Ecuador: al agro le urge rescatar el servicio de almacenaje

La Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP) entró en liquidación el 19 de mayo de 2020 mediante el Decreto Ejecutivo 1062, dictado en plena emergencia sanitaria. Desde entonces, los plazos se han extendido sucesivamente, dejando vacíos en varios sectores agrícolas, que ningún otro ente cubrió: falta de manejo de reservas, pérdidas por falta de regulación en la comercialización y la urgencia de replantear el modelo de acopio estatal.

La UNA, reconocen los productores, nació con un rol central en la política agroalimentaria. Cuando inició operaciones, en 2013, contaba con 73 infraestructuras y activos valorados en 126 millones de dólares. Su sistema de silos tenía capacidad para 179 mil toneladas, distribuidas en Babahoyo, Ventanas, Quevedo, Daule y Portoviejo. En la práctica el modelo no se consolidó. Para el experto en Finanzas Abel De Fina, aunque buscaba corregir desequilibrios de negociación, la UNA presentó fallas estructurales sumadas a “decisiones políticas, nombramientos sin méritos y episodios de corrupción”, terminaron por volver insostenible el esquema.

Su desmantelamiento, sin una transición clara, dejó al país sin una arquitectura pública para regular mercados y sostener precios.

Sin poder comercial

En zonas arroceras como Daule el impacto es evidente. Enrique Ruíz, presidente de la Junta de Riego y Drenaje El Chayo, recuerda que antes vendían “a precio oficial” a la Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización (ENAC) y luego a la UNA. Las piladoras respetaban esos valores: “En la piladora pagaban $2 más del precio oficial”. Hoy, afirma, el equilibrio se perdió. “Los insumos están más caros y el arroz está barato, está a $24 o $26 las 225 libras”. El sector solicitó al Ministerio de Agricultura regular el precio: “Es mejor que hagan respetar el precio oficial, que entregar kits — con semillas, fertilizantes, abonos—. Yo sé que vale, pero no compensa casi nada”.

Francisco Santos, dirigente del Centro Agrícola de Daule, explica que con la UNA existían parámetros claros de clasificación del arroz: Bajo el esquema, la clasificación se hacía con parámetros definidos: “Bueno, tienes un poquito de humedad, un poquito de impureza, un poquito de arroz degenerado. Correcto, está calificado y pagando bien. El precio está bien”, sostiene Santos.

En cambio, hoy en día todo cambia.“Ese bulto que se supone tiene un valor de $36, se está bajando porque, en primer lugar por el peso no lo están recibiendo como es. Y segundo como se lo está calificando, dan a 24 o 23 dólares”.

Adriano Ubilla, desde la Asociación de Productores de Ciclo Corto, afirma que la falta de centros públicos de acopio vulnera la soberanía alimentaria, que exige capacidad estatal para almacenar y corregir distorsiones. Hoy, dice, “hay 0 capacidad de almacenamiento” y eso deja al país expuesto a fenómenos climáticos y tensiones externas. El Estado tampoco sabe cuánto guarda el sector privado.

Las cifras dimensionan el riesgo: solo en arroz se necesitan 70.000 toneladas mensuales para la demanda nacional, y en maíz 114.000 para la industria de proteína animal.

Ubilla recuerda que la UNA también regulaba insumos, incluidos bioinsumos, lo que evitaba picos como los que genera el sector cacaotero.

Frente a este escenario, el gremio plantea habilitar tres plantas públicas de secado y almacenamiento, cada una con una capacidad mínima de 20.000 toneladas. Propone una planta en Daule, que concentraría la producción de Manabí y Guayas y abastecería a zonas de alta demanda como Manta, Guayaquil y Cuenca; otra en Babahoyo, para servir al corredor central que integra provincias como Los Ríos, Bolívar, Santo Domingo y Esmeraldas; y una tercera en Manabí, principal productora de maíz y proteína animal que también abastecen a la Sierra donde se genera leche, granos y otros alimentos estratégicos. Ubilla afirma que la propuesta ya fue presentada a las autoridades.

