Casos Progen, ATM y Pendrive se acumulan sin judicialización
Indagaciones relacionadas con recursos públicos, tráfico de influencias y presiones judiciales no tienen avance
En el despacho del fiscal general encargado, Carlos Alarcón, aguardan por justicia los casos Progen, ATM, Pendrive, la investigación sobre las presiones al juez Carlos Serrano y el presunto tráfico de influencias relacionado con la eliminación, en apenas dos horas, del impedimento laboral de Álvaro Rosero, proceso en el que está investigado el ministro de Trabajo, Harold Burbano.
Se trata de expedientes que permanecen en investigación previa, una fase reservada. Todos tienen fuero de Fiscalía General y sobre ellos la propia entidad no ha informado acerca de allanamientos, actos urgentes, extracciones de información de dispositivos u otras diligencias investigativas. Por el contrario, su departamento de Comunicación, que suele poner nombre a los casos, no ha detallado avances en estos.
La semana pasada, en una entrevista con Teleamazonas, Alarcón se limitó a señalar que, al encontrarse en investigación reservada, no puede ofrecer detalles, pero que en el caso Progen (que él lo llama Apagón) hay dispositivos incautados y que se están haciendo las pericias. En la misma situación permanecen otros procesos sin fuero, como la denuncia presentada por Pedro Granja sobre las gasolineras Petronoboa, vinculadas a Santiago David Noboa, hermano del presidente Daniel Noboa.
“Que esas investigaciones no estén caminando es una evidencia clara de la intromisión política del Gobierno en la Función Judicial, porque todos son temas que le interesan al presidente, excepto el de las presiones al juez Serrano”, evalúa José Luis Mazón, docente universitario.
A su criterio, el “fiscal de bolsillo no se toma la molestia de aparentar un mínimo de independencia, y por eso tiene las investigaciones paralizadas”.
Procesos que se caracterizan por su rapidez
Por otro lado, una de las primeras actuaciones de Alarcón al asumir como fiscal general encargado fue solicitar el archivo del caso sobre las donaciones que recibió Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Noboa, por parte de la minera Precious Metals (DPM).
El proceso fue investigado durante 48 días, desde la presentación de la denuncia (el 26 de agosto de 2025) hasta el pedido de archivo (el 13 de octubre del mismo año), sin que el fiscal hallara indicios de delito.
Para la penalista Marcela Estrella Bucheli, “más allá de las responsabilidades individuales que deban investigarse, lo que más preocupa es el patrón institucional que empieza a dibujarse: investigaciones que se activan bajo presión política o mediática y actuaciones procesales que no siempre evidencian una teoría del caso sólida”.
Asegura que su visión no es política sino técnica. Para ella, la Fiscalía realiza actuaciones procesales “que más parecen responder a un momento político que a una teoría del caso sólidamente construida”, y los casos tienen deficiencias desde la recolección de elementos de convicción hasta las “adecuaciones forzadas de los tipos penales”.
En los casos Progen y ATM, el Estado entregó 178,7 millones de dólares de recursos públicos para proyectos de generación eléctrica de los que no ha recibido ni un solo kilovatio, sin que hasta ahora existan responsables por el uso de esos fondos.
- Rol. La Fiscalía ha informado sobre el caso Caja Chica, que está en investigación previa, sobre allanamientos, pericias y testigos.
