Contralor sobre patrimonio jueces: "Hay casos en los que no cuadran las cuentas"
El contralor Mauricio Torres compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea sobre exámenes al sistema judicial
El contralor general, Mauricio Torres, anunció el inicio de una auditoría judicial. El 7 de julio de 2025, Torres acudió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en donde se investiga la actuación de los operadores de justicia en el marco del conflicto armado interno.
(NO TE PIERDAS: Mario Godoy ofrece informes para declarar emergencia de la justicia en dos semanas)
“Vamos a hacer una auditoría judicial. Se está coordinando con el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Para esas auditorías se requiere la autorización de ellos y ellos han planteado la implementación de un nuevo sistema”, señaló el contralor.
También indicó que dicha medida podría iniciar en un plazo de dos meses. Comenzará con un plan piloto, que se desarrollará en una de las salas de la misma Corte Nacional de Justicia.
“Entraremos a determinar tiempos que usaron para resolver las sentencias. También se determinará cuántas sentencias se resuelven. Un juicio no puede permanecer tanto tiempo en un juzgado”, agregó Torres.
Actualmente se realizan ajustes previos al inicio del proceso. Estos tienen que ver, por ejemplo, con el uso de un manual que hasta ahora no existe. Aunque el contralor explicó que se toman como referencia manuales internacionales.
Sobre el patrimonio de los jueces
De acuerdo con la información presentada por Torres, desde el 29 de noviembre de 2023 se aprobaron 110 informes relacionados con exámenes a declaraciones patrimoniales juramentadas de fiscales, jueces, servidores judiciales y funcionarios de la Fiscalía General del Estado.
De esos informes, 59 arrojaron indicios de responsabilidad penal y fueron remitidos a la Fiscalía. Un dato relevante es que 57 de estos informes corresponden al Consejo de la Judicatura y dos al personal del Ministerio Público.
El principal supuesto delito que motivó la remisión a la Fiscalía fue el posible delito de enriquecimiento ilícito. Torres señaló ante la Comisión que hay jueces que no han podido justificar diferencias patrimoniales que oscilan entre USD 300.000 y USD 1.000.000.
“Encontramos que no nos cuadran las cuentas en ciertos casos de jueces que tienen 1’000.000 o 2’000.000 que no logran justificar, y otros de 200.000 o 300.000. Son montos muy grandes. Todo eso se envió a la Fiscalía”, dijo ante la Comisión de Fiscalización el contralor general.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!