¿Compensaciones del Gobierno por retiro del subsidio del diésel son suficientes?
El retiro del subsidio enfrenta al Gobierno con el desafío de sostener la medida sin provocar tensiones sociales
El anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la eliminación del subsidio al diésel, vigente desde el 12 de septiembre de 2025, abrió un nuevo capítulo en la política económica del país. La medida, que representaba un gasto fiscal anual cercano a los $ 1.100 millones, busca redirigir esos recursos hacia programas sociales y productivos. Sin embargo, la pregunta que se impone en el debate público es si las compensaciones anunciadas bastarán para mitigar el impacto en los sectores más afectados.
De acuerdo con la disposición oficial, el precio del galón de diésel para el segmento automotriz pasó de $ 1,80 a $ 2,80 y se mantendrá así hasta diciembre, cuando entrará en vigencia un mecanismo de estabilización de precios. El argumento central del Ejecutivo es que buena parte del subsidio estaba siendo aprovechado por actividades como el contrabando y la minería ilegal, y no necesariamente por quienes realmente lo requerían.
El reto tras eliminar el subsidio al diésel: compensaciones bajo la lupa
Para enfrentar el descontento social y económico que la medida podía generar, el Gobierno presentó un paquete de 18 acciones de compensación. Entre ellas, una de las más relevantes es la transferencia directa a 23.300 choferes de transporte de pasajeros, quienes recibirán entre $ 400 y $ 1.000 mensuales, con una inversión total estimada de $ 220 millones. También se contempla una ayuda temporal de tres meses al transporte comercial, incluido el de carga pesada, mixto, escolar y turístico, aunque aún no se han detallado los montos exactos.
Las autoridades han prometido que el precio del pasaje en el transporte público no subirá, una decisión que pretende evitar una reacción inmediata de la ciudadanía frente al alza del combustible. Además, parte del ahorro fiscal se destinará a ampliar los bonos sociales, acelerar devoluciones de impuestos a personas de la tercera edad y fortalecer programas de apoyo a pequeños agricultores con insumos y equipos de trabajo.
No obstante, los plazos cortos de algunas compensaciones despiertan dudas. El transporte público tendría coberturas de hasta ocho meses, mientras que el transporte comercial solo por tres. "El riesgo es que, pasada la ayuda temporal, los costos adicionales del combustible se trasladen a los precios finales de bienes y servicios, provocando una presión inflacionaria que golpee a los hogares más vulnerables", asegura el economista Hernán Cevallos.
Choferes y economistas cuestionan si la ayuda por retiro del subsidio es suficiente
Entre los directamente afectados, la preocupación es evidente. “Nosotros sentimos el golpe todos los días; el bono ayuda, pero no cubre lo que realmente representa el incremento en el costo del diésel. A la larga vamos a terminar ajustando nuestros bolsillos o subiendo tarifas”, expresó Carlos Anchundia, chofer de transporte interprovincial. Su testimonio refleja la incertidumbre que se vive en un sector que depende totalmente del combustible para sostener su actividad.
Desde la academia también surgen observaciones. Para Juan Manuel García, economista y catedrático, las compensaciones son un alivio inmediato pero no una solución estructural: “Son suficientes a corto plazo. Pero deben pensar en municipalizar el transporte masivo urbano y así bajar más los costos del transporte público. Luego deben liberar la libre importación de llantas, aceites y repuestos, ahora solo está abierta para llantas, e incentivar que en Ecuador se fabriquen carrocerías”. Sus palabras apuntan a la necesidad de aprovechar la coyuntura para reformar de fondo el sistema de transporte y su cadena de costos.
