Delegación de competencias a parroquias rurales de Quito, entre expectativa y dudas
Parroquias como Tumbaco y Puembo ven una oportunidad para atender problemas inmediatos. Los recursos son indispensables
Las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito llevan años reclamando atención. La sensación de abandono no es nueva y, en ese clima, por ejemplo, surgió la idea de convertir a Tumbaco en un nuevo cantón; una propuesta que no prospera, pero que reveló el nivel de inconformidad en los territorios.
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El debate volvió a abrirse a propósito de un proyecto de ordenanza para regular la delegación de competencias del Municipio hacia los gobiernos parroquiales rurales, un modelo que busca equilibrar las brechas y mejorar la gestión en zonas que sienten que la ciudad, y las soluciones, “quedan lejos”.
La propuesta, impulsada por la concejal Fernanda Racines, pretende establecer el procedimiento para que el Municipio delegue a los GAD parroquiales rurales la gestión, coordinación y administración de ciertos servicios, sin transferir la titularidad de las competencias, tal como lo exige el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).
No define aún qué competencias serían delegadas, sino cómo debería hacerse, qué requisitos se deben cumplir y cómo se garantizaría que los recursos destinados se usen exclusivamente para las tareas asignadas.
Una propuesta que genera debate
En las parroquias rurales, la idea genera expectativa y también preguntas. Rodrigo Chicaiza, presidente del GAD de Checa (Tumbaco), ve con buenos ojos la posibilidad de asumir más responsabilidades, pero fija una condición básica: “Delegación sin recursos no sirve”, dice.
En Tumbaco, una de las parroquias que más ha crecido en los últimos 15 años, la preocupación es similar. Uno de los problemas recurrentes es la rotura de tuberías que son de asbesto-cemento. Por ejemplo, si se les delegaría la competencia para solucionarlo, actuarían más rápido, asegura su titular. Para ello, al igual que el GAD de Checa, es indispensable el dinero.
Desde el GAD de Cumbayá, René Naranjo, destaca otra inquietud: el nivel de exigencia técnica que implicará la evaluación a los GAD rurales. “Queremos saber cómo se nos va a medir, qué criterios se aplicarán y cómo prepararnos para dar un servicio eficiente”.
En Puembo, el presidente del GAD, Gabriel Tinajero, recuerda que ya existen competencias delegadas, como la lectura de medidores y la entrega de cartillas de agua y la recolección de desechos sólidos. En el caso de la parroquia, manejan la primera.
Una de las preocupaciones es que cada entidad municipal debe emitir informes sobre la vialidad técnica. Tinajero señala que en el caso de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) fue negativo, por lo que solicitaron el documento para conocer las razones. “En el tema de control nos ayudaría mucho que lo manejemos nosotros. En territorios pequeños podríamos actuar más rápido”, afirma.
Los representantes de los GAD rurales de la parroquia de Tumbaco coinciden en que hay problemas que podrían atenderse con mayor rapidez si tuvieran delegaciones claras: fugas de agua, reposición de adoquines, pequeñas obras de vialidad, control del espacio público. Tinajero agrega que los tiempos municipales no siempre responden a la urgencia del territorio.
Un proyecto que establece los requisitos
Diego Cevallos, de Gobernanza EC, explica que la ordenanza no define aún qué competencias se delegarán, sino el marco normativo para hacerlo. El Cootad abre la puerta a esta modalidad, siempre que exista un acto normativo que establezca procedimientos y responsabilidades claras.
El modelo plantea que cada delegación se formalice mediante un convenio específico, en el que se definan obligaciones, supervisión municipal, capacitación y, sobre todo, asignación de recursos basada en un análisis técnico y financiero. “Los fondos deben destinarse exclusivamente a la competencia delegada”, acota Cevallos.
Aun así, advierte que no todas las competencias deberían delegarse. El agua potable, por ejemplo, ya cuenta con una empresa municipal que opera bien; lo mismo ocurre con la gestión de residuos. Pero hay áreas donde la delegación podría ser pertinente como en pequeñas obras de vialidad, adecuación de espacio público y gestión comunitaria. “Los GAD rurales son los gobiernos que mejor conocen las necesidades de la gente”, afirma.
El concejal Michael Aulestia considera que si bien es positivo el proyecto, también plantea la necesidad de discutir el Estatuto Autonómico de Quito, un debate que se ha postergado por años y que permitirá tener una mayor claridad sobre las competencias propias del Municipio, las que puede delegar y también transferir a los GAD rurales.
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