Construcción en Guápulo sigue paralizada y sin respuestas claras sobre su futuro

En el corazón de Guápulo, uno de los barrios más emblemáticos y patrimoniales de Quito, una edificación de hormigón abandonada desde hace al menos cinco meses se ha convertido en una preocupación latente para los moradores.

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La construcción, detenida primero por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) por no garantizar condiciones seguras para los trabajadores, fue posteriormente suspendida por el ex Ministerio de Cultura en abril de 2025. La entidad argumentó que la obra afecta “la morfología urbana, el paisaje histórico y los valores patrimoniales” de Guápulo, parte del Área de Conservación Patrimonial de Quito.

Desde entonces, las críticas se han intensificado. En agosto, la Comisión de Áreas Históricas del Concejo resolvió que se inicie un proceso de reversión de la licencia de construcción, ordenando a la Administración Zonal Manuela Sáenz, responsable de emitir el permiso, que actúe de inmediato. No obstante, los moradores aseguran que la disposición no ha sido ejecutada y que la administración local ha demostrado “resistencia” a cumplirla.

Manuela Gallegos, habitante del sector, expresa su decepción y señala que las autoridades deberían cumplir con lo que dispuso la Comisión. “Es lamentable que se esté dilatando algo que queríamos evitar: un edificio muerto que rompe con el entorno patrimonial”, dice.

Además del impacto visual y urbanístico, la comunidad también teme por la seguridad. En septiembre, durante las festividades del sector, vecinos reportaron que el espacio fue utilizado como baño público.

Gallegos menciona que en la construcción solo hay unas lonas y no un cerramiento, por lo que cualquier persona puede acceder. La preocupación latente es que el predio se convierta en un foco de ocupación de habitantes de calle o actividades ilegales.

Carlos Larreátegui, otro vecino activo en el seguimiento del caso, sostiene que hay una falta evidente de voluntad política y considera que están en un ‘limbo’. Agrega que el otrora Ministerio de Cultura tiene las facultades legales para actuar, y la Comisión también lo ha hecho, pero el Municipio no ha tomado acciones. Mientras tanto, “tenemos un esqueleto de hormigón que afea el barrio, interrumpe la movilidad y atenta contra la armonía del lugar”.

Larreátegui indica que no pueden permitir que esta obra tenga el mismo destino que otras edificaciones abandonadas en la zona que deterioran el patrimonio, como la que está frente a la Embajada de España.

Decisión de la Comisión: que se revierta la licencia

Michael Aulestia, concejal y presidente de la Comisión de Áreas Históricas, señala que la resolución emitida fue clara: se ordenó que la Administración inicie el proceso de reversión de la licencia. Recuerda que se trata de un procedimiento común cuando se otorgan licencias que no cumplen los objetivos para los que fueron emitidas. “Pero vemos resistencia por parte de la Administración Zonal Manuela Sáenz”, asevera.

Según Aulestia, incluso después de que el Ministerio de Cultura solicitó medidas precautelatorias y exhortó al Municipio a expropiar el bien para proteger el patrimonio, la respuesta fue el silencio institucional.

Además, menciona que una de las recomendaciones de la Subcomisión de Áreas Históricas al propietario del predio fue que presente un proyecto modificatorio, con lo que, implícitamente, a decir de Aulestia, se reconoce que hubo un error en el proyecto original aprobado.

Aulestia también cuestiona que el administrador zonal haya solicitado, en la comparecencia de septiembre pasado, una “petición razonada” bajo los términos del Código Orgánico Administrativo, la cual, asegura, no aplica al caso.

“No es un pedido, es una disposición. La Comisión del Concejo no necesita justificar una decisión con una petición. Se le dispuso iniciar el proceso. Incluso alegó no tener el expediente completo, lo cual es falso: en la comparecencia tenía todos los datos. El próximo miércoles (15 de octubre) vamos a pedir en la sesión de la Comisión un informe sobre el cumplimiento de la resolución”.

Desde el Cabildo Cívico, su presidenta, Rocío Bastidas, habla de responsabilidades técnicas. Por un lado, la Comisión anterior no revisó el mapa actualizado de áreas de protección patrimonial; por otro, tampoco se actualizó el estudio de movilidad. “Esa calle ni siquiera tiene vereda. Es un barrio con una clara connotación patrimonial y eso no fue tomado en cuenta”.

Bastidas considera que la omisión de estos detalles fue determinante para que se emita una licencia de construcción que hoy se intenta revertir.

EXPRESO consultó a la Administración Zonal Manuela Sáenz acerca de los avances tras la resolución de la Comisión, y se informó que “actualmente se analiza jurídicamente los alcances del documento para determinar el procedimiento adecuado, conforme a la normativa metropolitana vigente”.

Aclararon que, al tratarse de un proceso legal y administrativo en curso, cualquier decisión debe adoptarse “con el debido rigor técnico y jurídico”.

Mientras, la comunidad de vecinos insiste en que se mantendrá alerta a las decisiones que se tomen sobre la edificación.

Larreátegui, por su parte, dice que con el ex Ministerio de Cultura se están analizando los posibles caminos legales, pero hay un ‘estancamiento’ por la falta de decisiones.

La Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT) también mantiene una acción de control sobre las actuaciones administrativas y normativas aplicadas en el núcleo urbano patrimonial de Guápulo, con el objetivo de verificar posibles inconsistencias con el ordenamiento territorial vigente.

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