Cabildo y Concejo de Quito tienen ocho meses para decidir sobre la tarifa de bus

Con la eliminación del subsidio al diésel, se avecina una nueva disyuntiva para los gobiernos locales que deberán resolver y cuyo reloj ya empezó a correr. El Gobierno central entregará un bono a los transportistas durante, al menos, ocho meses y es posible que esa compensación se extienda hasta completarse un año. Pero terminado ese plazo, serán los municipios los que deberán tomar decisiones: ¿las tarifas de transporte público se mantendrán, con otra compensación, o subirán debido al incremento del precio del combustible? 

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Aún no hay una decisión tomada, pero en Quito el alcalde Pabel Muñoz mostró su molestia al respecto. Ayer en su enlace semanal se refirió al tema y señaló que desde su punto de vista el retiro del subsidio al diésel fue “una decisión equivocada y sin ningún procesamiento” y ahora van a “conminar” y a “obligar” a los municipios a una revisión de los pasajes. 

Según Muñoz, el Gobierno central les está “lanzando la pelotita” para que tengan que “subir los pasajes por una decisión equivocada”, cuando el 65 % de los gastos de las familias se concentra en transporte y alimentación, por lo que esta medida “va a significar un golpe”.

En 2020, en Quito se aprobó la Ordenanza 017, una reformatoria del Código Municipal que establece la integración de los subsistemas del Sistema Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros. Allí, entre otras cosas, se diseñó un esquema de tarifas con integración que fijó el pasaje de buses convencionales en 35 centavos. 

El y presidente de Justicia Vial y que en ese entonces era secretario de Movilidad, Guillermo Abad, explica que la actualización de la tarifa empezó a aplicarse en 2021 y fue paulatina. Solo podían acceder a ella las empresas que cumplieran una lista de 42 ítems. 

Se trataba de determinados parámetros de calidad que se volvieron un requisito previo a cobrar la nueva tarifa. De acuerdo con Abad, mientras él estuvo en el cargo, apenas siete de las 65 operadoras de transporte pudieron elevar su tarifa, porque reportaron cuando cumplieron los parámetros y la Secretaría, a través de su equipo técnico, se cercioró de que fuera verdad. 

Sin embargo, cuando el exalcalde Jorge Yunda fue removido del cargo y sustituido por Santiago Guarderas, en uno de los tantos cambios que hubo para dirigir la Secretaría de Movilidad se decidió aceptar declaraciones juramentadas en lugar de un monitoreo real del cumplimiento de parámetros. Así se pasó rápidamente del 10 al 100 % de operadoras con tarifa actualizada.

“Ese fue un acto totalmente demagógico”, sostiene Abad, pues se perdió la oportunidad de conseguir una mejora real en la calidad del servicio de transporte para la ciudadanía y de que el Municipio pueda monitorear, a través de plataformas tecnológicas, que esos parámetros se mantengan así en el tiempo.

Abad asegura que el peso porcentual del combustible en los costos de operación del transporte es del 8 % y, después de que se elimine la compensación, los gobiernos locales deberán decidir cómo manejar el impacto acerca de ese porcentaje en particular. 

Es importante analizar el modelo de focalización de subsidios, indica Abad, porque el de hoy es el mismo que se creó en los 80 y 90, cuando los gobiernos empezaron a ejecutarlo para el transporte público. Ahora es necesario aplicar herramientas tecnológicas conectadas a una plataforma de control y gestión que reporte datos como kilómetros recorridos, demanda, cumplimiento de parámetros de calidad del servicio, etc., para solo así poder subsidiar de manera eficiente. 

El exfuncionario explica que parte de esos requerimientos ya constan en la Ley de Transporte del 2008 y en la Ordenanza 017. Y añade que esas normativas fueron la base para la ley de 2021.

En la capital, como en muchos otros cantones del país que tienen a su cargo la gestión del tránsito y el transporte, la decisión sobre tarifas se regula a través de ordenanzas. Para actualizar la que está vigente, debería reformarse la 017.

De acuerdo con el concejal Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, seguramente este será un tema de debate fuerte en la mesa. Admite que le gustaría afirmar que se mantendrá el pasaje en 35 centavos, pero está consciente de que no será fácil. Considera que quienes deberían tener una propuesta deberían ser los ediles afines al Gobierno. “Estoy seguro de que presentarán un proyecto de ordenanza reformatorio para elevar las tarifas”.

Para Garrido, este es un buen momento para tomar el reto de cambiar la matriz energética en materia de movilidad y volcarse hacia la electromovilidad. “Debemos sentarnos con el sector del transporte privado para llegar a un acuerdo amplio y poder, posiblemente, renovar los tiempos en los contratos de operación, para que ellos garanticen su inversión y den paso a la renovación (cambiar las unidades a diésel por vehículos eléctricos). Eso no es parte solo de la Ordenanza 017 sino que también es parte del Plan Maestro de Movilidad Sostenible”.

Por su parte, el concejal Wilson Merino señala que se puede considerar una elevación de la tarifa y un subsidio focalizado que llegue directamente a quienes más lo necesitan, a través de la Tarjeta Ciudad, que está vinculada a la cédula de identidad. Así, los estudiantes, personas con discapacidad y principales usuarios del transporte público recibirían la compensación.

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