Delincuencia en Ecuador debilita el respeto al uniforme policial

La noche del 7 de enero de 2026, un comando integrado por entre diez y doce hombres ingresó a la exclusiva Isla Mocolí, en Samborondón, vestido con uniformes similares a los de la Fuerza Pública. Tras maniatar a los guardias y vulnerar los controles de acceso, ejecutaron a tres personas (entre ellas Stalin Rolando Olivero Vargas, alias ‘Marino’, señalado como cabecilla del grupo criminal Los Lagartos) en una cancha del Mocolí Golf Club.

(Te puede interesar: Jhon Reimberg admite debilidad en Policía y FF.AA. y anuncia refuerzo de personal)

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia: una operación rápida, táctica y coordinada, con uso de camuflaje y una retirada sin obstáculos. La indumentaria institucional funcionó como una llave maestra.

El hecho no fue aislado. En las últimas semanas de 2025 y los primeros días de 2026 se denunciaron asaltos y homicidios cometidos por falsos policías o militares en Guayaquil, Durán, Naranjal y Manabí. En varios de esos operativos se incautaron uniformes falsificados y se abrieron investigaciones regionales por el uso criminal de prendas oficiales.

En Quito y Guayaquil operan tiendas formales e informales (algunas ubicadas incluso cerca de cuarteles) donde se comercializan camisas, pantalones, chalecos, insignias y gorras con logotipos institucionales.

Se necesita ley que regule la venta, dicen expertos

En la práctica, no existe una ley específica que regule su venta. En ciertos locales se exige credencial como medida de “precaución”, pero en otros la comercialización es libre o se realiza por internet. Un uniforme operativo completo puede adquirirse entre 200 y 300 dólares, mientras que piezas de camuflaje se ofrecen desde 48 o 55 dólares. 

(Te invitamos a leer: Operativo de la Policía y Fiscalía descubre presunta red de corrupción en la ANT)

“Lo que hace que el uniforme pierda su valor es que no existe un reglamento para la venta y fabricación de estos uniformes. Últimamente se venden en cualquier lugar. No hay control ni registro. Si usted va a comprar uniformes policiales, ni siquiera le piden identificación: simplemente los venden, en la cantidad y forma que usted desee”, explica una fuente policial que pidió mantener su identidad en reserva.  

A esta falta de regulación se suma otro factor: la dotación incompleta dentro de las propias instituciones. Muchos agentes deben adquirir por su cuenta parte de su uniforme, lo que alimenta un circuito comercial que también abastece a civiles. 

Comerciantes y policías reconocen esta realidad. El Estado no controla de forma integral la producción y venta, ni ha implementado de manera masiva los sistemas prometidos de trazabilidad mediante chips o códigos QR.

La imitación también alcanza a los patrones de conducta de policías

“Estos comercios han ido creciendo, porque antes los únicos autorizados para distribuir uniformes policiales eran las empresas que nos daban la dotación. Ahora cualquiera los puede fabricar y vender sin ningún tipo de control”, añade la misma fuente. El uniforme simboliza autoridad y confianza. Cuando ese símbolo se degrada (por la venta sin control, las falsificaciones y la usurpación de funciones) la ciudadanía pierde referentes claros.

Especialistas advierten que no solo se copia la prenda, sino también los patrones de conducta: retenes, requisas y allanamientos simulados sirven para engañar y someter a las víctimas. Carlos Patiño, analista en seguridad, sostiene que el problema va más allá de la tela: “se ha copiado la conducta policial y militar”, y además existen miembros de las fuerzas del orden incrustados en estructuras delictivas.

El resultado es una vulnerabilidad sistémica y un deterioro profundo de la confianza pública. La masacre de Isla Mocolí lo evidenció con crudeza: los atacantes ingresaron como supuestos “oficiales” y ejecutaron un ataque en cuestión de minutos. En otros episodios, falsos operativos sirvieron para asaltar urbanizaciones, supuestos allanamientos derivaron en robos millonarios y sicarios utilizaron camuflaje en masacres en Durán y Manta. La prenda dejó de ser garantía de protección y se convirtió en una herramienta del crimen.

Patiño subraya que la ausencia de control sobre la producción y comercialización de uniformes debería considerarse un agravante grave en el COIP, y que la trazabilidad de prendas e insignias es clave para diferenciar al agente real del impostor.

(Sigue leyendo:  Ecuador abre plataforma de Inteligencia marítima: ¿Cómo funcionará?)

Casos judiciales revelan una dimensión aún más preocupante: redes con policías en servicio activo que simulaban allanamientos para robar y extorsionar. Esa infiltración no solo destruye la confianza, sino que multiplica la capacidad criminal al añadir información privilegiada y logística a la apariencia institucional. 

Un ciudadano que prefirió mantener su identidad en reserva expresó que, actualmente, la presencia de personas usando uniforme policial o militar no le genera seguridad, pues considera que no siempre es posible distinguir si se trata de agentes reales o de delincuentes que se hacen pasar por ellos. Añadió que, en su opinión, “el sistema de seguridad del país es corrupto y que muchos de sus integrantes buscan beneficiarse económicamente mediante cualquier vía rápida”.

Mientras un civil pueda adquirir —o falsificar— una imagen oficial y montar un “operativo” sin mayor riesgo penal, la dinámica del delito seguirá favoreciendo la simulación: se ingresa sin resistencia, se impone autoridad percibida y se huye con ventaja logística. Esa asimetría explica parte del incremento de sicariatos, robos y extorsiones cometidos por falsos uniformados.

Otro ciudadano explica que  la facilidad con la que los delincuentes acceden a estas prendas debilita el respeto por las instituciones y pone en riesgo a la población, que ya no sabe en quién confiar. “Nosotros consideramos urgente que el Estado regule estrictamente la fabricación y venta de uniformes oficiales, sancione a quienes los comercializan ilegalmente y refuerce los controles sobre su uso”. Mientras la situación continúe, la delincuencia seguirá aprovechándose del engaño para cometer delitos, aumentando la sensación de inseguridad y vulnerabilidad en el país.

“Los uniformes más fáciles de fabricar son de los motorizados o los miembros del departamento de inteligencia por la sencillez”, señala el policía.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