Crisis judicial: el poder decide el camino a seguir en Ecuador

Se cumple un mes desde la revelación que dejó atónito al país, tras conocerse que desde el interior del Consejo de la Judicatura (CJ) se presionaba a jueces para que inclinen sus fallos a favor de delincuentes. 

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La táctica, aparentemente, consistía en abordar al magistrado, tratar de lograr un encuentro personal y hasta amenazarlo. El plan oscuro quedó expuesto tras la renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien habría sido contactado por Henry Gaibor, entonces director provincial de la Judicatura de Pichincha. El objetivo: que considere fallar a favor del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, procesado en el caso Euro 2024.

En los audios, que ahora investiga la Fiscalía, el ahora exfuncionario habría manifestado al juez: “Que le ponga atención, que es una defensa muy particular”. Hubo insistencia para lograr el pedido y luego incluso se buscó atemorizar al tribunal del caso: un auto con cilindros de gas apareció en los exteriores del Complejo Judicial de Quito, fuera de los despachos de los magistrados. Sin embargo, Serrano hizo su trabajo, sentenció al narcotraficante y fue ahí cuando escalaron los amedrentamientos. 

En la audiencia de juicio, el procesado pasó su dedo índice por su cuello en un gesto de amenaza de muerte y, posteriormente, se le retiró la seguridad al juez. La situación lo obligó a renunciar y salir del país para precautelar su vida. Pero, lejos de recibir el respaldo de las autoridades y del Gobierno, que hablan de la lucha contra el crimen organizado, le dieron la espalda.

Pedidos de renuncia en la Judicatura y en la Corte Nacional de Justicia

Este caso de intimidación y presión al juez generó un escándalo de tal magnitud que, el mismo día en que aparecieron los audios, Gaibor renunció. Además, gremios y especialistas judiciales solicitaron públicamente que Mario Godoy deje la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) y también que José Suing, titular de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dimita. Solo el juez dejó el cargo. Godoy se ha negado a apartarse y ahora enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional.

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La gravedad de la situación del sistema judicial también es observada a nivel internacional. Úrsula Indacochea, constitucionalista peruana y miembro de la Fundación para el Debido Proceso, señala que el caso del juez Serrano “es síntoma de una crisis más grave y más grande en otros espacios estatales, porque revela que no hay una estrategia de país para combatir al crimen organizado”.

La experta, también integrante de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, explica que, normalmente, cuando el crimen organizado busca impunidad, corrompe. Pero, si no lo logra, emplea la violencia. Considera que, en el caso de Ecuador, “quizá ha permeado tanto que comienza a colocar a integrantes de su red en la Judicatura y, con ello, la violencia baja, pero la corrupción aumenta”.

Para Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UISEK, la situación actual es el resultado de una “costumbre de haber entendido a la Función Judicial (FJ) como una base de trabajo de negociación política”, pero agravada por haber designado como titulares de las instituciones “a personas débiles en cuanto a ética, es decir, manipulables, porque si hay un colegiado fuerte, no pueden hacer esas artimañas. Si la cabeza está podrida, todo hacia abajo se pudre más”.

El constitucionalista Salim Zaidán coincide con ese criterio. “Hay poca firmeza en las autoridades para no permitir que afecten la independencia judicial; hay mucha presión política”. Cree que, aunque hubo muchos cambios en la Judicatura, la Corte y la Fiscalía, “ninguno ha sido para aspirar a una transformación o depuración de la justicia. Tal vez, el que da esperanza es el nombramiento de Marco Rodríguez (nuevo presidente de la CNJ), por su trayectoria y porque se solidarizó con el juez Serrano”.

Aunque el escenario es crítico y desalentador, los constitucionalistas sostienen que existen salidas que podrían aliviar la crisis y mantener la lucha contra el crimen organizado.

Acciones urgentes

Para Ron, una medida prioritaria sería estabilizar la Judicatura para que los intereses políticos se dejen de lado. “Es muy duro, pero se lograría con veeduría internacional y, a este punto, declarar en emergencia a la Función Judicial”. 

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Argumenta que eso permitiría una intervención económica y ejecutar distintos procesos: depuración de tribunales y operadores de justicia, con exámenes patrimoniales desde la Contraloría para auditar a los 3.000 funcionarios judiciales; definir un esquema de habilitación profesional que permita evaluar a trabajadores judiciales y abogados en conocimientos, como sucede en medicina; y establecer una coordinación real con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). “La Judicatura puede firmar un convenio con esa entidad para que observe los movimientos irregulares de las cuentas de abogados. Son procesos que pueden demorar, pero que van a asustar a los corruptos”, opina.

Política Pública

La situación actual no es un fenómeno aislado, por lo que las medidas deben ser parte de una estrategia integral de seguridad que vaya más allá de la Judicatura y enfrente al crimen organizado como un sistema. 

“Primero se debe comprender cuáles son las jerarquías, analizar el contexto de cómo opera en el territorio e influye en los sistemas de justicia o si estos están redirigidos a algún circuito judicial. Con base en ese diagnóstico, se debería reorganizar el sistema de justicia para crear salas especializadas con apoyo forense”, sugiere Indacochea. 

Ella recuerda que existen experiencias como la rotación de jueces para realizar audiencias en salas especiales, donde los procesados no puedan interactuar con el personal judicial, y el diseño de medidas de seguridad para resguardar la integridad y la vida de los juzgadores. “Un ejemplo fue la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, que tiene un análisis de riesgo con mucha experiencia”, señala.

El diseño de políticas públicas permitiría una coordinación efectiva entre los organismos de la Función Judicial para combatir al crimen organizado y depurar sus instituciones, indica Zaidán. “Hay mucha contaminación e infiltración, sobre todo en el sistema penal y constitucional, donde se ha garantizado la impunidad de integrantes del crimen organizado, porque evaden a la justicia con acciones constitucionales”.

Reformas legales

Los expertos coinciden en que las soluciones requieren cambios legales que permitan ajustes estructurales. En ese sentido, se plantean reformas a la Constitución, entre ellas, suprimir o retirar la competencia disciplinaria de la Judicatura. “Hemos visto que esa potestad se utiliza para interferir en la actividad jurisdiccional y afectar el principio de independencia judicial interna; los jueces se han visto presionados. Podría sustituirse por una dirección de la CNJ encargada de temas administrativos”.

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Otro cambio propuesto es entregar a una Escuela de la Función Judicial la evaluación y designación de magistrados, similar a los modelos de España y Colombia, “que asegure la selección de jueces con rigor técnico y una evaluación realizada por personas conocedoras, no por quienes terminan siendo emisarios políticos”, recomienda Zaidán.

También se plantea otorgar mayor autonomía a la Fiscalía. “Es parte de los procesos penales y no puede ser parte de la Función Judicial”. Además, propone reformar el Código de la Función Judicial para evitar que las subrogaciones o encargos se prolonguen. “Hay un abuso que hace retroceder el trabajo que realizó Diana Salazar”, subraya.

Los especialistas aclaran que, si bien estas acciones permitirían recuperar la confianza en el sistema y generar tranquilidad, requieren voluntad política y el trabajo conjunto de distintos poderes. Desde el Ejecutivo, para asignar recursos y buscar apoyo internacional; desde la Asamblea, “que debe aprobar las normas procesales necesarias y darle flexibilidad a la Fiscalía para crear equipos o unidades especiales de investigación”, puntualiza Indacochea; y desde la Función Judicial, “para que abra las puertas. Se necesita mucha cooperación institucional multinivel”, concluye Ron.

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