Problemas de movilidad en Quito van más allá del alza del diésel

Mientras en varias vías del Distrito Metropolitano de Quito había cierres debido a protestas en contra de la eliminación del subsidio al diésel, el alcalde Pabel Muñoz hablaba desde el Centro de Arte Contemporáneo para ratificar que no está considerándose en el Municipio una subida en la tarifa del transporte público. 

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Además, señalaba que la ciudad, como prestadora del servicio a través de sus sistemas troncalizados y alimentadores también estaba calificándose para aplicar a los beneficios que anunció el Gobierno. El subsidio, dijo, debería retirarse para autos de lujo y economías criminales y mantenerse para el transporte de pasajeros y de alimentos, como medida social. 

Las amenazas de paro de transporte

Sin embargo, su respuesta fue evasiva sobre su posición frente a la sombra de la paralización del servicio que usualmente crece cuando las autoridades toman decisiones como la que hoy causa revuelo. Según su criterio, es legítima la postura de los transportistas de “sentarse a conversar sobre las medidas que se hubieran podido tomar”, pero no habló sobre la calidad de servicio que el gremio de transporte de pasajeros se comprometió a mejorar cuando el pasaje subió de 25 a 35 centavos, en 2021. Ahora, según Luis Haro, presidente del Corredor Central Norte, la tarifa debería fijarse en 46 centavos y, debido a que las medidas compensatorias que anunció el Gobierno están previstas para ocho meses, su plan es dialogar con el Municipio. 

Para Muñoz, en cambio, si la decisión de retirar el subsidio es del presidente Daniel Noboa, es el ejecutivo el responsable de asumir las consecuencias de sus políticas y no los gobiernos locales. Por ello, el Cabildo no tocará los pasajes hasta que se concreten los planes de migración a la electromovilidad en el transporte público. Pero, ¿los encargados de brindar este servicio bajo parámetros de calidad están cumpliendo con su parte? 

La opinión de los concejales

Para el concejal Wilson Merino, eso no está ocurriendo y “es común tristemente escuchar al alcalde endosar su responsabilidad en otros. La máxima autoridad de las ciudad es del alcalde y quien tiene que liderar y garantizar que la gestión sea eficiente y controlar a quienes tienen la operación. Es justamente el alcalde quien ha hecho ofrecimientos de modernización en el sistema de transporte, con una Tarjeta Ciudad que nos iba a permitir pagar trole, metro, bus, etc y todo, y eso hasta la fecha no sucede. A duras penas, te permite pagar el metro”, señala. 

Los transportistas, que el viernes habían anunciado una paralización del servicio en toda la provincia para este lunes, suspendieron la medida para instalar mesas de diálogo. Pero Merino afirma que si bien puede haber debate sobre la eliminación del subsidio, ningún gremio puede amenazar con paralizar un servicio público porque eso está penado por el COIP. 

Según su criterio, eso se solucionaría si es que en la ciudad se cambiase el modelo actual a otro como el que rige en Santiago de Chile, por ejemplo, en donde el Estado es propietario no solo de las rutas sino también de los buses, que ya son eléctricos, y lo que se concesiona es la prestación del servicio. La ciudad, afirma, debe avanzar hacia la municipalización del sistema, con una flota 100 % eléctrica. 

Muñoz afirma que en su administración se han firmado los contratos para lograr la integración tarifaria y se logrará, a pesar de que lleva cerca de tres meses de retraso, pues estaba previsto según el contrato entre la Empresa de Transporte de Pasajeros y el Consorcio Citymovil-Busmatick el 25 de junio pasado, para conectar su operación con el de Metro de Quito. Luego, en octubre, debían sumarse las operadoras privadas, a través del Sistema Integrado de Recaudación. 

El edil Adrián Ibarra, de la bancada oficialista, está en contra de que se traslade a los municipios “un problema generado por el Gobierno. Hablo de generado porque había la posibilidad de que se focalice el subsidio a partir de un diálogo con los sectores más afectados y no tomar una decisión unilateral”. 

Apoya a Muñoz en su posición de no subir el pasaje “mientras no haya un cambio de modelo de gestión con una mejora de indicadores en el servicio del transporte para los ciudadanos” y mientras no se avance hacia una movilidad sostenible, alimentada por energía renovable, para la que ya se han dado pasos como la adquisición de nuevos troles 100 % eléctricos. Para Ibarra, la amenaza de paralización del servicio debe frenarse, pues según la Constitución, esas medidas son causal de sanciones y penas y “no lo vamos a permitir y tampoco vamos a caer presas de presiones externas de los transportistas ni tampoco de decisiones unilaterales del Gobierno”, finalizó.

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