Marroquín sobre la revocatoria: “Prefiero el escarnio público"

En una entrevista ofrecida el 8 de octubre de 2025, Néstor Marroquín detalló los motivos que lo llevaron a no entregar las más de 400.000 firmas para impulsar el proceso de revocatoria del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. 

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La decisión, que generó críticas y reclamos entre quienes apoyaron el proceso, fue tomada, según dijo, para proteger a los miles de voluntarios que participaron en la recolección que habrían quedado expuestos a sanciones penales.

El pasado 5 de octubre venció el plazo legal para presentar las firmas en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Ese mismo día, Marroquín emitió un comunicado en el que señaló que no entregaría más formularios "para no exponer a los voluntarios a tener que afrontar procesos penales por la simple razón de que alguno de los apoyos no califique", sin ofrecer más detalles.

Tres días después, en conversación con el periodista Bolívar Loján, el abogado amplió sus razones. 

Según dijo, durante las primeras capacitaciones del CNE, se les indicó que el formulario de recolección constaba de tres partes, entre ellas una declaración juramentada que los recolectores debían firmar. 

Explicó que en esa instancia los capacitadores minimizaron la importancia del documento, presentándolo como un mero formalismo. No obstante, Marroquín dice que investigó por su cuenta y descubrió un antecedente judicial que cambió su percepción.

"Vi un proceso que empezó en 2012, en el que el CNE denunció a un grupo que intentaba formar un partido político por falsificación de firmas. Hubo condenas de hasta seis años de cárcel por uso doloso de documento falso", relató. 

Aseguró que esa experiencia le generó dudas sobre las garantías legales del proceso y, además, recordó que él mismo fue víctima de persecución política durante el correísmo, cuando estuvo en prisión tras denunciar casos de corrupción.

Con esas preocupaciones, Marroquín presentó al CNE una solicitud para que se declare inconstitucional el requisito de la declaración juramentada de los voluntarios. Sin embargo, la entidad le respondió que tal declaratoria no existía y que debía presentar un recurso ante la Corte Constitucional. Mientras tanto, le aclararon que el reglamento estaba vigente y era obligatorio. "Me dijeron claramente: usted conocía las reglas", afirmó.

En una segunda capacitación convocada por el CNE el 25 de septiembre, se ratificó que firmar la declaración juramentada implicaba una posible exposición a cargos por perjurio. Esto provocó que muchos colaboradores optaran por no firmar. “De los más de 1.000 voluntarios, solo la mitad firmó el formulario”, indicó Marroquín.

Detalló que de las más de 450.000 firmas recolectadas, cerca del 80% no estaban respaldadas por la declaración juramentada. Solo 100.000 formularios cumplían con ese requisito, lo que los dejaba vulnerables a posibles demandas, agregó. 

“Ante ese escenario, asumí la responsabilidd, prefiero el escarnio público, el rechazo cuidadano a que los voluntarios estén expuestos a un juicio penal. En mi conciencia no está el peso que por mi acción se sancionó a terceros que no tienen nada que ver”, sostuvo.

¿Futuro incierto para nuevas revocatorias?

Según Marroquín, con las condiciones actuales, difícilmente alguien más se animará a impulsar una revocatoria. A su juicio, el requisito de la declaración juramentada es una barrera que desalienta este tipo de procesos ciudadanos. Propuso una alternativa: que sea el promotor del proceso quien, bajo juramento, certifique que las personas firmaron voluntariamente.

Mientras tanto, la iniciativa para revocar el mandato del alcalde Pabel Muñoz queda archivada, no por falta de apoyo ciudadano —las firmas eran más del doble de las requeridas—, sino por las trabas legales y los riesgos jurídicos que, según Marroquín, amenazaban a quienes participaron de buena fe.

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