Álvarez 'Tilín' no fiscaliza los escándalos y sigue el libreto de Carondelet
Análisis| Fiscalización no convoca por los casos Galamedios, terrenos de La Libertad, Progen, ATM y la matanza en Mocolí
Se descubre que la secretaria de la Administración y presidenta nacional de ADN, Cynthia Gellibert, ocultó que la hija de su empleada doméstica -que gana como mesera- iba a prestar su nombre para que una oscura firma, de la cual todos sospechan cuál es, compre a precio de huevo 93 hectáreas en la península de Santa Elena. ¿Y qué hizo, ante esa revelación, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por Ferdinan Álvarez (a) Tilín? Nada.
¿Le pidió a la funcionaria que vaya a explicar el tema? No, nada. ¿Ha llamado al fiscal Carlos Alarcón para preguntarle qué ha hecho para investigar este evidente caso de testaferrismo? No. ¿Le ha pedido al alcalde que informe de dónde viene el dinero? No, en absoluto.
Hace poco, un oscuro asambleísta de gobierno, que no tiene ni para una media agüita, pagó 2,6 millones de dólares para comprar dos medios de comunicación -La Posta y Radio Centro- y ponerlos en sintonía con los intereses del gobierno. ¿Y qué hizo la Comisión de Fiscalización? Nada. ¿Llamó al siempre agencioso José Julio Neira, que se supone vigila el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, para preguntarle si tiene alguna idea sobre la procedencia de esos fondos? No.
Se acerca el estiaje y el gobierno, que ha tenido un año para aumentar la capacidad de generación eléctrica y evitar que se repitan los apagones, no ha hecho nada distinto a firmar contratos corruptos con firmas como Progen o ATM. ¿Y qué ha hecho la Comisión de Fiscalización de la Asamblea? Nada.
¿Qué dijo Álvarez sobre el crimen en Mocolí?
Un pelotón entra en la exclusiva zona de Mocolí y mata a tres mafiosos que estaban jugando un partido de fútbol en una cancha ubicada en lo que podría ser la urbanización más cara del Ecuador. ¿Y la Comisión de Fiscalización de la Asamblea ha hecho algo? No, nada. Ni siquiera llamar al ministro del Interior, John Reimberg. ¿Le ha preguntado cómo es que en esa urbanización se pasea la esposa del narco -ajusticiado ahí- Brian Soria en un Maserati MC20, propiedad del narco Enrique Portocarrero, alias “Chugo Porto”? No, tampoco hizo eso.
La familia del presidente Daniel Noboa evapora una deuda de algo más de 90 millones de dólares que mantenía con el SRI, sin que haya quedado evidencia comprobable. ¿Y qué hizo la Comisión de Fiscalización de la Asamblea? Nada. ¿Llamó al SRI para que cuente cómo se pagó la deuda? Tampoco.
El impresentable Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura -que técnicamente no tiene autoridad moral para manejar ese organismo- pide la renuncia a 25 directores provinciales de la Judicatura. ¿Y Ferdinan Álvarez (a) Tilín ha tenido la curiosidad de llamarlo para que explique en la Comisión de Fiscalización las razones de esa decisión? No, para nada.
El interés de Noboa en Granasa
Pero la Superintendencia de Compañías se obsesiona con una operación accionaria dentro de la empresa GRANASA -un tema que no es de interés público-, la casa editora de EXPRESO, y ahí sí, diligentemente, la Comisión llama al superintendente de Compañías, Luis Cabezas-Klaere, para que vaya a hablar del asunto, en una audiencia a la que sus autoridades -obsecuentes con el gobierno, claro- quisieron darle prioridad mediática.
Esto es lo que ocurrió la mañana del lunes 12 de enero de 2025 en la Comisión de Fiscalización, bajo la presidencia de Ferdinan Álvarez (a) Tilín, hasta hace poco militante y rabioso correísta y ahora ficha del gobierno de Daniel Noboa en su bancada legislativa. La comparecencia fue pedida por la bancada de gobierno, lógicamente porque está interesada, por sobre cualquier otro tema, en doblegar la línea crítica del Diario.
La Superintendencia y su objetivo
En la primera parte, Cabezas-Klaere habló largamente sobre un traspaso que, según él, hubo que hacer por orden de un juez de las acciones que la familia Isaías tenía en la empresa pública Inmobiliar.
“Es mentira cuando dicen que el Estado quiere hacerse accionista de GRANASA, porque ya es accionista”, exclamó, en referencia a las acciones de la familia Isaías que, en realidad, apenas representan el 1 % del paquete accionario y que no se han podido traspasar a Inmobiliar porque el juez aún no lo ha dispuesto.
El berrinche de Cabezas-Klaere sobre este tema se debe a su interés -o más bien encargo- desde Carondelet para que haya un representante del Estado en la junta de accionistas de la empresa y pueda pedir la información que ni el SRI ni la UAFE han podido encontrar para perjudicar al Diario.
En la segunda parte de su intervención, Cabezas-Klaere explicó las razones por las que la Superintendencia insiste en que el 40 % de las acciones de GRANASA, que tiene Ingrid Martínez Leisker, pasen nuevamente a la empresa Veranera -también de Martínez Leisker-, que está en liquidación, porque considera que el traspaso inicial estuvo mal hecho.
En lo que más énfasis hizo Cabezas-Klaere, sin embargo, fue -curiosamente- en los reiterados pedidos que formuló a los periodistas para que no “saquen mis palabras de contexto”. ¿Por qué hizo eso? Porque el miércoles 31 de diciembre de 2025, en Ecuavisa, metió la pata: dijo que la Superintendencia va a rematar las acciones de Veranera. Y como esa declaración fue escandalosa -porque pone en evidencia la intención del Gobierno de apoderarse de ese paquete a través de algún testaferro-, ahora quiere echarse para atrás.
Lo único realmente relevante de la sesión fueron, sin embargo, las críticas que Ferdinan Álvarez (a) Tilín recibió por parte de los legisladores correístas -sus hasta hace poco coidearios- por no haber convocado a sesiones relacionadas con los escándalos de interés público y, en cambio, priorizar una audiencia alineada con el interés del Gobierno de apoderarse de EXPRESO o doblegar su línea editorial.
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