Tasa de recolección de basura en Quito suma tercera demanda de inconstitucionalidad
Wilson Merino cuestionó el mecanismo de cálculo de la tasa de recolección de basura en Quito
El cobro de la tasa de recolección de basura (TRB) en Quito suma una nueva acción legal. La mañana de este 23 de febrero de 2026, el concejal Wilson Merino presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza que regula este tributo municipal.
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Merino llegó hasta la sede del máximo organismo de control constitucional, en el centro-norte de la capital, acompañado por representantes barriales. Alrededor de 50 dirigentes de distintos sectores de la ciudad suscribieron el documento, en respaldo a la acción legal.
Reclamos por incrementos de hasta el 300 %
Los cuestionamientos se intensificaron desde que la tasa empezó a cobrarse a través de la planilla de agua potable. Miles de ciudadanos han reportado incrementos considerados desproporcionados, en algunos casos superiores al 300 % en comparación con lo que pagaban antes.
Según el alcalde, Pabel Muñoz, la medida no afecta de forma generalizada a los usuarios. Señaló que la mitad de los contribuyentes paga lo mismo o menos que antes, mientras que la otra mitad registra aumentos.
De ese grupo, el 60 % cancela entre uno y cinco dólares adicionales; el 18 %, entre cinco y diez dólares más; y el 8 %, entre 10 y 15 dólares extra.
Argumentos de inconstitucionalidad
Merino cuestiona el mecanismo de cálculo. Menciona que utilizar el consumo de agua como variable para determinar el monto de la tasa rompe con el principio de causalidad o “provocación”, pues, según argumenta, no existe una relación directa entre los litros de agua consumidos y la cantidad de residuos generados.
El concejal explicó que durante el debate de la ordenanza ya advirtió sobre esta situación y que ahora solicita a la Corte que se garantice proporcionalidad y equivalencia entre el costo del servicio y el valor cobrado a los ciudadanos.
Protestas y más acciones legales
El malestar ciudadano también se expresó en las calles. El pasado 18 de febrero se realizó un plantón en la Plaza Grande, donde decenas de personas exigieron la revisión del cobro.
En el ámbito judicial, esta no es la única acción presentada. El concejal Michael Aulestia interpuso otra demanda de inconstitucionalidad ante la Corte y solicitó como medida cautelar la suspensión inmediata del cobro de la TRB en la planilla de agua potable mientras se analiza el caso.
Asimismo, el 13 de febrero de 2026, Byron Valdiviezo presentó una acción pública de inconstitucionalidad contra la ordenanza y pidió el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo como amicus curiae, al considerar que se trata de un cobro injusto que debe detenerse.
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