Roberto Aguilar | La política de no hacer olas

La única política pública que las autoridades parecen mantener de manera consistente es la política de no hacer olas: callar como si no fuera con ellos cuando se les señala errores, hacerse los desentendidos cuando se les acusa de cometer barbaridades.

Hubo un tiempo en que los políticos no eludían polémica alguna.

No podía un periódico publicar la noticia de que tal o cual calle de Guayaquil llevaba demasiado tiempo con demasiados baches, por ejemplo, sin que el alcalde León Febres-Cordero saliera al quite para romper una lanza en defensa de su Dirección de Obras Públicas. Lo hacía a través de extensas cartas dirigidas al periódico en cuestión. Cartas que no negaban la realidad innegable (la existencia de los baches) pero la problematizaban: sí, hay baches, pero es que el presupuesto tal cosa; sí, hay baches, pero es que el gobierno tal otra… Así, lo que empezaba como una crítica a su gestión terminaba convertido en un debate político.

Y estamos hablando de baches.

Hoy un periódico puede publicar que sobre tal autoridad se tejen fundadas sospechas de enriquecimiento ilícito, por ejemplo; o que tal otra está hundida hasta las orejas en un obsceno escándalo de tráfico de tierras, lleno de detalles vergonzosos y hasta con un periodista asesinado de por medio… O como en el caso de Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, funcionario que debe explicaciones sobre su patrimonio, pues según sus propias declaraciones juramentadas resulta que ha amasado un millón de dólares desde que trabaja en ese organismo.

Implicaciones gravísimas, como se ve.

¿Cuál ha sido su respuesta? En todos esos casos, la misma: cri-cri-cri… Silencio elocuente que permite suponer lo peor.

Callan y no paran. Fantoni sigue adelante con el proceso para elegir fiscal general: un concurso tan groseramente tramposo y manipulado, tan evidentemente dirigido a la designación de un fiscal de bolsillo para Carondelet que no hay colegio de abogados ni facultad de Derecho ni jurista de probidad notoria en este país que no haya expresado su repudio.

Pero lo mismo que en el caso de su inexplicable millón de dólares, Fantoni se hace el desentendido, con fidelidad perruna hacia el proyecto del Gobierno: con semejante rabo de paja no le queda de otra.

Pero además hay otras cosas: Cynthia Gellibert acaba de asumir la dirección de Inmobiliar, entidad que administra los bienes del Estado. Bienes, por ejemplo, como los terrenos que fueron donados al Municipio de Santa Elena para que el alcalde de ese entonces, el hoy asambleísta Otto Vera, los termine vendiendo a una empresa camaronera por un doscientosavo de su precio real, como también lo publicó este Diario sin que el aludido se diera por ídem. Qué coincidencia: justo el cantón de al lado de aquel (La Libertad) en el que se produjo el otro caso de tráfico de tierras antes aludido.

Es lo único que las autoridades del Gobierno tienen claro: hay que callar y no hacer olas.