Duplicidad de funciones influye en la alta burocracia en el Municipio de Quito
El gasto en la nómina representa cerca del 30 % del presupuesto de la capital
Con una nómina cercana a los 22.000 funcionarios y un gasto salarial que bordea los $230 millones al año, que representa alrededor del 30 % del presupuesto total, el tamaño del aparato municipal volvió a ser motivo de cuestionamientos, en medio de la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).
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22.000 funcionarios y $230 millones en salarios: las cifras del aparato municipal
El crecimiento de la burocracia no es reciente. El número aumentó significativamente desde la administración de Augusto Barrera, cuando prácticamente se duplicó la plantilla municipal.
Las cifras han alimentado críticas que califican al Municipio como “obeso”. Sin embargo, el alcalde Pabel Muñoz sostiene que la capital tiene una realidad distinta al resto de ciudades del país.
Muñoz ha recalcado que la capital tiene competencias que otros municipios no administran. Por ejemplo, 20 unidades educativas con 1.400 docentes que atienden a 27.000 estudiantes. Además, según el alcalde, el 89 % del personal municipal trabaja en territorio, en áreas que prestan atención directa a la ciudadanía.
Pero desde el Concejo Metropolitano existen reparos. El edil Wilson Merino dice que el problema no es solo el número de funcionarios, sino cómo opera la estructura.
Para el edil, una burocracia puede ser necesaria si está bien organizada y profesionalizada. “Si la burocracia es bien capacitada, con funciones claras y bajo un organigrama definido, es fundamental para sostener los servicios”.
El problema, agrega, surge cuando el sistema se convierte en espacio de favores políticos o clientelismo, donde los cargos se asignan por cercanía política o relaciones personales.
Merino también apunta a un modelo administrativo que considera caduco. Quito tiene 12 empresas públicas, pero solo una reporta utilidades, mientras que la mayoría presenta pérdidas. Además, menciona duplicidad de funciones en varias áreas.
En seguridad, por ejemplo, operan varias entidades: la Secretaría de Seguridad, la Empresa Pública de Seguridad, el Cuerpo de Agentes de Control y la Agencia Metropolitana de Control (AMC).
Situaciones similares se repiten en otros sectores. En ambiente, dice, funcionan las empresas públicas metropolitanas de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs) y de Aseo (Emaseo), mientras que en movilidad conviven las empresas de Pasajeros y la del Metro de Quito.
Las 11 administraciones zonales y el cuestionamiento al modelo territorial
Merino recuerda que hace más de una década ya existía un informe de auditoría que sugería procesos de fusión entre entidades con funciones similares, pero esas recomendaciones nunca se aplicaron.
Otro punto es la estructura territorial del Municipio. Quito cuenta con 11 administraciones zonales, cada una con su propia planta administrativa.
El concejal Michael Aulestia considera que el modelo tampoco ha logrado acercar el gobierno local a los ciudadanos. En la práctica, muchos trámites terminan resolviéndose en la sede central del Cabildo.
Coincide con Merino en la duplicidad de empresas públicas. Cita el caso de la Empresa del Metro de Quito, que cuesta alrededor de $14 millones al año, mientras que la operación del sistema está a cargo de otra que recibe casi $30 millones anuales.
“Hay un montón de secretarías, es casi un minigabinete”, afirma el concejal, quien cree que varias funciones podrían reorganizarse para reducir costos y mejorar la eficiencia.
El modelo de gestión, añade, debe orientarse hacia la tecnología. Además, considera indispensable abordar el Estatuto Autonómico de Quito, una norma que permitirá contar con autoridades únicas, debido a que en la ciudad las instituciones están dispersas.
Tecnología, reorganización y alcaldías menores: propuestas de reforma municipal
En ese sentido, plantea también la posibilidad de establecer alcaldías menores que reemplacen a las actuales administraciones zonales, sin incrementar la burocracia y utilizando el mismo presupuesto que se maneja en la actualidad.
Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala que en las últimas administraciones municipales hubo un incremento en el número de funcionarios, lo que ha derivado en un mayor gasto corriente destinado al pago de salarios. Pero menciona que es necesario analizar si este aumento responde realmente a un crecimiento de la burocracia o si se debe a la ampliación de servicios que el Municipio presta a la ciudadanía y que, por tanto, requieren más personal.
Alarcón explica que no existe una regla fija que determine cuántos funcionarios debe tener un municipio por cada habitante, ya que esto depende de varios factores, especialmente del tipo de atención y de los servicios que brinda a la comunidad. Por ello estima que todos estos elementos deben analizarse con detenimiento.
El especialista sostiene que si los puestos de trabajo tienen una justificación clara y cumplen una función específica, su existencia no debería generar preocupación, ya que son necesarios. Sin embargo, considera que sí se requiere una evaluación de competencias y de los cargos existentes. Reducir personal no garantiza mayor eficiencia y asumirlo como una solución automática sería un error, advierte.
