La reforma al COOTAD será impugnada: el caso llega a la Corte Constitucional

La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) fue aprobada por la mayoría legislativa de ADN en una sesión realizada en un recinto universitario en Samborondón. 

La decisión provocó rechazo de bloques opositores y organizaciones sociales, que cuestionan la falta de socialización y participación ciudadana en el trámite y anticipan una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

¿Qué cambia y por qué se cuestiona?

La reforma redefine criterios para el uso de recursos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), con efectos en gasto corriente, inversión social y operación de servicios locales. Las organizaciones advierten que el rediseño presupuestario podría limitar competencias y capacidades de gestión de municipios, prefecturas y juntas parroquiales, con impacto en servicios educativos, sociales y comunitarios administrados por gobiernos seccionales.

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En un comunicado difundido el 20 de febrero, la Bancada de la Revolución Ciudadana calificó la ley como “abiertamente inconstitucional”, alegando que fue aprobada “sin socialización, sin participación ciudadana y sin escuchar a los gobiernos autónomos”. El texto sostiene que “pierde el Ecuador entero” porque –según su postura– se debilita la autonomía local y “se concentra el poder”, lo que afectaría el modelo de Estado descentralizado y la gestión territorial cercana a la gente. El bloque anticipó que promoverá acciones legales para frenar la norma.

La Unión Nacional de Educadores (UNE), en otro comunicado del 20 de febrero, rechazó la reforma al COOTAD por considerar que, bajo el argumento de “eficiencia del gasto”, reclasifica y limita el uso de recursos de los GAD, con potencial afectación al presupuesto destinado a educación municipal, centros infantiles y proyectos sociales. 

La UNE advirtió riesgos para docentes, personal administrativo y servicios de apoyo, y anunció movilizaciones así como la presentación de una demanda de inconstitucionalidad una vez que la ley sea publicada en el Registro Oficial.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, publicó un pronunciamiento en el que cuestiona el proceso y el contenido de la reforma: “Sin socialización ni participación ciudadana, y encerrados en una universidad en Samborondón, los asambleístas de ADN han aprobado una ley que atenta contra la lucha de varios líderes nacionales que, desde sus territorios, pelearon por la autonomía y la descentralización. Quienes pierden hoy no son los prefectos o los alcaldes; pierde el país. Sin embargo, esto no ha terminado: nos veremos en la Corte Constitucional, porque demandaremos la inconstitucionalidad de esta ley. Ojalá ahí Centeno y los suyos den la cara”.

Lo que viene: la vía constitucional

Los actores que rechazan la reforma anticipan una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, donde se evaluará:

• Si el trámite legislativo cumplió con estándares de participación y deliberación.
• La compatibilidad de la reforma con el principio de autonomía de los GAD y el modelo de descentralización previsto en la Constitución.
• Eventuales efectos sobre competencias y financiamiento del nivel local.

Mientras la oposición prepara su estrategia jurídica y agenda de movilizaciones, el oficialismo sostiene que los cambios buscan ordenar el gasto y mejorar la eficiencia en la administración territorial. Hasta el momento, no se ha anunciado un calendario oficial de implementación, a la espera de la publicación de la norma y de los posibles recursos que se interpongan ante el máximo tribunal constitucional.

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