La Contraloría General determinó sanciones para ex funcionarios de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), que laboraron entre noviembre de 2018 y julio de 2019. Se tratan del gerente general y su subrogante, administradores de contratos, gerentes técnicos de mercadeo y comercialización; directores de comercialización de productos y servicios agrícolas; miembros del comité de ventas anticipadas; compradores de arroz, etc.

Los exfuncionarios fueron los encargados de suscribir contratos de compraventa de arroz en los que hubo irregularidades. Por ejemplo autorizaron “despachos de arroz sin facturación, pagos no autorizados de transporte del producto, incumplimientos contractuales y ventas a precios inferiores a los establecidos”, indicó la Contraloría este martes 7 de febrero de 2023.

El organismo de control confirmó responsabilidades civiles que suman $5 '061.865. La glosa por el monto más alto es de $3 '244.113 “y se determinó debido a que los administradores de los contratos autorizaron la entrega del producto a los compradores sin verificar que esté facturado y pagado, conforme el cronograma contractual. Esto causó que no se cobren los dividendos de acuerdo a las tablas de amortización”, agregó la entidad.

Auditoría también advirtió que en diez contratos de compra venta de arroz paddy el gerente general de la UNA estableció un precio inferior al oficial. El funcionario justificó la decisión argumentando que en los sacos de 200 libras se detectó humedad e impurezas, lo que fue aprobado por los Miembros del Comité de Ventas Anticipadas a Plazos.

La resolución confirma la responsabilidad civil por no respetar la fijación de precios por $ 822.555 y otra glosa por $ 780.733, por no aplicar las multas, ante el incumplimiento de los plazos contractuales por parte de los exportadores.

“Además, se identificaron pérdidas económicas por el transporte del arroz a los centros de acopio de los compradores. La empresa pública asumió el valor del traslado, incumpliendo lo dispuesto en el Reglamento de venta de bienes y servicios de la UNA. La normativa señala que los contratistas deben asumir ese rubro, omisión que derivó en otra glosa de $ 214.464”, finaliza la entidad.