ADN emprendió el camino de las enmiendas por el menor de los problemas

ADN emprendió el camino de las enmiendas para concretar los cambios en la Constitución que se truncaron por el revés electoral de la consulta popular. Pero las demás bancadas en la Asamblea cuestionan el tema elegido para las modificaciones constitucionales.

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El oficialismo no optó por cambios como el régimen jurídico especial que se echó abajo con la inconstitucionalidad de la Ley de Solidaridad Nacional. Tampoco por reformas al IESS, como las anunciadas por el mismo presidente Daniel Noboa antes de la consulta popular. En lugar de ello, se decidió por insistir en que los privados de libertad no sean más considerados como un grupo de atención prioritaria.

La iniciativa de enmienda fue presentada al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para iniciar el trámite que incluirá un dictamen de vía de la Corte Constitucional.

La propuesta tiene que ver con cambiar el artículo 35 de la carta magna. Lo referente a los presos pasaría al artículo 51. La asambleísta Lucía Pozo, proponente de la enmienda, lo explicó así: “Lo que estamos haciendo es sacar del capitulado de derechos de personas y grupos vulnerables a los privados de libertad y se traslada al capitulado de derechos de protección. No hablamos de regresión, sino de colocar cada derecho en donde le corresponde”.

Sin embargo, el tema ahora pasa por los apoyos que puedan conseguir de aquí a un año. Esto porque, en caso de que la iniciativa obtenga dictamen de vía favorable, la segunda discusión para la aprobación de la enmienda ocurriría en un año.

Y no es el único inconveniente. Este mecanismo de modificación constitucional requiere de la votación de la mayoría calificada del Pleno, es decir 101 votos. Para esto, ADN requerirá obligatoriamente de los votos del correísmo o de una parte importante de ese bloque.

¿Cómo tomaron la iniciativa otras bancadas?

La Revolución Ciudadana ya se pronunció. El jefe de esa bancada, Juan Andrés González, dijo: “Tenemos que analizar todo. Y si ahora también se está despabilando el Gobierno, entonces tenemos que revisar”.

Aunque la legisladora Ana Belén Yela fue más crítica con la propuesta. En su cuenta de X, a partir de una noticia sobre la inseguridad y su impacto en los viajes interprovinciales por vía terrestre, escribió: “¿Y lo que va a solucionar este problema es que los PPL dejen de ser sujetos de atención prioritaria?”.

En otros grupos políticos al interior del Legislativo, la iniciativa tampoco convenció del todo. Otto Vera, del Partido Social Cristiano (PSC), señaló que toda propuesta que sea en beneficio de los ecuatorianos debe ser analizada. Pero al ser consultado sobre el impacto real en caso de ser aprobada, Vera dijo que es un tema más político. “Me parece que va por el lado de mostrarse duros ante los criminales”, añadió el legislador.

Por su parte, la asambleísta Cecilia Baltazar, ex-Pachakutik, indicó que esta enmienda no aborda un tema prioritario. “El Ejecutivo tiene un presupuesto importante a partir del IVA para atacar a la delincuencia y no se ha logrado. La enmienda no va a cambiar la vida de las personas”, manifestó.

Sortear a la Corte Constitucional

Pero más allá del apoyo político, la propuesta tiene cuestionamientos desde la perspectiva constitucional. Pablo Encalada, experto en Derecho Penal, señaló que la Corte Constitucional ya dijo que no se puede hacer esa reforma. “Hay que ser testarudos para insistir en una vía que saben está bloqueada”.

Gonzalo Muñoz, experto en Derecho Constitucional, también indicó que la propuesta no tiene mayor sentido y responde al ‘populismo penal’. “El hecho de que formen parte del grupo de atención prioritaria tiene como razón de ser que sus vidas están sujetas única y exclusivamente a la responsabilidad del Estado”. También agregó que la Corte ya se pronunció en el sentido de que la enmienda no es la vía para esta modificación.

Esta enmienda tras los resultados de la consulta popular es el primer ensayo de ADN. Al menos eso se desprende de lo dicho por el también legislador oficialista Andrés Castillo. Señaló que hay un consenso al interior de la bancada para que los asambleístas presenten diferentes enmiendas, y el eje de las mismas serán los cambios en el procedimiento penal (Derecho Penal de doble velocidad).

Esto último hace referencia a algo que ya se intentó pasar por la Ley de Solidaridad Nacional, en lo referente al tipo de procedimiento y juzgamiento para los delitos relacionados con el crimen organizado.

“Cuando hablamos de la delincuencia organizada, no se trata de delincuentes comunes. Se habla de otro tipo de enfrentamiento que debe dar el Estado a estos grupos”, dijo Castillo.

La enmienda tendrá un largo camino que recorrer. Todo dependerá del momento político que enfrente el Gobierno y su bancada de aquí a un año, en caso de que la iniciativa avance. 

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