Plan agrícola: tractores, bonos y créditos para mitigar impacto del diésel en el agro

Desde el 13 de septiembre de 2025, el galón de diésel en el Ecuador pasó de 1,80 a 2,80 dólares, tras la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio a este combustible. La medida, que busca corregir distorsiones históricas y frenar el desvío de recursos hacia el crimen organizado, ha generado preocupación en los hogares y en los sectores productivos, especialmente en la agricultura.

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En entrevista con Teleamazonas, la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, aseguró que la eliminación del subsidio viene acompañada de 18 medidas de compensación, con un enfoque en los grupos más vulnerables.

Uno de los ejes principales es el apoyo directo al sector agrícola, considerado estratégico para la seguridad alimentaria y la generación de empleo rural.

“Muchos agricultores no tienen tractores propios, sino que los alquilan dentro de sus asociaciones. Por eso hemos decidido entregar 1.200 tractores de mediana y alta gama, con un presupuesto de 81 millones de dólares. Es la primera vez que se hace una entrega de este nivel en el país”, explicó la ministra.

Agregó que se van a entregar 200 tractores de los 1.200 y que serán entregados a las asociaciones de agricultura, ya se han hecho el trámite para importar el resto de la maquinaria.

El plan prevé que el Ministerio de Agricultura priorice a las asociaciones que recibirán los equipos, de manera progresiva, en las zonas productivas más necesitadas.

Un bono para 100.000 agricultores en situación de pobreza

Además, se anunció un bono agrícola de 1.000 dólares dirigido a 100.000 agricultores identificados en situación de pobreza, a través del cruce del registro social y el registro de agricultura familiar y campesina. El objetivo es que estos recursos se destinen a la compra de herramientas de trabajo y a reducir la dependencia del alquiler de maquinaria.

El paquete también incluye un programa de créditos productivos con condiciones preferenciales. Los agricultores podrán acceder a préstamos con tasas de interés alrededor del 7 %, mientras que para transportistas se ofrecerán líneas cercanas al 9 %, a fin de renovar flotas y maquinaria con mayor eficiencia en el consumo de combustible.

Según Moya, este esquema busca transformar el subsidio en crédito productivo y equipamiento real, de forma que el beneficio llegue directamente al pequeño productor y no se diluya en intermediarios.

La ministra defendió la medida como un cambio estructural

“Los recursos del subsidio ya no van a pocas manos, ni a redes ilegales. Ahora se convierten en herramientas de trabajo para los agricultores en situación de pobreza y en protección social para las familias más vulnerables”.

Respecto a la posibilidad de futuros recortes en otros subsidios, la ministra fue tajante: el gas de uso doméstico no será tocado. “Ese subsidio es intocable porque protege directamente el consumo de los hogares”, subrayó.

Aunque el Gobierno sostiene que se trata de un plan integral de redistribución, las reacciones en el sector social son mixtas. Mientras el sector productivo ha mostrado apertura, otros gremios han pedido la derogatoria de la medida por el impacto inmediato en el costo de vida.

Por ahora, el Ejecutivo asegura que los pagos ya han comenzado y que hará seguimiento en territorio para garantizar que los incentivos lleguen a quienes realmente los necesitan.

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