Tras un año, Concejo de Quito debatirá la ordenanza de la ‘tercera placa’
La cobertura total del dispositivo se alcanzaría en un año, aunque su ejecución dependerá de procesos de contratación
Luego de un año de espera, ajustes técnicos y observaciones jurídicas, el Concejo Metropolitano de Quito volverá a poner sobre la mesa uno de los proyectos más debatidos en materia de movilidad urbana.
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Este martes está previsto el segundo debate de la ordenanza que regula, implementa y controla el Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular (DEIV), conocido popularmente como la “tercera placa”, una herramienta tecnológica que el Municipio plantea como alternativa para avanzar hacia una gestión automatizada del tránsito y el transporte en el Distrito Metropolitano.
La propuesta busca convertir al DEIV en un pilar de la movilidad inteligente, con el objetivo de mejorar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad del sistema vial, sin vulnerar -según sostienen las autoridades- la protección de los datos personales de los ciudadanos.
El dispositivo consiste en un adhesivo de alta seguridad que integra tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia) y un código QR, el cual permitirá la identificación electrónica rápida y precisa de los vehículos que circulan por Quito.
El DEIV será colocado en el parabrisas de los automóviles o en un lugar visible en el caso de las motocicletas y, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad, no funciona como un sistema de rastreo ni de geolocalización. “No es un sistema GPS ni de posicionamiento global. No rastrea personas ni vehículos en tiempo real”, aseguró el secretario de Movilidad, Alex Pérez, en declaraciones a EXPRESO. El funcionario recalcó que el dispositivo solo almacena dos datos: la placa del vehículo y el número de chasis, información “mínima necesaria para su identificación”.
Diego Garrido
La ordenanza establece que el uso del DEIV será obligatorio para los vehículos que se sometan a la revisión técnica vehicular (RTV) y para aquellos matriculados en la capital.
En el caso de los automotores registrados en otros municipios, su uso será voluntario. Según Pérez, el dispositivo estará directamente vinculado a la RTV, lo que permitiría alcanzar, en un plazo aproximado de un año, una cobertura de entre el 95 % y 100 % del parque automotor del Distrito.
La primera instalación del DEIV será gratuita y asumida por el Cabildo.
El dispositivo tendrá una vigencia de cinco años y solo deberá ser reemplazado -con costo para el propietario- en caso de daño, deterioro o cambio de parabrisas. En paralelo, el Municipio prevé la instalación progresiva de antenas lectoras o pórticos, que permitirán identificar los vehículos al paso.
Aunque estas estructuras no forman parte directa de la ordenanza, sí constituyen un componente clave de la fase de implementación.
Alex Pérez
“Es mucho más eficiente colocar antenas que desplegar cámaras lectoras de placas en toda la ciudad”, explicó Pérez, al detallar que esta tecnología permitirá conocer qué tipo de vehículos circulan por determinados puntos y horarios, información empleada para planificar el transporte, gestionar la congestión y controlar el tránsito. Entre sus aplicaciones se contempla el control automatizado de carriles exclusivos, como los del Trolebús o la Ecovía, así como la posibilidad de implementar peajes electrónicos tipo ‘free flow’ (flujo libre).
Sin embargo, tras las explicaciones técnicas, surgieron cuestionamientos desde el Concejo.
El edil Andrés Campaña advirtió que la aprobación de la ordenanza no implica una implementación inmediata ni automática del sistema. Señaló que existen disposiciones transitorias, normas técnicas pendientes y procesos de contratación pública que podrían extender los plazos previstos. Además, cuestionó que, sin una red suficiente de pórticos y antenas lectoras, el DEIV podría no alcanzar la efectividad que el Municipio promete, especialmente en el control del tránsito y la congestión vehicular.
La protección de datos personales ha sido uno de los puntos más sensibles del debate. Según Pérez, el texto cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y ha sido revisado en coordinación con la Superintendencia correspondiente.
En la misma línea, la concejal Analía Ledesma respaldó el uso de tecnología RFID bajo estándares internacionales ISO 18000-6C, al considerar que permitirá reducir errores humanos, discrecionalidad y mejorar la transparencia en los controles. No obstante, insistió en la necesidad de auditorías periódicas, protocolos claros de acceso y trazabilidad del uso de la información de los ciudadanos.
Ledesma recordó que Quito enfrenta un problema estructural de congestión: con cerca de tres millones de habitantes, la velocidad promedio de circulación es de apenas 21,1 km/h. Aunque los vehículos privados movilizan solo al 19 % de la población, generan una presión desproporcionada sobre el espacio vial, las emisiones y los tiempos de viaje. Según el Plan Maestro de Movilidad Sostenible 2023-2042, apenas el 0,6 % de los desplazamientos se realiza en bicicleta y el 14,8 % a pie, mientras el parque automotor continúa en crecimiento.
Analía Ledesma
Desde la Comisión de Movilidad, su presidente, Diego Garrido, explicó que el segundo debate incorpora principalmente ajustes de forma, ya que el contenido técnico fue desarrollado en el primer informe.
Destacó que el DEIV facilitará procesos como la matriculación, la revisión técnica, el control del ‘pico y placa’ y la identificación de vehículos robados.
Si la ordenanza es aprobada, entrará en vigencia de manera inmediata y habilitará jurídicamente a Movilidad para iniciar los procesos de contratación e implementación.
El cronograma dependerá de los tiempos de contratación pública, aunque el Municipio maneja un presupuesto aproximado de cuatro millones de dólares para la primera fase, que incluye la adquisición de alrededor de 600.000 dispositivos.
