Construcciones avanzan en Ilaló pese a sanciones y sobrevuelos con drones

Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el popular refrán, y en el Ilaló, ubicado entre los valles de Los Chillos y Tumbaco, se cumple a cabalidad. Aunque el Municipio de Quito anunció en febrero de este año que no se permitirían más construcciones en las áreas de influencia del emblemático volcán, la medida no ha logrado frenar la expansión inmobiliaria.

Apenas un mes después del anuncio, en marzo, doce construcciones fueron suspendidas por no contar con la Licencia Metropolitana Urbanística.

Con el objetivo de implementar controles más eficientes que protejan este territorio, declarado reserva natural en 1988, las autoridades intensificaron las inspecciones, ahora con el respaldo de drones y tecnología avanzada que permiten mapear, vigilar y sancionar con mayor precisión a quienes incumplen la normativa.

Los primeros sobrevuelos se realizaron en marzo y se han mantenido mensualmente desde entonces, pero los resultados, señala Mauricio Marín, director metropolitano de Ordenamiento Territorial, son desalentadores.

“Después de ese primer sobrevuelo detectamos ciertas alertas de posibles irregularidades administrativas, así como construcciones que requerían ser revisadas. Gracias a las imágenes aéreas, identificamos edificaciones en proceso o ya terminadas que no contaban con licencias. En total, encontramos 25 casos con movimientos de tierra o construcciones sin permisos. Es decir, los propietarios iniciaron obras sin haber tramitado la licencia”, asegura.

Los resultados, agrega el funcionario, dieron paso a una intensa labor conjunta entre la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial del Cabildo y la Administración Zonal de Tumbaco, que permitió revisar cada caso cuestionado de manera individual, analizando planos, y documentos que respaldaban la emisión de las licencias.

“Aunque existe una normativa clara para construir, también hay formas en que algunos profesionales -lamentablemente- intentan saltarse esas reglas. Nuestra labor es garantizar que cada certificado cumpla con lo que exige la normativa. Se revisa todo: desde la contabilización de áreas hasta la correcta categorización de espacios en los proyectos”, afirma Marín.

Además, añadió que actualmente se están revisando veintitrés licencias para determinar si fueron otorgadas correctamente o si existió algún incumplimiento de las normas de arquitectura y urbanismo. También hay veintidós obras suspendidas.

Una de cal, otra de arena

El uso de drones ha permitido mejorar sustancialmente la capacidad de fiscalización del Municipio. Las nuevas aeronaves cubren hasta 100 hectáreas de vuelos de 60 minutos, cuadruplicando la cobertura que ofrecían los equipos anteriores. Además, generan imágenes en alta resolución que identifican materiales, alturas y dimensiones de las edificaciones.

“No solamente tomamos fotos. Podemos hacer análisis geográficos del territorio, cruzar capas de información y detectar si las construcciones están en zonas de amenaza”, explica Marín. Destaca que esta tecnología permite realizar un mapeo tridimensional, capaz incluso de revelar signos de erosión o socavones.

Sin embargo, el gran reto para el Cabildo sigue siendo el engorroso trámite para emitir sanciones a quienes incumplen la normativa. Aunque las edificaciones ilegales son clausuradas, muchos propietarios rompen los sellos y continúan trabajando. Y, aunque la normativa contempla la demolición de la estructura, llegar a esa instancia puede tomar meses.

“Como en cualquier normativa, el ciudadano tiene la posibilidad de corregir errores. Si cometió una falta, el Municipio puede otorgarle la oportunidad de subsanarla, por ejemplo, a través de un proceso modificatorio de planos. Ahora bien, si el incumplimiento es tan grave que no se puede modificar el proyecto, no queda otra opción que ordenar la demolición de la edificación. Sin embargo, todavía no hemos llegado a esa etapa”, indica el funcionario.

Las dificultades para implementar los ceses permanentes a las edificaciones cuestionadas también preocupa a vecinos y ambientalistas, que señalan que debe haber un cambio normativo para agilitar los procedimientos. Entre ellos está Héctor Tipán, coordinador de la Unión de Comunas y Comunidades del Ilaló (UCCIL). La entidad formuló una propuesta para la Ordenanza de Protección del Ilaló, que mira especialmente a las grandes inmobiliarias. "Los controles ambientales actuales tienen entre ceja y ojo a las prácticas comunales y no a las grandes inmobiliarias que reciben permisos sin cumplir las normativas", dice.

Con él concuerda María Isabel Díaz, presidenta de la Comuna Central, quien señala que los controles actuales perjudican a los proyectos turísticos sostenibles de las comunas, pero no a las constructoras. “Las grandes inmobiliarias están devastando el Ilaló, llevan años haciéndolo, pero a nosotros nos clausuran y multan por construir una cabaña”, afirma. 

En la mira: ríos Monjas y Machángara

El plan de vigilancia aérea no se limita al Ilaló. La entidad ya ha realizado sobrevuelos por las zonas de riesgo del río Monjas y del río Machángara. En ambas zonas, el Municipio aplicará el mismo procedimiento: comparar imágenes actuales con archivos previos y verificar si las construcciones cuentan con permisos.

En estas áreas, el análisis tomará al menos tres meses. Además, se prevé incluir en esta estrategia a las faldas del Pichincha.

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