¿Cómo será cobrará la tasa de basura en Quito? Estas son las tres opciones

Quito enfrenta una carrera contra el tiempo. La decisión del Ministerio de Ambiente y Energía de suprimir el cobro de la Tasa de Recolección de Basura (TRB) de las planillas eléctricas, anunciada en el primer día de feriado por la Independencia de Guayaquil, ha generado incertidumbre en el Municipio, que advierte un impacto financiero de al menos $ 18 millones en los próximos tres meses.

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Desde 2019, el cobro de la TRB en la ciudad se realiza a través de la planilla de luz gracias a un convenio entre la Empresa Metropolitana de Aseo (Emaseo) y la Empresa Eléctrica Quito (EEQ). La medida permitía una mayor cobertura de recaudación al estar vinculada al servicio, que abarca más de un millón de suministros, frente a los cerca de 700.000 de agua potable.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, explicó que la eliminación de este rubro responde al cumplimiento de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee), que desde 2019 exige estudios técnicos y consultas ciudadanas para vincular cobros municipales al consumo eléctrico. 

“La planilla eléctrica debe reflejar exclusivamente el consumo de energía. No habrá excepciones, salvo para el rubro de bomberos, que está respaldado por ley”, aseguró.

Sin embargo, desde el Municipio se habla de una decisión “unilateral, apresurada y sin sustento jurídico”. El alcalde Pabel Muñoz cuestionó que el anuncio se haya hecho sin diálogo previo ni comunicación formal. “Romper así este acuerdo afecta a la ciudad y su sostenibilidad financiera, aunque el servicio de recolección continuará funcionando con normalidad”, afirmó.

¿Qué mecanismos se barajan?

Durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto, que fue convocada por el concejal Fidel Chamba, el administrador general, Rosman Camacho, detalló que Quito recauda mensualmente $ 6 millones por este concepto, lo que representa $ 72 millones al año. “Con esta decisión, octubre, noviembre y diciembre quedarían en el aire. Hablamos de $ 18 millones que no ingresarían por ese rubro”, advirtió el funcionario.

Camacho indicó que, si bien el servicio se mantendrá, el Municipio deberá destinar recursos propios de manera temporal, hasta definir un nuevo mecanismo de cobro. Entre las posibles alternativas que se analizan están la inclusión en la planilla del agua potable, el impuesto predial o incluso un modelo de cobro basado en la generación de residuos, aunque este último se considera difícil de implementar.

El secretario de Ambiente, Santiago Sandoval, recalcó que el convenio con la EEQ, firmado en 2023, está vigente hasta diciembre de 2025. A su criterio, ninguna de las causales legales para terminar el acuerdo se ha cumplido: ni vencimiento del plazo, ni incumplimiento de obligaciones, ni rescisión de mutuo acuerdo.

“Hasta ahora no hemos recibido ninguna notificación formal del Ministerio ni de la EEQ. Jurídicamente, la terminación no se configura”, afirmó Sandoval.

Añadió que en agosto de este año solicitaron renovar el convenio, sin recibir respuesta. Lo que llama la atención, dice, es que el 3 de octubre conocieron un oficio de la cartera de Estado sobre los lineamientos para renovar los convenios y seis días después (9 de octubre), por redes sociales, se enteraron que ya no se podía cobrar la TRB a través de las planillas de luz.

Cuestionamientos de los concejales

La medida también generó críticas entre los concejales integrantes de la Comisión. Diego Garrido lamentó la falta de coordinación entre el Gobierno central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs). Recordó que hay municipios pequeños que no podrán sostener el servicio. “Es una decisión que impacta directamente a los ciudadanos”, alertó.

Como miembro del directorio de la EEQ, envió un oficio a su gerente mencionando que la decisión puede tener repercusiones significativas en la operatividad y sostenibilidad del servicio, por lo que solicitó la apertura de un diálogo entre las autoridades nacionales y el Municipio para analizar alternativas viables.

Por su parte, la edil Diana Cruz acusó al Gobierno de actuar con motivaciones políticas y de abrir un nuevo frente con los municipios. “Nos enteramos por un comunicado. Es una falta de respeto institucional. Hay una cacería de brujas contra los GADs que no piensan como el Gobierno”, dijo.

Fidel Chamba, presidente de la Comisión, mencionó que si la medida se mantiene, es necesario un plazo para elaborar y aprobar una ordenanza en el Concejo que defina la nueva forma de cobro. “Antes de romper un convenio vigente, se requiere un procedimiento jurídico. El Ministerio debe sentarse a dialogar con el Municipio”, señaló.

Mientras tanto, el 14 de octubre el pleno del Concejo conocerá un proyecto de resolución que declarará de interés público y prioridad metropolitana la continuidad del servicio de gestión integral de residuos sólidos. La medida busca asegurar que la prestación del servicio no se vea interrumpida, a pesar de la incertidumbre financiera.

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