Sin respuestas judiciales por los hundimientos en Solanda por el metro de Quito

Han pasado ocho años desde que la estación del Metro se levantó en Solanda, en el sur de Quito, y los vecinos aseguran que desde entonces sus casas empezaron a cuartearse. Dos años después de la entrada en operación del sistema de transporte subterráneo, las administraciones de turno no han dado una solución definitiva. 

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El 2 de septiembre de 2025 se cumplirá un año desde que la Empresa Metro de Quito demandó a la aseguradora responsable de la póliza que debía cubrir los daños, pero los moradores afirman que el proceso judicial avanza con lentitud desesperante.

Rosario López, presidenta del Comité Promejoras de Solanda, recalca que la incertidumbre es total. Hace dos años empezó a funcionar el Metro y hasta la fecha no se les ha dado solución para las casas dañadas. “Se presentó una demanda contra la aseguradora, pero desde entonces no sabemos nada. No hay información de si la póliza se activará o no. Exigimos al alcalde respuestas claras, porque somos 400 familias afectadas”, añade.

La demanda fue presentada en Guayaquil, ciudad en la que tiene domicilio la aseguradora, lo que ha dificultado el seguimiento por parte de los vecinos. Mientras tanto, las casas continúan agrietándose y, como medida provisional, el Municipio colocó tablas de triplex en algunas viviendas para sostener paredes y columnas. López lo califica como un “parche” que no resuelve la emergencia.

Los moradores advierten que, de no recibir una respuesta, realizarán plantones frente al Municipio. 

Casas abandonadas por las grietas

La desesperación aumenta: hay más de 70 casas abandonadas, otras sostenidas apenas por vigas improvisadas y familias que no tienen recursos para arrendar en otro lugar. “Dependemos de la decisión de los jueces, pero ya no aguantamos el silencio”, reclama López.

EXPRESO recorrió los sectores 1 y 4 del barrio y constató el deterioro de las viviendas. Los vecinos atribuyen el hundimiento de suelos, inclinación de techos y aparición de grietas a la construcción del Metro, en 2017. Según sus estimaciones, cerca de 400 familias han resultado directamente afectadas.

Inés Naula, quien vive en la intersección de la calle Juan Barreto, recuerda cómo las paredes de su casa de dos pisos empezaron a cuartearse apenas se iniciaron las excavaciones. “En 2023 el Municipio vino, colocó triplex en las paredes y nunca más regresaron. Como si tapando las grietas el problema se resolviera. Mi casa ahora sostiene la vivienda de mi vecina, que también se está inclinando”, dice angustiada.

A su lado, Jaime Moreta, un adulto mayor, trata de ocultar con cuadros decorativos las grietas que atraviesan sus paredes. Reconoce que aprendió a vivir con la angustia: “No tenemos dinero para irnos. Aquí seguimos, viendo cómo las casas se hunden”. Ambos coinciden en que están cansados de reuniones y promesas incumplidas.

El tiempo apremia. El alcalde Pabel Muñoz está por culminar su administración y los moradores señalan que no ha habido avances. EXPRESO buscó una respuesta de la Empresa Metro de Quito, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo contestación.

Proceso estancado

El Municipio, el 2 de septiembre de 2024, presentó una demanda civil en Guayaquil contra la aseguradora que debía cubrir los daños. La póliza asciende a 50 millones de dólares. Sin embargo, los vecinos aseguran que el trámite judicial no ha mostrado resultados.

Fernando Proaño, director jurídico del Comité Ejecutivo de Solanda, critica la lentitud del sistema judicial: “Ya va a cumplirse un año de la demanda y no hay ningún avance. La justicia en nuestro país es lenta; mientras tanto, las casas se siguen hundiendo. Los afectados son familias vulnerables que no tienen adónde ir.”

La abogada María Gabriela Brito, representante de 65 familias, explica que han presentado acciones legales por la vía contencioso-administrativa y civil, pero las trabas judiciales han impedido progresar.

“Hace cuatro años que se iniciaron procesos por daños y perjuicios, y apenas en abril de este año se tomaron versiones de los vecinos. Hay casas destruidas, personas enfermas y hasta fallecimientos relacionados con las condiciones precarias en las que viven los afectados. Pese a que existe una póliza, nadie quiere asumir la responsabilidad”, señala.

El concejal Fidel Chamba se suma a las críticas. Considera que el Municipio debe dar una solución preventiva inmediata y no esperar a que el proceso judicial avance. “No podemos dejar que las familias sigan en riesgo mientras se ventila la demanda. Voy a reiniciar un proceso de fiscalización porque no se ha entregado información sobre los avances”, anticipa.

La abogada Brito explicó que la póliza, con un límite de 50 millones de dólares, podría perderse si no se actúa conforme a la Constitución y al Código de Comercio. Señala que la aseguradora y la Superintendencia han negado el reclamo sin la debida motivación legal, invocando normas que no corresponden, pese a que la póliza es un contrato regido por la libre voluntad de las partes.

Fernando Chamba, otro de los dirigentes barriales, cuestiona la estrategia legal adoptada por el Municipio: “Fue un tiro al aire. Va a cumplirse un año y no ha pasado nada. No es cierto que exista una cláusula de confidencialidad que impida revelar información. Mientras tanto, seguimos en el limbo, sin soluciones.”

Los dirigentes piden la intervención de la Contraloría General del Estado y del presidente Daniel Noboa.

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