
Asamblea trata el caso GRANASA en comparecencia del superintendente de Compañías
Luis Alberto Cabezas-Klaere explicó ante la mesa de Fiscalización el proceso llevado a cabo con la editora de EXPRESO y EXTRA
El lunes 12 de enero del 2026, Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías, acudió a la Comisión de Fiscalización a explicar el proceso que lleva a cabo relacionado con Gráficos Nacionales (GRANASA), editora de EXPRESO y EXTRA. La solicitud fue hecha por la legisladora de ADN, Ana Belén Tapia.
Integrantes de la oposición en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea expresaron su sorpresa por la decisión de la mayoría de ADN, que controla ese organismo, de llevar a debate el intento de la Superintendencia de hacerse con el 40% de las acciones de GRANASA, pues eso encapsula el caso en esa comisión.
En su intervención, el superintendente dijo que lo llamaron para explicar la posible actuación al margen de la norma. "Pero es un caso particular, de una compañía más sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías. Si la comisión hace eco de cualquier reclamo, de cualquier compañías, hay más de 170.000 compañías, tendré que pasar por el resto del período dando explicaciones".
En esa misma línea, la asambleísta de la RC, Ana Herrera, mostró su sorpresa por el motivo de la convocatoria. Ojalá, señaló, hubiera sido para calificar el juicio político a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, dijo y también que había que hacer notar que "GRANASA es la empresa editora de EXPRESO y EXTRA, medios que no son amigos del Gobierno, que han sido bastante críticos y que han venido evidenciando la mala gestión".
Esto dijo el Superintendente de Compañías:
"No saquen mis frases de contexto, no he dicho que voy a rematar las acciones que tiene Veranera en en GRANASA; jamás he dicho eso, me preguntó un periodista (refiriéndose a una entrevista que le hizo Ecuavisa) cuál era el proceso de liquidación y le expliqué", dijo Cabezas- Klaere. También que: "Se llama a los acreedores, se ve qué bienes hay, se liquida, en caso de que no haya se entrega a los accionistas de forma proporcional y si no alcanza, hay que rematar y con eso se paga a los acreedores. Hablé de un proceso en general, no de un proceso en particular".
En su comparecencia, el superintendente pidió a periodistas no tener "falso espíritu de cuerpo". "Se ha dicho que la Superintendencia pretende que el Estado se apropie de acciones de GRANASA y es totalmente alejado de la verdad, debo aclarar que se han mezclado dos casos. Actualmente, el Estado ya es, a través de Inmobiliar, accionista de GRANASA", por una sentencia de la Corte Constitucional del del 21 de noviembre de 2024, en el que se ordena restituir al Estado los bienes de los señores Isaías.
El segundo caso, dijo Cabezas Klaere, es con Veranera. Además dijo que el 5 de junio del 2019, Veranera pidió a través de su gerente general, la aprobación de disolución voluntaria y anticipada. La Superintendencia lo aprobó a través de la resolución del 19 de diciembre del 2019. "En ese lapso, resulta que la compañía Veranera enajena las acciones de la compañía que era propietaria de unas acciones en el capital en GRANASA".
Asimismo, el superintendente señaló que el 6 de febrero del 2020, GRANASA notifica para que ingresen en el portal, que Veranera en liquidación ha cedido 100.000 a Ingrid Martínez, que era representante legal y única accionista de Veranera (tenía 799 acciones y otro accionista, una). "Ella se cede a sí misma y eso estaba prohibido", según él, pese a que luego reconoció que Veranera es de propiedad de la misma señora Martínez Leisker.
¿Por qué la Superintendencia de Compa´´ñías no investiga la compra de medios del legislador de ADN, Luis Alvarado Campi?
La legisladora de la RC, Ana Lucía Herrera, recordó que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó "que hechos que estamos tratando incluyendo además medidas tributarias, fiscales y societarias, constituyen acciones indirectas del gobierno de (Daniel) Noboa en contra de medios no afines y por tanto una violación de la libertad de prensa".
Herrera señaló que con esa misma prolijidad esperaría que se fiscalice el proceso a compra de La Posta y Radio Centro, a través de Galamedios, de propiedad de Luis Alvarado Campi, por más de 2 millones de dólares, pese a que al SRI le reportó 60 mil dólares.
Otro legislador de la RC, Fricson George, se sumó al cuestionamiento. Señaló que hay problemas en salud, seguridad o en educación que aquejan a los ecuatorianos que deberían tratarse en Fiscalización.
Janeth Bustos, de la RC, comentó: "Se tapan casos como Progen, ATM, las condonaciones de deudas millonarias a funcionarios del Estado o la compra de medios de comunicación que están con supuestos testaferros, que deberían ser sujetos a fiscalización".
Como sus otros compañeros, Nanki Lauro Saant, recordó las palabras del superintendente de Compañías, Luis Alberto Cabezas-Klaere. "Si hay 170.000 compañías, por qué tienen que analizar en la Asamblea el caso contra GRANASA". Dijo que "abundan casos en la vida política del país. Entiendo que hay una participación del Estado. Abogo porque se dé el debido proceso, respetando derechos de todas las partes".
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