Daniel Noboa anuncia que Ecuador demandó a Progen en Estados Unidos

Un año después de que venza el plazo previsto para que Progen instale 150 megavatios en las centrales térmicas Quevedo y Salitral, el presidente de Ecuador Daniel Noboa informó este 16 de diciembre de 2025 en sus redes sociales que dispuso que el Estado ecuatoriano presente una demanda en contra de esta empresa en Estados Unidos. “Ayer se presentó”, escribió en su publicación.

En el mismo mensaje, Noboa señaló que el tema “ha generado preocupación a muchos ecuatorianos” y afirmó que su decisión es “acudir a todas las instancias, hasta que exista reparación integral”, según consta en el texto difundido.

En la publicación se adjunta una imagen de un documento judicial que corresponde a una “Complaint and Demand for Jury Trial” presentada en The United States District Court for the Middle District of Florida, Tampa Division.

En el encabezado del documento se identifica como demandante a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y, entre los demandados, se menciona a Progen Industries LLC, además de otras compañías y personas listadas en la carátula del proceso.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, mediante su cuenta de X agregó que este recurso se presentó bajo la ley Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO, por sus siglas en inglés). Además, la funcionaria recordó que esta norma fue creada en 1970.

“Procedimos a demandar, una conducta penal con indemnización”, enfatizó la ministra y señaló que esta “ley es para sistemas de corrupción criminales y se puede solicitar triple indemnización”.

¿Por qué demandó Ecuador a Progen en Estados Unidos?

De acuerdo con la demanda presentada por el Ecuador en Estados Unidos, a la que accedió Diario EXPRESO, este recurso en contra de Progen se presentó por presunto fraude y daños al Estado ecuatoriano.

El escrito sostiene que hubo un esquema para aprovechar una crisis nacional y extraer cerca de $110 millones, mediante documentos falsos/forjados (sham paperwork), sin entregar equipos útiles a Ecuador.

"Las acciones de los demandados incluyeron la falsificación de documentos, la creación de documentación simulada y la realización de numerosas tergiversaciones materiales para obtener contratos valiosos del Gobierno del Ecuador y extraer casi $110 millones. Los demandados se han apropiado de los fondos y no han entregado nada de valor al Ecuador", refiere el escrito.

Progen debía poner en marcha dos centrales térmicas

Progen fue contratada por el Gobierno actual, en agosto de 2024, en medio de la crisis eléctrica. La entidad a cargo de este proceso fue la Unidad de Negocios Termopichincha, por delegación de la Celec.

El objetivo era instalar 150 megavatios (MW): 100 MW en Salitral y 50 MW en Quevedo III. Según los contratos, Quevedo III debió haber iniciado sus operaciones en noviembre de 2024 y Salitral en diciembre pasado. Desde entonces ha transcurrido ya más de un año y las plantas siguen inconclusas.

Actualmente, las obras en estas plantas se encuentran detenidas, luego de que la Celec decidió entre finales de mayo e inicios de junio de 2025 terminar los contratos con la firma estadounidense, por supuestos incumplimientos en los plazos. Progen, en respuesta, planteó un arbitraje de emergencia en contra de la Celec, que resolvió en julio de 2025 en favor del Estado ecuatoriano.

La entidad estatal presentó también ante la Fiscalía de Ecuador una denuncia por presunta estafa en contra de la empresa Progen. Esta acción se sumó a la iniciada por la Contraloría General del Estado (CGE), luego de hallar indicios penales en un examen especial -publicado el 21 de julio de 2025- que evidenció, entre otros, que los motores importados por esta compañía no eran nuevos, pese a que en los contratos se solicitó que tengan “cero horas” de operación. 

Además, se advirtió que hubo deficiencias en la evaluación y adjudicación de estos contratos, porque no se comprobó la veracidad de la información técnica presentada por Progen, ni la existencia ni la certificación de los equipos ofertados.

Estos contratos, según Contraloría, generaron un perjuicio económico que se estima en alrededor de $100 millones.

Pese a no haber recibido estas obras, el Gobierno de Ecuador canceló ya alrededor del 65 % del monto contratado en total. Es decir de $149,1 millones, el Estado pagó ya $97,4 millones, según las transferencias internacionales realizadas por el Banco Central del Ecuador.

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