Reformas al Cootad pondrán a prueba la gestión social en Quito

La propuesta de reforma urgente al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), impulsada por el Gobierno, sigue generando cuestionamientos desde el Municipio de Quito. 

Te invitamos a leer: Paola Pabón sobre la reforma a los GAD: "Es un retorno a un centralismo más agresivo"

Las autoridades han advertido que el proyecto no solo limita la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), sino que pondría en riesgo la continuidad de servicios sociales esenciales que se brindan en la capital.

¿Qué plantea la ley urgente?

El proyecto establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deben destinar al menos el 70 % de su presupuesto total a inversión y servicios públicos, reservando el 30 % restante para gasto corriente, que incluye el pago de sueldos del personal municipal. 

Es importante señalar que los municipios cuentan con ingresos propios provenientes de impuestos, tasas y contribuciones, mientras que aproximadamente el 30 % de sus recursos corresponde a transferencias del Gobierno mediante el modelo de equidad territorial. 

La ley propone aplicar de manera general esta regla del 70 %-30 % a todos los recursos disponibles para los municipios, unificando así la distribución presupuestaria entre inversión y gasto corriente.

Desde el oficialismo se ha defendido la propuesta al señalar que responde a una preocupación del Estado: que los gobiernos locales estarían destinando la mayor parte de sus recursos al pago de salarios, en detrimento de la obra pública y la inversión.

Servicios sociales afectados 

Sin embargo, en el ámbito social la lectura es distinta. En la capital, la ejecución de buena parte de la política social municipal está a cargo de la Unidad Patronato Municipal San José (UPMSJ), entidad que en 2025 acompañó a más de 265.000 personas en situación de vulnerabilidad. 

Opera a través de 42 servicios directos, 92 en convenio con organizaciones de la sociedad civil y más de 600 puntos de atención en distintos sectores de la ciudad.

Patricio Benalcázar, director de servicios de protección y medios de vida de la UPMSJ, alerta que la reforma tendría un efecto inmediato sobre el talento humano que sostiene estos programas. Explica que actualmente parte del personal que trabaja en servicios de primera infancia, erradicación de trabajo infantil, atención a adultos mayores y jóvenes se financia como gasto de inversión, por estar vinculado a proyectos y programas específicos. Con la reforma, ese personal pasaría a contabilizarse como gasto corriente.

“Eso hace que el 70-30 no se pueda cumplir”, sostiene. De acuerdo con su criterio, la consecuencia directa sería la desvinculación de una “enorme cantidad” de servidores públicos. Solo en atención directa, más de 50.000 personas, entre niños, adultos mayores, jóvenes y otros grupos vulnerables, podrían quedarse sin servicios si no hay cuidadoras, trabajadoras sociales, psicólogos y facilitadores que operen los programas.

Benalcázar va más allá y alerta que, de aprobarse la ley, se vulneraría el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, que impide reducir o eliminar garantías ya alcanzadas.

La preocupación no es menor. Muchos de los programas sociales municipales no se traducen en infraestructura física visible, sino en acompañamiento psicosocial, prevención de violencia, protección de jóvenes, cuidado infantil y atención a adultos mayores. Estos rubros, aunque fundamentales para el tejido social, suelen clasificarse como gasto corriente necesario para el funcionamiento de los servicios.

Desde esta perspectiva, una reducción forzada del gasto corriente podría implicar el cierre de centros de atención, la disminución de cobertura en comedores comunitarios y la suspensión de programas de desarrollo integral.

¿Hay desinfomación en cuanto al alcance de la ley?

Pese a todo el debate que se ha generado, el concejal Michael Aulestia afirma que existe desinformación alrededor del proyecto. Dice que no se vería afectada la denominada “partida 7”, que incluye sueldos de profesores, facilitadores y personal de salud vinculado a proyectos de inversión social. “No es cierto que la inversión en lo social esté en riesgo”, señala, y asegura que los presupuestos de 2026 no comprometerán el pago de salarios en áreas como salud, educación o cultura.

Aulestia también cuestiona la ejecución presupuestaria del Municipio. Según sus datos, al 31 de diciembre de 2025 se dejaron de invertir 180 millones de dólares en gasto de inversión.

El concejal considera que la reforma busca normar el gasto corriente en personal administrativo y alinear la programación municipal al Plan Nacional de Desarrollo, especialmente en un contexto preelectoral. “Lo que se busca es ordenar el gasto”.

Pese a lo afirmado por Aulestia, Benalcázar sostiene que en el primer debate del proyecto no se incluía el grupo 7, que se utiliza para la contratación de personal; sin embargo, en el segundo debate ese grupo sí se vería afectado. Según explica, este grupo no se considera parte de la inversión.

En el caso del Patronato, se utilizan otras partidas, como la 78, pero tampoco se garantiza que estas puedan clasificarse como gasto de inversión, por lo que podrían pasar automáticamente a gasto corriente. 

La situación depende de cada partida presupuestaria: desde la 55 hasta la 80 incluyen elementos vinculados a la contratación de talento humano. Si estas partidas no se reconocen como inversión según la ley, su destino será directo al gasto corriente, lo que, advierte Benalcázar, constituye el verdadero problema.

Tras la aprobación del informe para segundo debate del proyecto, el alcalde Pabel Muñoz recalcó que la reforma podría provocar desatención a grupos vulnerables y despidos masivos. Solo en la capital, calcula un impacto de alrededor de 5.000 desvinculaciones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!