Pabel Muñoz sobre Ley de GAD: "El Municipio defenderá su autonomía"

Tras la reciente aprobación en la Asamblea Nacional de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, usó su cuenta de X para cuestionar el proyecto. 

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En la red social señaló que la ley afecta directamente a los gobiernos locales y, en particular, a la capital. Sostuvo que la reforma vulnera la autonomía municipal y contradice el modelo de descentralización previsto en la Constitución.

“Ecuador ha sido históricamente un país de tradición municipalista”, señaló el alcalde, quien advirtió que el Municipio defenderá sus competencias y los servicios dirigidos a los sectores más vulnerables.

¿Qué cambia con la reforma?

La reforma contempla la redefinición de los criterios para el uso de recursos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La reforma limita el margen para destinar fondos a gasto corriente, como salarios y operación de servicios, lo que, según autoridades locales, podría impactar en la continuidad de varios programas.

En el Municipio capitalino se habla de un posible “efecto dominó”. Uno de los sectores sensibles es la educación municipal: al menos 27.000 estudiantes de unidades educativas de Quito podrían verse afectados si se reduce el presupuesto para docentes y servicios complementarios como atención médica o psicológica.

También está en la mira el frente laboral. Se estima que alrededor de 5.000 trabajadores municipales podrían quedar fuera si se restringen partidas presupuestarias. Programas sociales como 60 y PiQuito, Quito Wawas o los comedores comunitarios entrarían en zona de incertidumbre.

La red de salud municipal tampoco estaría exenta. Servicios gratuitos de atención primaria, unidades metropolitanas y programas de salud mental dependerán de cómo se ajusten las nuevas reglas fiscales.

Otro punto crítico es el impacto en el Patronato Municipal San José, que atiende a más de 51.000 usuarios directos. Sumando beneficiarios de educación gratuita, salud municipal y programas culturales, la cifra podría superar las 250.000 personas.

Con la normativa ya vigente, el Municipio de Quito enfrenta el desafío de sostener su modelo de gestión social bajo un marco presupuestario más restrictivo. 

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