Caja Chica: apenas un caso de un inútil control electoral

El caso Caja Chica, como se llama el proceso en contra de los responsables del gasto electoral del correísmo, es un evidente y claro caso de justicia selectiva, porque se está poniendo el ojo en una determinada organización política y no en otras que, a todas luces, violaron las normas y los límites de gasto electoral. 

Si bien es evidente que la Revolución Ciudadana tiene gastos gigantescos y realiza campañas electorales con recursos que serían imposibles de alcanzar para una organización honesta y transparente, también es cierto que ha habido campañas igualmente millonarias cuyos gastos no han sido, ni de lejos, realizados dentro de las normas electorales vigentes. 

Basta ver las millonarias campañas electorales durante el más reciente proceso electoral para percatarse de que las normas y, sobre todo, el sistema electoral y político ecuatoriano están corrompidos y no sirven para nada.

Y un sistema de control del gasto electoral que no sirve para nada es el escenario perfecto para que no solo el crimen organizado invierta importantes cantidades de dinero, sino también para que gobiernos de otros países hagan lo mismo con intereses políticos inconfesables. 

¿Cuánto cuesta una campaña electoral?

El caso de la Revolución Ciudadana es un claro ejemplo de esto último: no hay que ser ni siquiera medianamente perspicaz para darse cuenta de que el correísmo viola todos los límites legales de gasto electoral. Sus campañas son gigantescas y sus estrategas no tienen el menor sentido de pudor en el gasto.

Sin embargo, el caso Caja Chica es la punta del iceberg, porque otras organizaciones que participaron en las más recientes elecciones también tuvieron niveles de gasto exorbitantes. Para comenzar, está claro que la declaratoria de ADN sobre su gasto en las últimas elecciones es un absurdo: 200 mil dólares, mientras que los 150 mil dólares que declaró el correísmo es igualmente una cifra que nada tiene que ver con la realidad. 

Todo esto ocurre mientras en los círculos políticos es ampliamente sabido que una campaña en primera vuelta no cuesta menos de dos millones de dólares y que, para la segunda vuelta, se llega a gastar 15 o 20 millones de dólares. Lo que se declara, entonces, es ridículo y, sobre todo, una tomadura de pelo. Con un sistema como el ecuatoriano, es inútil hablar de límites legales.

Ahora bien, el problema del sistema ecuatoriano de control del gasto electoral no existe por accidente: está mal diseñado y peor ejecutado. Según especialistas consultados por EXPRESO las deficiencias son estructurales, legales e institucionales. Por eso, no es descabellado pensar que está diseñado para no servir de nada y para que, en la práctica, no existan ni límites de gasto ni control sobre la licitud del origen de los fondos.

El rol del CNE y TCE

Para que este sistema funcione así -o, mejor dicho, para que no funcione- hay que mencionar algunas de sus características. El control del gasto lo ejerce el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos consejeros son designados por el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), un órgano altamente politizado. En otras palabras, el CNE fiscaliza a las mismas fuerzas políticas que intervienen en la designación de sus miembros.

Otro factor que convierte al sistema en una farsa es que los topes de gasto son irreales y fácilmente burlables. Se fijan con criterios formales, no con costos reales de campaña; el gasto efectivo supera ampliamente lo declarado y no existe capacidad real para detectar gasto paralelo. El resultado es que los topes funcionan como una ficción.

Asimismo, los expertos advierten que no se controla el financiamiento informal ni el que se realiza en especies. Todo esto ocurre porque la institucionalidad electoral no detecta publicidad encubierta (redes sociales, influencers, pauta negra), no controla el uso de medios digitales no declarados, eventos “espontáneos” ni aportes logísticos de terceros. En definitiva, no se audita el origen real de los fondos y por eso entra dinero ilícito o extranjero con gran facilidad, como ocurrió en las campañas del correísmo.

Y como si fuera poco, la fiscalización es tardía y burocrática. Los informes se revisan meses después de la elección. Para cuando existen observaciones, el daño ya está hecho y no hay control en tiempo real. En países medianamente serios, el control es preventivo; en el Ecuador es apenas simbólico.

Por otro lado, el sistema de financiamiento público está mal diseñado. El fondo partidario no cubre los costos reales, se incentiva el uso de financiamiento oculto y no está condicionado a auditorías estrictas y técnicas. En la práctica, se castiga al que cumple y se premia al que evade.

Y, por último, está el absurdo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), donde los procesos son lentos, existe una notoria resistencia -o temor- a sancionar a los partidos grandes y, en la práctica, se convierte en un cementerio de expedientes.

El círculo vicioso

Existe, pues, una captura política del sistema. Basta ver que todo el circuito -el Cpccs, el CNE, el TCE y la Fiscalía- está altamente politizado, sin contrapesos reales y vulnerable a las presiones de poder político. En resumen, el sistema está capturado.

El caso Caja Chica pudo haber sido un precedente magnífico para la aplicación de la ley, la justicia y para evitar el peligroso ingreso de fondos originados en mafias locales o internacionales. Pero todo indica que terminará siendo un caso más de justicia selectiva. Y esos casos jamás sirven como precedentes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

No te pierdas Politizados: Noboa le lanza una boya al correísmo