Reforma al Cootad será una de las leyes más demandadas, advierte Pabel Muñoz
Para Muñoz, la normativa destroza el sistema de educación municipal y de los servicios que brinda el Cabildo
La reciente aprobación de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) sigue generando reacciones en la capital y en distintos municipios del país.
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La normativa redefine los criterios para el uso de recursos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), con implicaciones directas en gasto corriente, inversión social y operación de servicios locales.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, cuestionó la reforma y anticipó acciones legales. “Será una de las leyes aprobadas que más demandas de inconstitucionalidad se presenten”, afirmó durante su intervención en la Copa Wambras, un evento deportivo impulsado por el Municipio.
Según el burgomaestre, la normativa “destroza el sistema de educación, de cultura y social, de los servicios que brinda el Municipio de Quito”.
Citó como ejemplo la Copa Wambras, que se financia a través de la denominada partida 78, mecanismo que permite realizar transferencias para determinadas actividades.
“Al eliminar la partida ya no se puede seguir desarrollando”, explicó. Añadió que en algunos casos el Municipio entrega implementos deportivos, lo cual también quedaría limitado.
Muñoz confirmó que el Cabildo capitalino presentará una demanda de inconstitucionalidad y señaló que usuarios de distintos servicios municipales se sumarán a la acción.
Según dijo, la Asamblea no recogió los criterios técnicos de quienes administran los territorios. “No se ha querido escuchar a quienes tenemos experiencia en administrar lo local”, enfatizó.
El 20 de febrero de 2026, su cuenta de X, el alcalde sostuvo que la reforma vulnera la autonomía municipal y contradice el modelo de descentralización previsto en la Constitución. Alertó que la nueva normativa afecta de manera directa a los gobiernos locales.
Educación y programas sociales en riesgo
Uno de los sectores que, según el Municipio, podría verse más afectado es la educación municipal. Al menos 27.000 estudiantes de unidades educativas de Quito dependerían de cómo se ajusten las nuevas reglas presupuestarias, especialmente en lo relativo a docentes y servicios complementarios como atención médica y psicológica.
El frente laboral es otro de los puntos sensibles. Se estima que alrededor de 5.000 trabajadores municipales podrían quedar fuera si se restringen partidas presupuestarias. Programas sociales como 60 y Piquito, Quito Wawas y los comedores comunitarios entrarían en una etapa de incertidumbre.
Salud y atención social bajo revisión
La red de salud municipal tampoco estaría exenta al impacto. Servicios gratuitos de atención primaria, unidades metropolitanas y programas de salud mental dependerán de la interpretación y aplicación de las nuevas disposiciones fiscales.
Asimismo, el Patronato Municipal San José, que atiende a más de 51.000 usuarios directos, podría enfrentar limitaciones. Sumando beneficiarios de educación gratuita, salud municipal y programas culturales, el número de personas potencialmente afectadas superaría las 250.000, según cifras municipales.
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