Pabel Muñoz advierte posibles despidos, pero destina $1,5 millones a publicidad
El Municipio de Quito asignó $ 1,5 millones para el servicio de pautaje y publicidad.
El Municipio de Quito inició un nuevo proceso de contratación bajo la modalidad de régimen especial para el “Servicio de pautaje y publicidad para comunicar la gestión institucional”, con un presupuesto referencial de $ 1.500.000 más IVA, según consta en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
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Municipio de Quito destina USD 1,5 millones a publicidad institucional
De acuerdo con la documentación oficial, el objetivo principal del contrato es informar de forma adecuada y oportuna a la ciudadanía sobre las obras, programas y servicios que ejecuta la Alcaldía de Quito.
El informe de necesidad y el estudio de mercado detallan que la estrategia de difusión contempla inversión en:
- Televisión
- Radio
- Medios impresos
- Redes sociales
El proceso se tramita bajo la figura de régimen especial, mecanismo que permite realizar contrataciones directas en determinadas circunstancias y que, en este caso, ha generado cuestionamientos políticos.
Antecedentes: un contrato similar en 2024 generó críticas
En 2024, un proceso similar intentó adjudicarse por $ 2 millones, también para el servicio de pautaje y publicidad institucional. En ese momento, varios concejales criticaron el monto y calificaron el gasto como “exagerado”, argumentando que la ciudad enfrenta múltiples necesidades prioritarias.
Según consta en el Portal de Compras Públicas, ese proceso también se realizó bajo régimen especial, lo que despertó sospechas entre algunos ediles. Los críticos señalaron que el Cabildo debería priorizar la inversión en obras antes que en campañas comunicacionales y lamentaron el estado de abandono en distintos sectores de la capital.
Debate en medio de reformas al Cootad
El nuevo proceso de contratación ocurre en un contexto político complejo. La discusión coincide con el debate sobre reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), impulsadas a través de un proyecto de ley urgente para la eficiencia del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
La iniciativa promovida desde el Ejecutivo ha sido criticada por varias autoridades seccionales, quienes consideran que podría afectar su autonomía y limitar sus recursos.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, aseguró que el proyecto “puede tener efectos devastadores” y lo calificó como “nefasto”.
“Es inconcebible que si el Gobierno no está haciendo obras, ponga restricciones presupuestarias, en este caso legales, para que los que sí hacemos obras no lo podamos hacer”, afirmó.
Muñoz recordó que tanto el Cootad como la Constitución establecen que el 70% de los recursos transferidos por el Gobierno Nacional debe destinarse a inversión en obras y el 30% a gasto corriente.
Además, cuestionó que la reforma dejaría incompleto el concepto de inversión, ya que impediría contratar personal para la ejecución de proyectos. “Por ejemplo, nosotros podríamos hacer una escuela, pero no podríamos contratar profesores”, señaló.
El alcalde advirtió que, de aplicarse estrictamente la propuesta, el Municipio tendría que prescindir de aproximadamente 5.000 funcionarios. También sostuvo que la reforma podría ser inconstitucional al no respetar la autonomía administrativa y financiera de los GAD.
