Crimen organizado pone a Ecuador ante un 2026 de alto riesgo en seguridad

Un informe reciente de la organización Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) advierte que 2026 podría convertirse en uno de los años más críticos para Ecuador en materia de violencia, debido a una combinación de factores internos y regionales que tensionan la seguridad ciudadana y ponen a prueba la capacidad de respuesta del Estado.

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Según el análisis, el país se ha convertido en el epicentro de una disputa feroz entre organizaciones criminales que compiten por el control de economías ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal de oro. Estas estructuras, altamente fragmentadas y en constante expansión, operan sobre rutas estratégicas del tráfico de drogas y han intensificado los enfrentamientos armados en provincias costeras y fronterizas.

El exministro del Interior Patricio Carrillo explica que el narcotráfico actúa como un elemento de cohesión entre grupos delictivos locales y organizaciones transnacionales. “Esta interacción les permite diversificar sus actividades criminales y ampliar su influencia, generando un entorno donde la competencia por el control territorial se traduce en altos niveles de homicidios y violencia”, señala.

Frente a la creciente violencia, el gobierno ha recurrido a la militarización de calles y centros penitenciarios, además de decretar estados de excepción prolongados. Aunque estas acciones pueden contener temporalmente ciertos focos delictivos, los expertos advierten que no modifican las condiciones que alimentan el problema.

La intervención militar y policial no es preventiva, sino de acción

Carrillo enfatiza que la estrategia tiene límites evidentes: “La intervención militar puede ofrecer una contención a corto plazo, pero no resuelve la falta de control estatal en zonas rurales, la debilidad institucional y la ausencia de políticas sociales y de prevención del delito.

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Además, existe preocupación por posibles violaciones a derechos humanos. Es más reacción que prevención”. Para evitar que el escenario se agrave en 2026, especialistas coinciden en que el país debe fortalecer sus instituciones. 

El general Ramiro Mantilla, excomandante de la Policía Nacional y director del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, subraya que la seguridad no puede sostenerse sin un aparato estatal sólido. “Es fundamental fortalecer a la Fiscalía, la Policía y el sistema de rehabilitación social. Son instituciones que deben cumplir plenamente su propósito dentro del esquema de seguridad ciudadana”, sostiene.

Mantilla advierte también la ausencia de un sistema adecuado de control fronterizo, un eslabón crítico dentro de las dinámicas del narcotráfico. “La droga ingresa principalmente por Colombia y luego se dirige hacia los puertos de Guayaquil y Puerto Bolívar. En ese trayecto, y en los puntos donde se acopia, surgen focos de violencia. Estos territorios se vuelven violentos y no existe una política real de control territorial”, afirma. 

Dado que muchas rutas y actores criminales operan más allá de las fronteras, la cooperación internacional se vuelve esencial. Sin embargo, Mantilla señala que los avances son insuficientes. “La cooperación internacional es muy importante, especialmente con Estados Unidos y los países europeos. Pero los convenios binacionales no generan el efecto esperado”, recalca.

Detalla que Colombia mantiene falencias en el control de zonas críticas como Tumaco y Putumayo, mientras que Perú carece de una coordinación sostenida: “Las acciones son esporádicas, lo que impide contar con una política binacional realmente efectiva para una aplicación inmediata”, advierte.

Especialistas consultados destacan que una estrategia de seguridad efectiva debe incluir inteligencia, cooperación policial y una justicia funcional para desarticular redes criminales de manera sostenida. La abogada penalista Carolina Méndez considera que Ecuador enfrenta una falla estructural en la aplicación de la ley.

A su juicio, el país arrastra “un sistema de justicia debilitado que no logra procesar con rapidez ni eficacia los delitos vinculados al crimen organizado, generando más violencia, más impunidad y mayor capacidad de operación para las bandas”.

Méndez subraya también la necesidad de políticas de prevención y desarrollo social que atiendan las causas profundas de la violencia: pobreza, exclusión y falta de oportunidades, especialmente entre jóvenes vulnerables al reclutamiento criminal. 

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En paralelo, los expertos advierten sobre la urgencia de reformas penitenciarias que permitan al Estado recuperar el control de los centros de privación de libertad y mejorar sus condiciones, evitando que las cárceles continúen operando como centros de mando del crimen organizado.

El informe de ACLED concluye que Ecuador enfrenta una convergencia peligrosa entre crimen organizado en expansión, instituciones debilitadas y cooperación internacional insuficiente, un escenario que podría detonar niveles de violencia aún más elevados en 2026 si no se adoptan estrategias integrales y sostenidas. 

Mientras tanto, los expertos coinciden en que reforzar la institucionalidad, recuperar el control territorial, mejorar la coordinación regional y priorizar políticas preventivas serán pasos decisivos

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