Mercado andino

La experiencia andina fue distinta, pero igual problemática. Juan Carlos Acosta, de la Asociación Agropecuaria de Píntag, recuerda la expectativa generada cuando la UNA abrió bodegas en Calderón para recibir quinua. Él y su padre sembraron entre 40 a 50 hectáreas. Tras tres entregas, la UNA les comunicó que dejaría de comprar a particulares “porque no había dinero”, pese a que el Ministerio de Agricultura había impulsado la siembra garantizando compras. Acosta quedó con más de 1.100 sacos sin comprador y las asociaciones que tenía prioridad para comercializar ofrecían $50, muy por debajo de los $115 iniciales: “quebramos, en la sierra nunca hubo un aliado estratégico”.

En la leche, agrega, la dinámica es similar. Aunque Píntag produce 45.000 litros diarios, “esa conexión UNA–productor nunca existió”. La comercialización quedó en manos de intermediarios informales —los piqueros— y centros de acopio particulares que pagan poco. Aunque como asociación venden a la industria a 51 cts., la informalidad empuja los precios a 42–43 cts. “No existe control efectivo de Agrocalidad ni ARCSA”, denuncia. Para Acosta, la institución que reemplace a la UNA debería enfocarse en centros de desarrollo pecuario que también funcionen como acopios localizados, con técnicos capacitados y reglas claras que protejan al productor.

De Fina: “El almacenamiento es una idea mal implementada”

De Fina detalla que el problema del almacenamiento en Ecuador no es conceptual sino de implementación.“El almacenamiento es una idea mal implementada”, afirma. La UNA acumulaba producto, pero no resolvía el desfase entre tiempos de producción y consumo ni fortalecía el poder de negociación del productor. Además, “no podía vender por debajo del precio al que compraba”, lo que la dejaba fuera del sistema comercial. La consecuencia: producto estancado, deterioro y pérdidas. 

Advierte que no todos los cultivos requieren la misma intervención. En maíz, donde existe precio de sustentación y obligación para industriales de comprar producción nacional, la UNA no era necesaria, pero sí “medidas de carácter temporal hasta que se solucione la imperfección de mercado”, sostiene De Fina. En arroz, en cambio, sí se justifican modelos público–privados. Y algunos cultivos andinos podrían beneficiarse de acopios bien gestionados.

Su propuesta es que el Estado financie la infraestructura, pero que la administración quede en manos privadas competentes. “No basta almacenar; hay que asegurar la comercialización”, señala el experto

Proceso de liquidación sin transparencia

La Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP) entró en liquidación el 19 de mayo de 2020. Desde entonces, los plazos se han extendido sucesivamente con los Decretos 108, 492 y 778, sin que el proceso concluyera. En 2025, el Decreto 621 estableció que si la liquidación no terminaba en 24 meses, el liquidador debía justificar una nueva ampliación. El informe presentado al 31 de mayo de 2025 recomendó extender el plazo hasta el 31 de diciembre de este año. El mismo decreto fijó que el Ministerio de Agricultura debía facilitar la transferencia de activos y pasivos, y que además detalla que la misma cartera de estado presidía el directorio de la empresa pública en liquidación.

Sin embargo, la información oficial es difusa. El Ministerio de Agricultura respondió a EXPRESO que “no tiene competencia porque está en liquidación” y remitió al liquidador Luis Hernández, quien afirmó no ocupar ya el cargo desde mayo de 2024. Ante una nueva consulta, la cartera de Estado señaló no saber quién lleva actualmente la liquidación. Tampoco ofrecieron vocería sobre planes de acopio ni regulación de precios debido a “salida de autoridades”.

Mientras tanto, la situación se agrava por la pérdida de infraestructura antes estatal. El exliquidador Hernández detalla que las plantas de Daule, Portoviejo y Quevedo pasaron a manos privadas por una decisión judicial derivada de un acuerdo reparatorio entre la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) y la administración de la UNA de ese entonces. La ULEAM luego cedió el derecho litigioso a TRINA S.A., y el juez “calificó ese traspaso”.

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