Adultos mayores asistirán a la audiencia por el atraso en la devolución del IVA

Un grupo de adultos mayores presentó una acción de protección para que el Servicio de Rentas Internas (SRI) devuelva el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el pasado martes 2 de septiembre de 2025. Por sorteo, el caso será juzgado en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en Guayaquil. La primera audiencia está prevista para el 1 de octubre de 2025, aunque días atrás el presidente Daniel Noboa ordenó reembolsar el dinero y los adultos mayores indicaron a Diario EXPRESO que sí se van a presentar y seguir todo el proceso legal.

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Pese a ello, los adultos mayores buscan dejar un precedente para que las autoridades no demoren en entregar el dinero a los beneficiarios dentro del plazo legal, que es de 60 días para los adultos mayores y de 90 días para las personas con discapacidad, y no se repitan retrasos de hasta siete meses en la devolución del IVA.

Harry Valerezo tiene 73 años y aún recuerda la impotencia que sintió cuando, mes tras mes, el dinero de la devolución del IVA no llegaba a su cuenta. “No es un pago ni un regalo, es nuestro derecho”, repite con firmeza. Él es uno de los jubilados que decidió firmar la acción de protección contra el SRI para exigir que el Estado cumpla con lo que corresponde a los adultos mayores y personas con discapacidad.

Después de meses de espera, Valerezo recibió el miércoles 17 de septiembre la devolución del IVA correspondiente a abril de 2025. “En mi caso me transfirieron tres meses de golpe. Antes solo me habían devuelto hasta enero, y eso a mediados de año. Ha sido un calvario”, cuenta.

El Gobierno por orden de Noboa empezó a ponerse al día

El Gobierno empezó a ponerse al día desde el 12 de septiembre, priorizando a los grupos vulnerables. Sin embargo, no todos están en la misma situación. Algunos han recibido hasta abril, otros hasta mayo. “Cada caso es distinto porque unos piden devolución mensual, otros cada tres o seis meses. Pero lo que no cambia es que el retraso fue real, y nos afectó a todos”, insiste.

Lo que más le preocupa a Valerezo no son solo los meses de espera, sino la sensación de desprotección. “Cuando ese dinero pasa a la cuenta del Tesoro Nacional deja de ser nuestro y se convierte en público. Entonces dependemos de la programación y de la disponibilidad económica del Gobierno. ¿Y mientras tanto qué? Nosotros seguimos esperando”, lamenta.

Junto con otros jubilados, acudirá a la primera audiencia en la Unidad Judicial de Familia el defensor del Pueblo en Guayas, Gonzalo Ortega, en calidad de amicus curiae (amigo de la corte). Los adultos mayos decidieron no desistir de la acción de protección, aunque el Gobierno ya esté pagando. “Deseamos dejar un precedente para que nunca más se repita esta vulneración. No es justo que tengamos que esperar seis o siete meses, como les pasó a algunos compañeros que recién cobraron lo de diciembre de 2024”, señala Valarezo.

La voz de Harry refleja no solo su experiencia personal, sino la de cientos de adultos mayores que sienten que su derecho ha sido ignorado. “Queremos que entiendan que esta devolución es nuestra plata. No es un subsidio, no es un favor. Es lo que nos corresponde. Y lo único que pedimos es que se cumpla a tiempo”.

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