Polémica por construcción en Quito: Municipio reactivó licencia en zona de riesgo
La SOT sancionó al Municipio de Quito por reactivar la licencia de construcción en una zona propensa a deslizamientos
El Municipio de Quito está de nuevo en el ojo de la tormenta por la reactivación de un permiso de construcción en una zona catalogada como de alto riesgo.
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La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT) sancionó nuevamente al cabildo por reincidir en una infracción administrativa, luego de que se emitiera un acto que devolvió la vigencia a una Licencia Metropolitana Urbanística de edificación (LMU20) en un predio ubicado en Bellavista (norte), pese a advertencias técnicas y prohibiciones normativas expresas.
La sanción fue emitida el pasado 30 de enero de 2026 y el caso se conoció el martes. El organismo de control determinó que el Municipio incurrió en reincidencia al reactivar la licencia, a pesar de que ya existía una resolución previa que sancionaba este tipo de actuaciones y advertía sobre los riesgos que implicaba autorizar la construcción en ese sector residencial.
Según la SOT, el 50 % de su superficie se localiza sobre un relleno de quebrada, con un talud artificial de pendiente superior al 70 %, lo que compromete gravemente la estabilidad del terreno.
El Concejo no trat´´o el tema
El tema llegó al Concejo tras un pedido del edil Bernardo Abad, quien solicitó modificar el orden del día de la última sesión para que varias dependencias municipales expliquen cómo se volvió a habilitar la licencia. El funcionario pidió la comparecencia de la Administración Zonal Eugenio Espejo, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Procuraduría.
Su objetivo era conocer el estado actual de la licencia, la situación de riesgo del sector y los procedimientos administrativos sancionadores contra los promotores del proyecto. Sin embargo, la propuesta no fue aprobada: solo siete concejales votaron a favor y 11 se abstuvieron.
Observaciones se emitieron desde 2017
El conflicto se remonta a 2017, cuando la AMC realizó una primera inspección y detectó que el proyecto se ejecutaba sin licencia de construcción, por lo que se dispuso la suspensión de la obra. En 2018, el propietario inició un proceso de regularización, pero en 2019 se ratificó la paralización.
Luego, en 2022, un informe de la Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos determinó que el proyecto presenta un nivel de riesgo frente a fenómenos naturales, catalogado como alto para movimientos en masa, y se dejó constancia del incumplimiento de la normativa metropolitana relacionada con construcciones sismorresistentes.
Con estos antecedentes, la SOT intervino y declaró la responsabilidad del Municipio por emitir actos administrativos y normativos de ordenamiento territorial al otorgar la licencia a un proyecto que representaba un alto riesgo. En 2023, se impuso una multa de $ 45.000.
Paralelamente, en 2024, el propietario del predio presentó una acción de protección contra el Municipio y la AMC. En abril de 2025, una jueza determinó que no existió vulneración de derechos y rechazó la demanda, dando la razón a la administración municipal.
Se reactivó la licencia, pese a informes y sanción
Pese a ello, en septiembre de 2025, la SOT abrió un nuevo proceso contra el Municipio de Quito porque reactivó una licencia caducada, aunque ya había una resolución previa. En enero de 2026 se emitió la sanción al Cabildo.
En su informe, la entidad estatal señaló que la actuación del Municipio constituyó “un nuevo acto administrativo, distinto al emitido y sancionado en 2023”, lo que configura reincidencia según la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.
Abad recordó que fiscaliza el caso desde mayo de 2023 y que incluso envió un oficio a la Secretaría de Seguridad sin recibir respuesta. Durante la última sesión del Concejo, cuestionó qué cambió para que una licencia negada por riesgo vuelva a ser habilitada. “¿Qué pasó?, ¿quién intervino para que eso cambie y se autorice la construcción?”, preguntó.
¿Hubo presiones para reactivar la licencia?
La concejala Analía Ledesma, quien sigue el caso desde 2022, también expresó su preocupación. A su criterio, lo grave no es solo el riesgo del proyecto, sino las razones detrás de la reactivación de la licencia. Aseguró que ha solicitado información en reiteradas ocasiones a la Procuraduría sin obtener respuesta y advirtió que se presume la existencia de presiones de altos funcionarios para permitir la continuidad de la obra.
En la misma línea, el concejal Andrés Campaña, quien actuó como amicus curiae, señaló que el caso “raya contra toda lógica”, al considerar que existen dos sanciones de la SOT y una sentencia judicial que advertían sobre los riesgos. Recordó que la Superintendencia impuso una nueva multa de $ 48.200 al Municipio por reincidir en la entrega de la licencia.
Tras la negativa de la mayoría de ediles para tratar el tema, Fernanda Racines, vicealcaldesa que presidió la sesión del martes, señaló que hay el compromiso del alcalde, Pabel Muñoz, de recopilar la información necesaria y abordar el punto en la próxima sesión del Concejo.
Por su parte, como medidas de reparación, la SOT dispuso que el Municipio realice una evaluación técnica y jurídica del procedimiento de reactivación de la licencia y, de encontrarse vicios de legalidad, declare su nulidad. También ordenó que se analice, de ser procedente, el inicio de un proceso de derrocamiento e indemnización, respetando el debido proceso.
Finalmente, ante las omisiones detectadas y la reincidencia en la reactivación irregular de la licencia, la Superintendencia dispuso el traslado del expediente a la Contraloría General del Estado para que determine posibles responsabilidades de los servidores municipales involucrados.
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