensiones, generando la deuda que aún compromete la sostenibilidad del sistema.
El Seguro Social Campesino
En 1968, Ecuador emprendió una transformación social sin precedentes: llevar la seguridad social al campo. El 28 de agosto de ese año, el IESS lanzó el Plan Piloto del Seguro Social Campesino en cuatro comunidades rurales: Guabug en Chimborazo, Yanayacu en Imbabura, Palmar en Guayas y La Pila en Manabí.
Fabiola Cuvi Ortíz diseñó un modelo que resolvió el desafío de afiliar a trabajadores sin relación laboral tradicional. Su propuesta identificó a la comuna campesina como sujeto de afiliación.
El programa inició con 2.523 personas agrupadas en 611 familias. La respuesta fue extraordinaria: para 1981 se promulgó la Ley de Extensión del Seguro Social Campesino, institucionalizando su crecimiento. En 2006, el sistema cubría 175.000 afiliados con 670.000 beneficiarios.
La expansión continuó aceleradamente. Para 2016, el Seguro Social Campesino registraba 391.308 afiliados que, junto a sus familias, sumaban 1.227.734 beneficiarios. La infraestructura creció hasta 659 dispensarios distribuidos en las 24 provincias, atendidos por 744 médicos, 617 odontólogos y 753 auxiliares de enfermería.
El modelo de financiamiento combina aportes diferenciados de las familias rurales (actualmente $1.79 mensuales) con subsidios cruzados del sistema general y contribuciones estatales. A cambio, las familias reciben atención médica integral y, tras cumplir requisitos de edad y aportes, una pensión de como mínimo $100 mensuales, ajustada automáticamente con el salario básico.
El Seguro Social Campesino representa uno de los logros más significativos de la política social ecuatoriana. Sin embargo, su modelo de financiamiento subsidiado contribuye a la presión fiscal que enfrenta el sistema general.
BIESS: la apuesta que complicó las finanzas
La creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) en 2009 marcó un punto de inflexión en la gestión de los recursos previsionales. Inició operaciones el 8 de diciembre y abrió al público el 18 de octubre de 2010.
El BIESS nació con el objetivo de administrar de manera especializada los fondos de pensiones y ofrecer servicios financieros preferenciales a afiliados y jubilados. Como entidad pública con autonomía administrativa y financiera, asumió la gestión de los ahorros previsionales y el otorgamiento de créditos hipotecarios, quirografarios y prendarios.
Sus primeros resultados fueron significativos: alcanzó el 51% de participación en el mercado hipotecario ecuatoriano, ampliando el acceso a vivienda. Entre 2007 y 2018, la propiedad habitacional entre afiliados al seguro social aumentó cuatro puntos porcentuales, especialmente en los quintiles 2 y 3 de ingresos.
Para 2021, el banco proyectaba colocar $ 500 millones en préstamos hipotecarios, $150 millones en créditos prendarios y $2.800 millones en quirografarios, consolidándose como una de las principales entidades financieras del país.
Sin embargo, el modelo presenta vulnerabilidades. Los préstamos se financian con recursos originalmente destinados a pensiones futuras. El déficit del IESS ha forzado desinversiones recurrentes del BIESS, reduciendo su capacidad crediticia y comprometiendo la sostenibilidad del fondo previsional. Solo en 2025, el IESS proyecta retirar $1.261 millones para cubrir el déficit de pensiones.
Esta dinámica genera un círculo vicioso: menos dinero para préstamos, menor rentabilidad financiera y mayor presión sobre los fondos de pensiones. La crisis del IESS pone en riesgo tanto el pago a jubilados como la continuidad de los servicios crediticios del BIESS.
Las proyecciones demográficas y la deuda estatal acumulada configuran un escenario complejo. La decisión política sobre reformas estructurales en 2025 será clave para definir si las instituciones creadas hace casi un siglo podrán seguir protegiendo a las futuras generaciones de trabajadores.
