Blue Town: estas son las decisiones que no cierran el conflicto en Puerto Azul

El conflicto entre la constructora Shiva y el comité de la urbanización Puerto Azul, en la vía a la costa, se intensifica en torno al desarrollo del proyecto inmobiliario Blue Town Center, una obra que ha generado disputas técnicas, legales y comunitarias en los últimos meses.

El proyecto, impulsado por la empresa privada, contempla la construcción de un complejo comercial y de servicios en las inmediaciones de la vía a la costa. Desde su anuncio, residentes de Puerto Azul han expresado preocupaciones por posibles impactos en la movilidad, el entorno y la seguridad de la urbanización.

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Uno de los principales puntos de controversia es la presencia de agua en el subsuelo del terreno. Mientras moradores sostienen que se trata de un acuífero que debe ser protegido, la constructora, respaldada en informes técnicos, afirma que corresponde a escorrentía superficial producto de lluvias, sin categoría de cuerpo hídrico protegido.

Sin embargo, los residentes han advertido sobre riesgos estructurales, como posibles afectaciones a viviendas cercanas, así como un eventual “efecto represa” por rellenos en el terreno. También han cuestionado el impacto en la infraestructura vial y el uso de calles internas de la urbanización.

Blue Town: La obra se iniciará de inmediato

Por su parte, la constructora Shiva sostiene que el proyecto cuenta con los permisos correspondientes y que ha superado los procesos administrativos en distintas instancias, incluido el Municipio de Guayaquil, la Prefectura y el Ministerio del Ambiente.

Este martes 17 de marzo, el abogado de Shiva, Andrés Ortiz, afirmó que el Municipio negó un recurso presentado por el comité de Puerto Azul y que, tras superar las acciones en contra del proyecto y levantarse medidas de suspensión, la obra se iniciaría de inmediato.

Sin embargo, el comité de Puerto Azul sostiene una interpretación distinta de esa resolución. Según su pronunciamiento, la decisión municipal no habilita la ejecución de obras, sino que se limita a ratificar la validez del registro de construcción, sin autorizar intervenciones específicas fuera del predio del proyecto.

Los moradores argumentan que acciones como la demolición del muro perimetral, la reubicación de garitas o el uso de calles internas requieren su autorización expresa, al tratarse de propiedad privada consolidada. Por ello, advierten que cualquier intervención sin ese aval podría derivar en acciones legales.

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