
¿El Concejo de Quito discute los temas urgentes para la ciudad?
Según un bloque de concejales, los temas polémicos de fiscalización son evitados. Afirman que sus iniciativas son ignoradas
La capital enfrenta una creciente inseguridad, con delincuentes camuflados de ‘deliverys’. Pero la respuesta desde el Concejo Metropolitano sigue en pausa, debido a que la propuesta de ordenanza para regular esta actividad no ha pasado al segundo debate desde hace casi un año, al igual que otras iniciativas en distintas materias.
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La iniciativa que hizo la edil Analía Ledesma, en 2020, se unificó con la del alcalde Pabel Muñoz y en julio de 2024 se realizó un primer debate. El texto regresó a la Comisión de Movilidad y desde entonces no hay avances.
“Es preocupante que presuntos actos delictivos vayan en aumento a causa de personas que supuestamente se dedican al servicio de ‘delivery’, y el Concejo siga sin aprobar la normativa”, cuestiona Ledesma.
Pero este caso no es aislado. Los ediles de partidos distintos al de Muñoz (RC) aseguran que existen múltiples proyectos estancados por falta de voluntad política para debatirlos. Sostienen que la agenda legislativa no tiene un rumbo claro y se da una selección “arbitraria” de los temas que se colocan en el orden del día del Concejo, responsabilidad directa del alcalde.
Andrés Campaña menciona que temas como la bicicleta pública, la fiscalización a la Radio Municipal o incluso la transparencia en la gestión municipal han sido bloqueados o simplemente ignorados.
Recuerda que hizo pedidos formales en julio de 2024 y 2025 para que se trate la contratación del sistema de bicicleta pública, pero no obtuvo los votos para cambiar el orden del día. Otros proyectos tienen informes listos desde hace meses, pero no los ponen en el debate. Para Campaña, se trata de una “limitación deliberada al trabajo de los concejales que no están alineados con el bloque del alcalde”.
La situación es similar para el concejal Michael Aulestia, quien ha exigido que se debatan temas estructurales como el Estatuto Autonómico de Quito, que permitiría redefinir el modelo de gestión de la ciudad y asumir nuevas competencias.
Señala que existen cuatro borradores del Estatuto y hasta se ha pagado por consultorías en otras administraciones municipales, pero considera que no hay predisposición política para tratar el tema. Mientras tanto, el modelo actual ha caducado y no responde a las necesidades de los quiteños, afirma.
Aulestia también pone el foco en la tarifa del metro de Quito, que genera un déficit operativo de 50 millones de dólares al año, al que se suman otros 120 millones anuales de deuda por su construcción. Para el edil, es importante debatir el tema con responsabilidad, pero antes es necesario reestructurar las rutas y frecuencias, un tema con pocos avances.
Debate sobre temas coyunturales
Desde otra perspectiva, el edil Emilio Uzcátegui defiende que el trabajo del Concejo sí avanza, aunque reconoce que puede ser más ágil. Recalca que sí tratan temas coyunturales y de importancia para la ciudad, como en la sesión de este 26 de agosto sobre el contrato de mantenimiento del metro (que se cayó por segunda vez) y la emergencia por el agua; pero también, como corresponde al cuerpo colegiado, asuntos administrativos, como trazados viales o regularización de barrios.
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“Ambos (tipos de temas) son necesarios. A veces pueden parecer poco relevantes, pero no tratarlos implica demoras en la vida cotidiana de los ciudadanos”, argumenta.
Uzcátegui también señala que las decisiones sobre temas coyunturales de la ciudad suelen verse condicionadas por intereses políticos de ciertos concejales, lo que deriva en discusiones estériles y retrasa el avance de ordenanzas y otros debates importantes.
¿Se han cerrado los canales de diálogo?
Para Wilson Merino, el problema va más allá del Concejo y considera que falta gestión material y, pese a que se han aprobado muchas ordenanzas, no se ejecutan desde las instancias correspondientes.
El edil insiste en que temas como la seguridad ciudadana, transporte y empleo deben tratarse con urgencia. “El alcalde ha cerrado los canales de diálogo con los ediles que hacemos una fiscalización técnica. No sintoniza con las iniciativas positivas que podrían beneficiar a los ciudadanos y lo mira todo desde una visión política”.
En relación con una propuesta de ordenanza que busca involucrar a la ciudadanía en la identificación de situaciones de riesgo en materia de movilidad (a través del envío de fotos y videos), Merino señala que la iniciativa fue presentada hace más de un año y lleva al menos seis meses “durmiendo el sueño de los justos” en el despacho del alcalde, sin que sea debatida.
Ledesma agrega que algunas propuestas se quedan en el olvido por razones que, según dice, resultan difíciles de comprender. Como ejemplo, menciona que las calles de Quito y los espacios públicos no están diseñados de manera inclusiva para las personas con discapacidad. Por ello, presentó la propuesta de ordenanza “Quitoinclusivo”; sin embargo, lamenta que se haya planteado su archivo.
Los concejales coinciden en un punto: Quito no puede seguir postergando los temas de fondo. Seguridad, movilidad, empleo, gobernanza, gestión autónoma, modelo de ciudad... son asuntos que requieren acuerdos, no bloqueos, recalcan.
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