Caso Ligados: Augusto Verduga denuncia espionaje en los audios usados por la Fiscalía
El exconsejero del Cpccs sostiene que las evidencias provienen de “escuchas ilegales” y cuestiona la validez del caso
La audiencia preparatoria de juicio del denominado Caso Ligados se reinstaló este lunes 23 de marzo en la Corte Nacional de Justicia, en una jornada en la que los procesados empezaron a exponer sus argumentos de defensa frente a la acusación de la Fiscalía por presunta asociación ilícita.
Uno de los procesados en hablar fue el de Augusto Verduga, quien cuestionó la legalidad de los elementos presentadas en su contra y aseguró que los audios utilizados en el caso fueron obtenidos mediante espionaje.
“Escuchas ilegales”, dice Verduga
Durante su intervención, Verduga afirmó que el expediente fiscal se sustenta en conversaciones privadas que, según él, carecen de contexto y fueron obtenidas de forma irregular. “Se han presentado conversaciones vagas, especulativas, sin contexto y privadas (…) lo que ha existido en este caso son escuchas ilegales que no quisieron dilucidar”, sostuvo.
Además, criticó que, según él, la Fiscalía no permitió una pericia independiente a sus dispositivos electrónicos, lo que, a su criterio, debilita la validez de los elementos probatorios. “Un delito de espionaje debería hacer caer como castillo de naipes el caso Ligados”, añadió.
Defensa sobre el caso Superintendencia
Verduga también respondió a uno de los señalamientos de la Fiscalía, relacionado con el respaldo a Raúl González para asumir la Superintendencia de Bancos. El exconsejero argumentó que González contaba con una designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), había sido posesionado por la Asamblea y tenía acciones de personal, por lo que, según dijo, no existía ilegalidad en apoyarlo.
Incluso ironizó sobre la tesis fiscal: “Si es por usurpación, Romero von Buchwald ya estaría con el traje naranja y rapado”, en referencia al funcionario que finalmente asumió el cargo.
Cuestionamientos a la acusación
Sobre la supuesta intención de favorecer políticamente a la Revolución Ciudadana, Verduga rechazó que la afinidad ideológica constituya un delito. Y negó que él favoreciera la designación de autoridades. “¿Desde cuándo compartir una afinidad es un delito? Se castiga la conciencia política como si fuera conspiración”, cuestionó, al tiempo que calificó el dictamen del fiscal Carlos Alarcón como “político y no jurídico”.
Un caso en etapa decisiva
El proceso involucra a siete personas, entre ellas los exconsejeros Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, además de Andrés Arauz, Esther Cuesta, Nicole Bonifaz y el propio González. Todos han negado los cargos y sostienen que se trata de una persecución política.
La Fiscalía, por su parte, mantiene que entre noviembre de 2024 y enero de 2025 los implicados coordinaron acciones para incidir en instituciones del Estado, utilizando al Cpccs como plataforma para la designación de autoridades afines.
Su teoría del caso se estructura en tres ejes: la intervención en la Judicatura, incluido el nombramiento de Mario Godoy, el control de la Superintendencia de Bancos y la supuesta dilatación de procesos en el ámbito electoral, en un juicio que estaba activo en el TCE. Sobre este último punto, Verduga pidió que no se tome en cuenta sus audios porque son conversaciones privadas con su abogado.
La audiencia continuará en los próximos días, en una fase clave en la que los jueces deberán decidir si existen elementos suficientes para llamar a juicio a los procesados.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ
