Revisarlo o demolerlo, las dos opciones que dio Cultura a edificio en Guápulo
El ministerio sostuvo una tensa reunión con el Cabildo y el propietario del predio
Como hostil describió el Ministerio de Cultura y Patrimonio a la reunión sostenida entre la ministra Romina Muñoz; autoridades de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio de Quito; el Instituto Metropolitano de Patrimonio; el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural; la Embajada de España; vecinos; representantes de la academia y el propietario del edificio Byron Herrera Santa Cruz, ubicado en Guápulo.
El motivo del encuentro fue definir el futuro del inmueble en construcción, cuya edificación ha generado polémica desde febrero, cuando la cartera de Estado señaló que el proyecto incumplía con las características permitidas para edificaciones dentro de esta zona de declaratoria patrimonial.
Pese a contar con permisos otorgados por la Unidad de Áreas Históricas y Patrimonio del Municipio y por el Concejo Metropolitano, la edificación fue clausurada en febrero por no cumplir con las normas de seguridad establecidas. Sin embargo, en las últimas semanas se evidenció que los sellos de clausura fueron ignorados por el propietario y que las obras continuaron.
Durante el encuentro, las autoridades esperaban llegar a un acuerdo, pero esto no fue posible.
“El Ministerio expresa su preocupación frente a la permisibilidad evidenciada desde instancias municipales, que, al conceder autorizaciones sin el adecuado análisis de compatibilidad patrimonial, atentan directamente contra la integridad de zonas protegidas como Guápulo. Recordamos que ninguna autorización administrativa puede estar por encima del mandato legal de proteger el patrimonio cultural, cuyo deterioro es un daño irreparable a la memoria histórica de Quito y del país”, señaló la cartera de Estado en un comunicado.
La entidad agregó que, pese a “la disposición al diálogo”, en la reunión se generaron “lamentables actos de hostilidad” contra la ministra y los funcionarios de Cultura.
Tras ello, la entidad emitió un informe en el que señaló que hay dos posibles opciones para llegar a una resolución: la revisión del proyecto o la demolición del inmueble.
“Se deberá presentar, en un plazo máximo de diez días, una nueva propuesta que se ajuste a la normativa vigente actualizada, aun si cuentan con aprobación previa del municipio... deberá ser revisada y aprobada nuevamente para que el ministerio pueda evaluarla y emitir su aprobación”, dice el informe.
En caso de que esto no suceda, “se procederá al derrocamiento de la construcción, adoptando las medidas correspondientes y determinando las responsabilidades pertinentes”, agrega el documento.
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