Recolección de basura: Quito perdería $ 6 millones al mes por retiro de tasa

La decisión del Gobierno de eliminar la Tasa de Recolección de Basura (TRB) de las planillas eléctricas dejaría a Quito sin más de $ 6 millones de dólares mensuales. Así lo alertó el concejal Fidel Chamba, quien convocó a una reunión urgente de la Comisión de Presupuesto para analizar las consecuencias financieras de esta medida.

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“¿Con qué dinero vamos a recolectar la basura de Quito?”, cuestionó Chamba, tras conocer la disposición del Ministerio de Ambiente y Energía.

Según cálculos preliminares, la capital podría dejar de percibir aproximadamente $6 millones de dólares mensuales, monto que actualmente se recauda a través de dicho mecanismo. 

Esta cifra representa un componente esencial para financiar la operación de recolección de residuos sólidos en la ciudad, advirtió el edil.

Una decisión con implicaciones millonarias

El Ministerio de Ambiente y Energía emitió el 9 de octubre de 2025 un comunicado en el que informa que, en cumplimiento con la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee), ya no se permitirá que en las planillas de luz se incluyan rubros no relacionados con el consumo de energía, como ocurre actualmente con la tasa de recolección de basura.

“Esta medida busca garantizar mayor transparencia en el sistema eléctrico y que los usuarios paguen únicamente por su consumo real de electricidad”, señala el comunicado.

La disposición, que entrará en vigencia desde las planillas que reflejen el consumo de octubre (facturadas en noviembre), afecta a 41 cantones del país, incluyendo a Quito, donde se mantenía el cobro conjunto de la tasa de basura con el consumo eléctrico.

¿Cómo se cobrará ahora la tasa?

El Gobierno ha señalado que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deben diseñar e implementar sus propios mecanismos de cobro una vez finalicen los plazos establecidos en los convenios vigentes. 

Chamba convocó para el lunes 13 de octubre a la Comisión de Presupuesto del Concejo, con el fin de evaluar el impacto financiero de la decisión y explorar alternativas urgentes de recaudación.

“El diálogo entre el Gobierno y los GADs no es opcional, es urgente”, sentenció el concejal, quien insiste en que una medida de este tipo no puede adoptarse sin coordinación con los municipios.

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