Sector turístico reporta incremento de planillas de agua por tasa de basura en Quito
Los incrementos oscilan entre el 100% y el 300% en el caso del Centro Histórico
El malestar por el incremento en la planilla de agua potable tras la inclusión de la tasa de recolección de basura (TRB) ya no solo proviene de barrios y ciudadanos. El sector hotelero de Quito se sumó a los reclamos y advierte que el nuevo esquema de cobro golpea a una actividad que, aseguran, aún no se recupera.
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En entrevista con Teleamazonas, Nicolás Cervantes, presidente de Pymes Turísticos, señaló que la ocupación hotelera se mantiene baja y que el cobro no es equitativo. Y si bien existen categorías de hoteles, paga lo mismo un hotel cinco estrellas que un hostal, por lo que advirtió que el impacto es mayor para los negocios pequeños y medianos.
Desde el Centro Histórico, Lenín Campaña, presidente de la Asociación de Hostales y Hoteles del sector, afirmó que el turismo ha sido uno de los sectores más golpeados en los últimos años.
A su criterio, no existen suficientes incentivos desde Quito Turismo para atraer visitantes, y ahora enfrentan incrementos que, aseguró, oscilan entre el 100% y el 300% en sus planillas.
Además del impacto económico, al gremio le preocupa que la falta de pago pueda derivar en afectaciones al suministro de agua, un servicio esencial para su operación diaria.
Por ello, respaldan las demandas de inconstitucionalidad presentadas por concejales capitalinos y piden la instalación de mesas de trabajo para buscar una alternativa que no perjudique ni al sector ni a los ciudadanos.
Tres acciones legales en curso
El cobro de la tasa de recolección de basura acumula ya tres acciones legales. El 23 de febrero de 2026, el concejal Wilson Merino acudió a la Corte Constitucional, en el centro-norte de Quito, para presentar una demanda de inconstitucionalidad. Lo hizo junto a 50 representantes barriales que respaldaron el documento.
Merino sostuvo que durante el debate de la ordenanza advirtió posibles inconsistencias y ahora solicita que se garanticen los principios de proporcionalidad y equivalencia entre el costo real del servicio y el valor que pagan los ciudadanos.
Un día antes, el 22 de febrero, el concejal Michael Aulestia presentó otra demanda ante la misma Corte y pidió como medida cautelar la suspensión inmediata del cobro mientras se analiza el caso.
Previamente, el 13 de febrero de 2026, el ciudadano Byron Valdiviezo interpuso una acción pública de inconstitucionalidad y solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo como amicus curiae, al considerar que se trata de un cobro injusto que debe ser frenado.
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