Municipio de Quito debe quitar más de $ 450 millones de su presupuesto
El Concejo tiene que realizar una reforma presupuestaria para cumplir con la gradualidad de la nueva reforma al Cootad
Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el Municipio de Quito ya analiza su impacto.
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Impacto de la reforma al COOTAD en el presupuesto del Municipio de Quito 2026
La normativa introduce reglas fiscales obligatorias que buscan garantizar la sostenibilidad y racionalidad del gasto en los gobiernos provinciales y municipales, pero en la capital se advierte un impacto presupuestario para el ejercicio 2026.
El eje de la reforma al Cootad es la incorporación de una regla de asignación mínima prioritaria. Esta disposición obliga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a destinar por lo menos el 70% de su presupuesto anual codificado de egresos no financieros a gasto no permanente, es decir, inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos vinculados a la prestación de servicios.
En el caso de Quito, el presupuesto aprobado por el Concejo Metropolitano para 2026 asciende a 1.041 millones de dólares. Sin embargo, según el alcalde, Pabel Muñoz, la aplicación de la nueva regla fiscal obligaría a realizar un ajuste de 459 millones de dólares. Esto debido a que los gastos de tipo social, educativo, en desarrollo infantil, cultura, control, hábitat y más, no son considerados como una inversión.
“Somos uno de los grandes perjudicados por esta ciega e inadecuada reforma”, afirmó el burgomaestre, quien presentó una herramienta en la que se desglosan los recursos destinados a cultura, educación, inclusión, salud, entre otros rubros. Aun suprimiendo varias áreas, dijo, apenas se alcanzaría la meta de ajuste de $459 millones.
“Ahora la ley, por sobre la autonomía de los gobiernos descentralizados, define lo que es prioritario y lo que no. No puede haber leyes con dedicatoria”, cuestionó en la sesión del Concejo.
Municipio de Quito analiza ajuste millonario tras reforma al COOTAD
El edil Adrián Ibarra señaló que la reforma plantea una modificación presupuestaria a partir de junio y que el Cabildo debería anticiparse a ese escenario. “Nos ponen entre la espada y la pared”, dijo, al advertir que el Municipio ha cubierto vacíos en salud y educación ante limitaciones del Estado central.
Recortar esos rubros, recalcó, sería perjudicial para la ciudadanía. Ibarra exhortó a la Corte Constitucional del Ecuador a revisar la legalidad de esta reforma.
En la misma línea, el concejal Andrés Campaña calificó el ajuste como improcedente. Recordó que la Constitución garantiza presupuestos oportunos y predecibles, y que la proforma 2026 fue aprobada en diciembre, con una planificación ya en ejecución.
Debate político y técnico por la aplicación de la nueva regla fiscal en Quito
Además, aseveró que es imposible hacer un recorte en servicios sociales, transporte público o salud sin afectar derechos. El lunes, Campaña presentó una acción de inconstitucionalidad y solicitó medidas cautelares para suspender los efectos de la ley.
Michael Aulestia
Pero no todos los concejales comparten esa visión. Michael Aulestia aseguró que la reforma no compromete los servicios esenciales y apuntó a problemas de ejecución. Según indicó, en 2025 el Municipio dejó de invertir 180 millones de dólares en obras.
Además, en la partida 78, que incluye sueldos de profesores, facilitadores y personal de salud vinculado a proyectos de inversión social, se proyectaron montos que no se ejecutaron en su totalidad. En 2024 la ejecución fue del 60 %.
“El recurso hay, pero no se invierte. Se les acaba la fiesta”, sostuvo. Y sobre el ajuste al presupuesto, comentó que se debería “revisar la nómina y detectar funcionarios pipones”.
Desde el ámbito técnico, Diego Cevallos, de Gobernanza Local EC, explicó que el régimen transitorio fue modificado en el segundo debate en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. Inicialmente la aplicación estaba prevista para 2027, pero ahora arranca en 2026 con un cumplimiento gradual: 65 % en el segundo semestre de este año, 68 % en 2027 y 70 % en 2028.
Aunque el presupuesto de Quito ya fue aprobado, Cevallos recordó que existen mecanismos de reforma presupuestaria que permiten reasignaciones en función de la evolución de ingresos y gastos durante el ejercicio fiscal. En ese marco, todos los municipios deberán revisar sus cuentas para alinearse con la nueva normativa.
El experto advirtió, sin embargo, que la ley mide a todos los GAD bajo el mismo parámetro, pese a que no comparten la misma estructura ni realidad financiera. Algunos tienen necesidades básicas más cubiertas y estructuras consolidadas; otros enfrentan mayores brechas. También mencionó zonas grises en la interpretación, como si ciertos gastos en salud o educación pueden considerarse inversión.
El reto inmediato para Quito, agrega Cevallos, será definir dónde recortar o cómo reclasificar partidas sin afectar la prestación de servicios.
Así, antes de junio, el Concejo deberá debatir una reforma presupuestaria que permita cumplir con la gradualidad establecida en la reforma al Cootad.
