Alcalde de Quito alerta impactos sociales por reforma económica al Cootad
Muñoz advierte que la propuesta del Ejecutivo redefiniría la inversión municipal, afectaría colegios y programas sociales
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció este lunes sobre la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), impulsada por el Ejecutivo como proyecto de ley económico urgente, y advirtió que la propuesta presenta indicios de inconstitucionalidad y graves impactos para los gobiernos locales.
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Reforma del Ejecutivo al Cootad afectaría educación y empleo municipal en Quito
Durante su intervención en el programa Frecuencia Quiteña, Muñoz explicó que la iniciativa plantea que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) destinen progresivamente al menos el 70 % de su presupuesto a inversión, mantenimiento y obra pública, mientras limita el gasto corriente al 30 %.
Según el Alcalde, la normativa impone una regla fiscal que el propio Gobierno Nacional no se aplica. “Tiene grandes indicios de inconstitucionalidad. El presupuesto de los GAD responde a su planificación, no a decisiones del Gobierno central”, señaló.
Muñoz también cuestionó el carácter urgente del proyecto, actualmente en análisis en la Asamblea Nacional, al señalar que, de aprobarse, entraría en vigencia recién en 2027. “Una ley que se aplicaría el próximo año evidentemente no es urgente”, afirmó.
Uno de los puntos más críticos, a decir del burgomaestre, es la modificación del concepto de inversión, que sería más amplio para el Gobierno Nacional y restrictivo para municipios, prefecturas y juntas parroquiales. “Rompe preceptos constitucionales y legales”, sostuvo.
El alcalde explicó que, bajo esta reforma, la inversión municipal podría limitarse únicamente a infraestructura física. “Construir una escuela sería inversión, pero sostenerla ya no. No nos permitirían contratar estudios ni profesionales, solo hacer la obra”, advirtió.
Ley restringiría inversión municipal solo a infraestructura física
Este escenario tendría consecuencias directas para Quito, que administra 20 unidades educativas municipales y 13 Centros Municipales de Educación Inicial (CEMEI). Muñoz alertó que, de aplicarse la ley como está planteada, se podría forzar el cierre de estas instituciones. “¿Se imaginan lo que significaría cerrar el Colegio Benalcázar o las unidades Eugenio Espejo y Sucre? Eso sería una barbaridad”, enfatizó.
Además, el Alcalde sostuvo que la reforma vulnera la autonomía de los gobiernos locales, principio garantizado por la Constitución, y que sus efectos recaerían directamente en la ciudadanía. Señaló que se verían afectados servicios de educación, salud y atención social, incluidos programas como el Patronato Municipal San José, 60 y Piquito y Quito Wawas, que atienden a más de 5.000 niñas y niños en el Distrito Metropolitano de Quito.
Finalmente, Muñoz advirtió sobre el impacto laboral de la propuesta. “Sería equivalente a botar a 5.000 funcionarios a la calle. Quito no va a hacer eso”, aseguró, al tiempo que alertó que esta reforma podría convertirse en un riesgo para todos los gobiernos locales del país.
