Impacto del retraso en la devolución del IVA en la vida de los adultos mayores
Los retrasos en la devolución cumplen tiempos de más de 6 meses en algunos casos
La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para adultos mayores y personas con discapacidad está reconocida como un derecho en la normativa tributaria ecuatoriana. Sin embargo, en los últimos meses, este proceso ha sufrido retrasos significativos que afectan directamente la calidad de vida de quienes dependen de ese reembolso para cubrir sus necesidades básicas, así lo advierte la abogada especialista en derecho laboral y tributario Sasha Guerrero.
“Hace cuatro o cinco años, las devoluciones tardaban entre 15 y 45 días. Hoy, hay personas que llevan seis, nueve meses e incluso un año sin recibir ese dinero que les pertenece”, señala Guerrero. Esta situación, lejos de ser un problema administrativo aislado, representa una vulneración de derechos constitucionales, especialmente el derecho a una vida digna, al trato prioritario y preferente, y a la seguridad jurídica.
Un derecho ignorado por la administración tributaria
La abogada explica que muchos adultos mayores que solicitan la devolución del IVA no son jubilados ni cuentan con pensión o redes de apoyo familiar. “Algunos viven del día a día y ese dinero es su único sustento. No estamos hablando de un beneficio opcional, sino de un derecho que el Estado está obligado a garantizar”, enfatiza.
La Constitución ecuatoriana establece que los adultos mayores y las personas con discapacidad deben recibir atención preferente en todos los ámbitos, incluido el tributario. Sin embargo, según Guerrero, el Servicio de Rentas Internas (SRI) no está cumpliendo con los plazos establecidos para la devolución, lo que genera un incumplimiento del debido proceso administrativo.
“El mecanismo jurídico para reclamar existe, pero en la práctica no funciona. Los tiempos de respuesta son excesivos y no hay sanciones claras por incumplimiento. El Estado estaría reteniendo recursos que no le pertenecen, porque el IVA devuelto corresponde directamente a los beneficiarios”, señala.
Tecnología como barrera de acceso
Otro problema que agrava la situación es el cambio en los canales de atención. Antes, los adultos mayores podían realizar sus trámites de devolución en ventanillas físicas, pero ahora se exige el uso de plataformas digitales, lo que excluye a una gran parte de la población beneficiaria.
“Muy pocos adultos mayores manejan tecnología. El hecho de que se haya eliminado la atención presencial complica aún más el acceso a este derecho. Se necesita reabrir ventanillas físicas con atención preferente para este grupo poblacional”, propone Guerrero.
Además, la abogada advierte que el sistema actual no contempla acumulación de intereses por el retraso en las devoluciones, como sí ocurre en otros procesos tributarios. “Si bien existen plazos legales —que deben ser revisados y acortados— no hay consecuencias reales para la administración cuando incumple. Esto genera impunidad institucional”, afirma.
Propuestas para una reforma urgente
Frente a este panorama, Guerrero plantea tres medidas concretas que podrían mejorar el sistema de devolución del IVA para adultos mayores y personas con discapacidad:
- Creación de canales exclusivos de atención preferente, tanto digitales como presenciales, para agilizar los trámites de devolución y reclamo.
- Reapertura de ventanillas físicas en las oficinas del SRI, con personal capacitado para atender a personas que no manejan tecnología.
- Establecimiento de sanciones administrativas y acumulación de intereses por cada día de retraso en la devolución, como medida de presión institucional.
“Este tipo de trámites no puede seguir dependiendo de la capacidad tecnológica del solicitante ni de la voluntad institucional. Se necesita voluntad política y normativa para proteger a quienes más lo necesitan”, concluye Guerrero.
La situación descrita por la abogada no es aislada. En redes sociales y medios comunitarios, se han multiplicado los testimonios de adultos mayores que esperan desde hace meses la devolución de su IVA, sin respuesta clara del SRI. En muchos casos, el dinero retenido representa la diferencia entre comer o no, entre comprar medicinas o postergar tratamientos.
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