Revocatoria fallida contra Pabel Muñoz golpea la participación ciudadana

El proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, que en su momento generó expectativas entre diversos sectores, culminó en un abrupto desenlace que dejó un sabor amargo entre quienes participaron activamente en la recolección de firmas y respaldaron la iniciativa, pero también debilita un mecanismo de participación ciudadana.

Te invitamos a leer: Revocatoria a Muñoz: Marroquín pide al CNE que no revise y devuelva los formularios

El promotor, Néstor Marroquín, anunció el último día del plazo otorgado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no entregaría los 47.000 formularios que aseguró recolectó desde abril. Argumentó que su decisión se debía a la intención de proteger a los voluntarios, evitando exponerlos a eventuales procesos penales si alguna de las firmas no cumplía con los requisitos de validez.

Pero la explicación no ha sido suficiente para los ciudadanos que participaron, ni para los colectivos que se adhirieron a la propuesta. Por el contrario, ha provocado críticas por la falta de transparencia y responsabilidad en la conducción del proceso.

Según los datos proporcionados por Marroquín, se imprimieron 60.000 formularios, equivalentes a 480.000 registros. De esos, 11.750 (unas 94.000 firmas) cuentan con la certificación requerida por el CNE: una declaración juramentada de quien recoge la rúbrica que asume responsabilidad civil y penal por la autenticidad de las mismas. En cambio, cerca de 47.000 formularios, con aproximadamente 376.000 firmas, no cuentan con dicho requisito.

A pesar de contar con un número importante de formularios llenos, Marroquín decidió no entregar ninguno, argumentando que la falta de certificación podría acarrear sanciones a los voluntarios.

Cuestionamientos al promotor de la revocatoria

Sin embargo, para Carolina Moreno, quien participó activamente en la recolección de apoyos, esa justificación no es válida. “Él debió entregar al menos los formularios que sí tenían ese requisito. Nosotros firmamos con un consentimiento específico, y eso se sabía desde el inicio. No puede guardarse esos documentos como si fueran de su propiedad”, cuestionó.

Moreno considera que el accionar del abogado es una falta de respeto a la ciudadanía, y que el CNE debe determinar si son válidas o no esas firmas.

La sensación de que se ‘tomó el pelo’ a quienes apoyaron la revocatoria es compartida por Humberto Lema, representante de Barrios Unidos por el Buen Vivir, quien calificó el accionar de Marroquín como “una burla a la ciudad”.

“No hay obras relevantes, no hay liderazgo, la ciudad está abandonada. Muchos vecinos firmaron con esperanza. Ahora, después de meses de trabajo, inversión de tiempo y dinero, nos dicen que no se va a entregar nada. Esto destruye la confianza”, expresó.

Lema también hizo un llamado al alcalde para que asuma su responsabilidad: “Ya lleva más de dos años. Es momento de que haga un mea culpa, escuche a los ciudadanos y trabaje por todos, no solo para ciertos sectores”.

Para Pabel Muñoz, en cambio, el proceso no avanzó porque carecía de sustento y respaldo ciudadano. A su juicio, el mecanismo solo tiene sentido cuando hay un incumplimiento de funciones, algo que, asegura, no aplica en su caso.

Un tema pendiente en el CNE

Si bien es evidente que no se cumplió con el requisito de las firmas, el CNE debía verificar las más de 4.000 que recibieron en junio, pero Marroquín pidió el 6 de octubre que le devuelvan los formularios. Luis Bravo, coordinador nacional de Participación y Organizaciones Políticas, aseguró que es la primera vez que ocurre algo así y pidió el criterio de la Dirección Jurídica, que hasta este 7 de octubre no se pronunciaba.

Mecanismos de participación ciudadana debilitados

Pero el impacto del fallido intento va más allá de lo técnico. Para el analista político, Leonardo Laso, este desenlace debilita los mecanismos de participación ciudadana y afecta la confianza en la democracia.

Señala que no se haya concretado el proceso es perjudicial para quienes firmaron y se genera la percepción de que participar no sirve de nada. Eso frustra y desmotiva la acción cívica. Pero también, lejos de debilitar al alcalde, lo fortalece políticamente. “Ahora puede decir que intentaron sacarlo y fracasaron”, dice Laso.

El analista también cuestiona la estrategia del promotor: “Desde el primer día se sabía que se necesitaba la declaración juramentada. ¿Por qué entonces se recogieron formularios sin ella? Me parece un mal uso del mecanismo y una falta de respeto a la ciudadanía”.

Mónica Jaramillo, experta en Derecho Electoral y presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, advirtió sobre posibles riesgos en el manejo de los datos recopilados durante el proceso. 

Recordó que para la revocatoria se habilitó el sitio web ‘Chao Pabel’ y se solicitó la cédula, correo y número de celular. “¿Dónde está ahora esa base de datos? ¿Con quién? ¿Qué garantía hay de que no se usará con otros fines?”, se pregunta.

Indica que es importante que los ciudadanos que se sientan afectados lo denuncien en la Superintendencia de Protección de Datos Personales.

Jaramillo subrayó que la revocatoria es un mecanismo válido y legítimo, pero tiene que ser llevado con responsabilidad, ética y transparencia. “No se puede jugar con la voluntad de miles de personas. Este proceso deja muchas lecciones, pero también una gran decepción”. 

Agrega que con este antecedente, la credibilidad de quienes sí trabajan por generar procesos de participación ciudadana, queda en duda.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!