Sistema de Recaudo de Quito: concejal Campaña advierte posible perjuicio económico

El concejal  Andrés Campaña acudió este miércoles 17 de diciembre de 2025 a la Contraloría General del Estado para solicitar formalmente la realización de un examen especial al Sistema de Recaudo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

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La petición se fundamenta, según explicó, en la presunta evasión de los procesos de contratación pública y en la reiteración de mecanismos irregulares ya observados en otros proyectos municipales de alto costo.

Durante su pronunciamiento ante medios de comunicación, Campaña sostuvo que las irregularidades detectadas en el Sistema de Recaudo siguen el mismo patrón que, a su criterio, se aplicó en procesos como el Metro de Quito, la adquisición de los trolebuses y la compra de camiones recolectores de basura por parte de EMASEO EP.

“Desde el año 2024 venimos trabajando en la fiscalización de una serie de procesos en los cuales ya evidenciábamos la evasión de la contratación pública”, afirmó el concejal, al tiempo que rechazó que estas denuncias respondan a intereses electorales. “Estos procesos se iniciaron hace años atrás, no al calor de las próximas elecciones”, señaló, en referencia al anuncio del alcalde Pabel Muñoz sobre una eventual candidatura a la reelección.

Presuntas irregularidades en contratación pública

Campaña explicó que, pese a la inversión de cuantiosos recursos municipales, varios contratos no habrían cumplido con las etapas que exige la ley. Entre las principales observaciones mencionó la ausencia de publicación en el portal del SERCOP, la falta de fases de preguntas y aclaraciones, la inexistencia de presentación de ofertas técnicas y económicas y la no selección de la mejor propuesta en función de los intereses de la ciudad.

Según el concejal, en estos procesos se habría utilizado de manera reiterada a intermediarios internacionales que actuaron como contraparte para realizar las contrataciones, sin que exista un concurso público en el sistema nacional de compras públicas.

Informes con indicios de responsabilidad penal

Campaña recordó que ya existen dos informes emitidos por la Contraloría General del Estado. El primero corresponde al Metro de Quito, en el que se identificó un presunto perjuicio económico de aproximadamente 6 millones de dólares y se establecieron indicios de responsabilidad penal.

El segundo informe, publicado la semana pasada, está relacionado con la compra de 60 trolebuses para el sistema de transporte municipal. En este caso, detalló que se determinó una multa de 80 mil dólares, responsabilidades administrativas, una glosa de 2,5 millones de dólares, responsabilidades civiles e indicios de responsabilidad penal. Entre los señalados constan el alcalde Pabel Muñoz, miembros del directorio de la Empresa de Transporte de Pasajeros de Quito y varios funcionarios municipales.

Compra de camiones de basura y nuevos procesos observados

El concejal informó que en septiembre de 2025 se solicitó a la Contraloría un examen especial adicional a la compra de camiones recolectores de basura y contenedores por parte de EMASEO EP, por un monto aproximado de 5 millones de dólares. La Contraloría confirmó en octubre que el examen especial ya se encuentra en ejecución.

Campaña alertó que los camiones, adquiridos recientemente, comenzaron a presentar fallas desde mayo de 2025, hasta llegar a un punto en el que ninguno de los vehículos nuevos se encontraba operativo. “Este sería el tercer examen especial en camino”, precisó.

Además, señaló que existen otros contratos bajo observación en la Secretaría de Movilidad y en la Empresa de Transporte de Pasajeros, que en conjunto sumarían cerca de 68 millones de dólares invertidos bajo esquemas que, según dijo, evidencian evasión de la contratación pública y posibles actos de peculado.

Rol de intermediarios internacionales

Entre los casos señalados, Campaña mencionó la participación de organismos internacionales como UNOPS y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como intermediarios en las contrataciones. Detalló que, en varios contratos, el aporte de estas entidades fue mínimo o inexistente, mientras que el Municipio financió más del 99 % de los proyectos.

Como ejemplo, citó el contrato para el sistema integrado de recaudo y equipamiento de paradas por 15,5 millones de dólares, en el que el PNUD aportó apenas 15 mil dólares y recibió una comisión del 4 %, porcentaje que la Contraloría ya habría calificado como ilegal en otros procesos. Situaciones similares, dijo, se repiten en proyectos de sistemas inteligentes de transporte y en la compra de camiones recolectores, donde incluso no existió ningún aporte internacional.

Posibles delitos y consecuencias penales

El concejal sostuvo que la normativa ecuatoriana permite la contratación con organismos internacionales únicamente cuando existe financiamiento externo superior al 51 % del monto total del proyecto, condición que —según afirmó— no se cumple en los casos denunciados.

“Estamos hablando de evasión de los procesos de contratación pública, del pago de comisiones ilegales y de indicios de responsabilidad penal por peculado”, enfatizó Campaña, al recordar que este delito está sancionado en Ecuador con penas privativas de libertad de entre 10 y 13 años.

Finalmente, indicó que los informes ya emitidos por la Contraloría continuarán su trámite en la Fiscalía General del Estado y expresó su expectativa de que el organismo de control actúe con celeridad frente a las denuncias presentadas. “Aquí hay un perjuicio directo a la ciudad y a las familias quiteñas que pagan sus impuestos para recibir servicios y obras públicas eficientes”, concluyó.

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