Quito alerta por 70 procesos detenidos y riesgo en el Complejo Ambiental
El Concejo Metropolitano analizó los efectos de la paralización de procesos que impactan al Complejo Ambiental.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, advirtió que 70 procesos de contratación municipal permanecen paralizados en el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), una situación que, según dijo, pone en riesgo la ejecución de obras y la prestación de servicios esenciales para la ciudad, entre ellos el manejo de los residuos sólidos.
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La alerta se dio este 16 de diciembre durante la sesión del Concejo Metropolitano, en el marco de la presentación del estado actual del cubeto 11 del Relleno Sanitario de El Inga, donde la Empresa Pública Metropolitana para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS) informó que cinco procesos detenidos han retrasado el avance del nuevo Complejo Ambiental.
“El problema no es una serenata ni las fiestas de Quito; son 70 procesos, muchos de ellos vitales para la ciudad. Esto no afecta al alcalde, afecta a la seguridad sanitaria”, señaló Muñoz, al cuestionar la falta de respuestas oportunas por parte del SERCOP. Recordó que la nueva Ley de Contratación Pública y su reglamento establecen un plazo máximo de 15 días para emitir pronunciamientos, tras lo cual los procesos deberían quedar habilitados.
Posible declaratoria de emergencia
Durante la misma sesión, el alcalde advirtió que, ante la falta de respuesta del SERCOP, el Municipio podría verse obligado a declarar una emergencia para continuar con los procesos contractuales relacionados con servicios críticos. Aclaró que esta decisión no respondería a criterios administrativos, sino a condiciones reales de riesgo, como la posibilidad de que el cubeto 11 alcance su límite de capacidad.
EMGIRS insiste sin respuesta
El gerente de EMGIRS, Santiago Andrade, ratificó que todas las observaciones técnicas ya fueron respondidas, pero que hasta el momento no existe una contestación oficial. “Hemos enviado cinco insistencias y no tenemos respuesta. No estamos negando el sistema de control, pero ya ha pasado un tiempo suficiente”, afirmó.
Ante este escenario, Andrade informó que se activó un plan de contingencia, conocido por el Concejo Metropolitano, que permitirá garantizar la disposición de residuos y extender la vida útil del cubeto 11 hasta diciembre de 2026, además de ejecutar la readecuación del cubeto 10.
Como parte de las acciones preventivas, explicó que en 2027 se prevé la construcción de una celda de transición, con una vida útil aproximada de seis meses. Esta infraestructura permitirá asegurar el manejo adecuado de los residuos mientras se concretan nuevos procesos de contratación. “La idea es dejar lista la celda emergente y un nuevo proceso con continuidad, para asegurar la disposición final hasta 2028”, indicó.
Traba legal y operativa
Desde el área jurídica de EMGIRS, la coordinadora Yessenia Venegas recordó que el artículo 432 del reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública establece que el SERCOP tiene 15 días para pronunciarse desde la presentación de los descargos. “Si no hay respuesta en ese plazo, la entidad contratante queda legalmente habilitada para continuar el proceso”, explicó.
Sin embargo, señaló que persiste un problema operativo, ya que el sistema informático del SERCOP no ha levantado la suspensión, lo que impide avanzar. Añadió que se envió una última comunicación a la máxima autoridad del SERCOP como nueva insistencia.
Falta de seguridad jurídica
La concejala Diana Cruz sostuvo que los retrasos reflejan una falta de seguridad jurídica que afecta la ejecución de obras estratégicas para la ciudad, por lo que propuso una resolución del Concejo Metropolitano para exhortar al SERCOP a habilitar los procesos de contratación pendientes.
Finalmente, el Municipio informó que el nuevo Complejo Ambiental de Quito se encuentra en fase de prefactibilidad. Se prevé que los estudios técnicos, los pliegos y la minuta contractual estén listos entre febrero y marzo de 2027, con el objetivo de dejar el proceso encaminado para la siguiente administración.
El proyecto cuenta con un esquema de financiamiento compartido, en el que el 51 % de los estudios es cubierto por cooperación internacional y el porcentaje restante por la empresa encargada de la asistencia técnica.
